La tarjeta de coordenadas desaparece de la banca chilena:Una ley contra el fraude aceleró una migración digital que ahora redefine el acceso a la banca

Hace apenas unos meses, era un elemento común en las billeteras de millones de chilenos. Hoy, la tarjeta de coordenadas es una reliquia en vías de extinción. Los bancos han anunciado su eliminación progresiva, reemplazándola por aplicaciones móviles y dispositivos de clave dinámica (tokens). Lo que parece una simple actualización tecnológica es, en realidad, el capítulo final de una historia que comenzó con una ley diseñada para proteger a los consumidores, pero cuyas consecuencias han redefinido la relación de los chilenos con su dinero, dejando a los más vulnerables en el centro del ajuste.

El Origen: Una Ley que Cambió las Reglas del Juego

Todo se remonta a la promulgación de la Ley N° 21.234, conocida como la "Ley de Fraudes". Su objetivo era claro: proteger a los usuarios de transacciones no autorizadas, estableciendo que las entidades financieras debían restituir los fondos en un plazo breve, asumiendo ellas el costo de la vulnerabilidad de sus sistemas.

Esta normativa, si bien celebrada por los consumidores, generó un poderoso incentivo para la industria: reducir el fraude a toda costa. La tarjeta de coordenadas, un sistema basado en una matriz de números impresos y estáticos, se convirtió en el eslabón más débil. Su naturaleza física la hacía susceptible a robos, copias y técnicas de engaño como el phishing, donde los delincuentes podían solicitar varias claves para luego vaciar una cuenta.

El Empuje Regulatorio: La CMF Sella el Destino de las Coordenadas

El golpe de gracia llegó desde el regulador. La Comisión para el Mercado Financiero (CMF), en su esfuerzo por modernizar y robustecer la seguridad del sistema, publicó una nueva normativa sobre gestión de la seguridad de la información y ciberseguridad. En ella, se estableció la obligatoriedad de implementar una Autenticación Reforzada de Clientes (ARC) para operaciones críticas, como transferencias de fondos o modificación de datos personales.

La ARC exige el uso de al menos dos factores de autenticación de categorías distintas: algo que el usuario sabe (una clave), algo que posee (un teléfono o token) y/o algo que es (su huella o rostro). La tarjeta de coordenadas, al ser un conjunto de datos impresos, no cumplía con los criterios de dinamismo e independencia requeridos. Su destino quedó sellado: era tecnológicamente obsoleta bajo el nuevo estándar.

Perspectivas en Tensión: Seguridad vs. Inclusión

La transición ha puesto de manifiesto una profunda disonancia entre los objetivos de los distintos actores:

• La Visión del Regulador y la Industria: Para la CMF y los bancos, la medida es un avance incuestionable en seguridad. Se alinea con estándares internacionales y reduce drásticamente la exposición al fraude, protegiendo tanto al cliente como a la institución. Solange Berstein, presidenta de la CMF, defendió en debates sobre normativas similares que estas políticas buscan “mayor transparencia y una mejor gestión del riesgo de crédito”, un principio que aplica directamente a la seguridad de las operaciones. Desde la perspectiva de la banca, es una modernización necesaria y una respuesta lógica a los costos impuestos por la Ley de Fraudes.

• La Realidad del Usuario: Para una parte importante de la población, la medida ha generado una barrera. Adultos mayores, personas en zonas rurales con conectividad limitada o aquellos que no poseen un smartphone se enfrentan a un sistema que no les ofrece alternativas viables. La dependencia obligatoria de un dispositivo móvil para realizar operaciones básicas ha sido criticada por organizaciones de consumidores y expertos, quienes advierten sobre una nueva forma de exclusión financiera. El problema no es la tecnología en sí, sino la eliminación de las alternativas, forzando una migración digital sin considerar la diversidad de usuarios.

• El Contexto de la Protección de Datos: Este cambio ocurre en paralelo a un debate más amplio sobre la protección de datos personales, con una nueva ley en el horizonte. Como señaló el abogado Jaime Lorenzini en una carta a La Tercera a propósito de un caso de filtración de datos, se debe actuar con “rigor jurídico y sentido de proporcionalidad”. Esta misma lógica se puede aplicar aquí: ¿es proporcional eliminar un sistema de acceso universal para mitigar un riesgo, sin ofrecer alternativas igualmente universales?

Un Debate Cerrado con Consecuencias Abiertas

La eliminación de la tarjeta de coordenadas es un hecho consumado. El debate técnico sobre su seguridad está cerrado. Sin embargo, ha abierto una discusión social mucho más profunda sobre el modelo de digitalización que Chile está adoptando.

La historia de cómo una ley bien intencionada aceleró el fin de una tecnología ilustra las complejas interacciones entre regulación, estrategia corporativa y derechos del consumidor. El sistema financiero es hoy, en teoría, más seguro. La pregunta que queda abierta es si también es más justo y accesible para todos. El desafío ya no es tecnológico, sino de inclusión: cómo garantizar que la modernización no deje a nadie atrás en un país donde el acceso digital aún no es universal.