Diputado Ojeda cumple prisión preventiva tras un fallo que revirtió su arresto domiciliario:El itinerario judicial de un parlamentario y el pulso por la confianza pública
La Situación Actual: Un Parlamentario en Prisión Preventiva
A más de dos meses de que el "Caso Manicure" pusiera en el centro de la palestra al diputado Mauricio Ojeda (ex-Republicano), la situación judicial del parlamentario desaforado ha alcanzado un punto de aparente estabilidad, aunque no de cierre. Actualmente, Ojeda cumple la medida cautelar de prisión preventiva en el anexo penitenciario Capitán Yáber, en Santiago. Este hecho, que podría parecer una conclusión lógica en una investigación por fraude al fisco, cohecho y lavado de activos, es en realidad el resultado de un intenso y breve vaivén judicial que expuso las tensiones inherentes al sistema de justicia cuando se enfrenta a figuras de alto poder político.
El Itinerario de un Proceso Cautelar: De Temuco a Santiago, del Arresto Domiciliario a la Cárcel
El laberinto judicial que define la situación actual de Ojeda se desarrolló en menos de dos semanas, revelando la pugna de criterios entre distintas instancias del Poder Judicial.
- El Primer Acto (30 de mayo): El Juzgado de Garantía de Temuco acogió la solicitud de la defensa y modificó la prisión preventiva inicial del diputado, sustituyéndola por arresto domiciliario total, arraigo nacional y una caución de 40 millones de pesos. La decisión, aunque técnica, generó un inmediato debate público sobre la pertinencia de la medida para un caso de presunta corrupción de alta connotación.
- La Apelación de la Fiscalía: El fiscal a cargo, Carlos Cornejo, anunció de inmediato que apelaría. Su argumento central no se basaba únicamente en el peligro de fuga, sino en un concepto más profundo: la libertad del imputado constituía un "peligro para la seguridad de la sociedad". La razón esgrimida fue la "especial investidura del cargo" de diputado al momento de cometer los delitos, lo que, a juicio del Ministerio Público, agrava la falta y el impacto sobre la fe pública.
- El Veredicto de la Corte (6 de junio): La Corte de Apelaciones de Temuco acogió los argumentos de la fiscalía y revocó el arresto domiciliario, ordenando el reingreso de Mauricio Ojeda a prisión preventiva. La decisión fue contundente y marcó un punto de inflexión, validando la tesis de que la jerarquía del cargo público es un factor determinante al evaluar la gravedad y el impacto social de un delito de corrupción.
- El Traslado (9 de junio): Finalmente, se determinó que el cumplimiento de la medida cautelar no sería en la cárcel de Temuco, sino en el anexo Capitán Yáber de Santiago, un recinto que históricamente ha albergado a imputados en casos de alta notoriedad pública.
Dos Perspectivas en Tensión: Garantismo Penal vs. Probidad Pública
El caso Ojeda materializa un debate fundamental en la justicia chilena. Por un lado, la decisión inicial del Juzgado de Garantía puede interpretarse desde la óptica del garantismo penal, que postula que la prisión preventiva es una medida de última instancia y que otras cautelares pueden ser suficientes para asegurar los fines del procedimiento. Desde esta perspectiva, se busca proteger la presunción de inocencia hasta que un juicio determine la culpabilidad.
Por otro lado, la postura de la Fiscalía y la resolución final de la Corte de Apelaciones reflejan una creciente demanda social y una doctrina judicial que pondera con mayor fuerza el daño a la confianza pública. Al argumentar que la investidura del cargo agrava el delito, se envía una señal de que la responsabilidad de los funcionarios electos es mayor y que la justicia debe actuar con especial celo para resguardar la probidad y la institucionalidad democrática. Este pulso no es menor: obliga a preguntarse si todos son iguales ante la ley o si, paradójicamente, quienes ostentan más poder deben ser sometidos a un escrutinio más severo para proteger el bien común.
Contexto Ampliado: Una Pieza en el Puzle de la Corrupción
El "Caso Manicure" no es un hecho aislado. Es una arista del denominado "Caso Convenios" o "Caso Fundaciones", un escándalo que ha permeado diversas regiones y sectores políticos, erosionando la confianza ciudadana en las instituciones. El desafuero del diputado Ojeda fue el mecanismo institucional que permitió que el sistema judicial actuara, pero el posterior debate sobre sus medidas cautelares demuestra que el camino para establecer responsabilidades es complejo y está lleno de interpretaciones legales.
La evolución de este caso, por tanto, se ha convertido en un termómetro. Mide la capacidad del sistema judicial para actuar con autonomía frente al poder político, la efectividad de los mecanismos de control parlamentario y, en última instancia, la resiliencia de la democracia chilena frente a la corrupción.
Un Capítulo Abierto
La investigación sigue su curso y la prisión preventiva es una etapa procesal, no una condena. Sin embargo, el itinerario judicial del diputado Ojeda ya ha dejado lecciones y preguntas abiertas. ¿Es suficiente el marco legal actual para prevenir y sancionar la corrupción en las altas esferas del poder? ¿Cómo se equilibra el derecho a un debido proceso con la necesidad de enviar señales claras de que nadie está por sobre la ley? El caso sigue en desarrollo, y con él, el debate sobre la frágil línea que separa el servicio público de los intereses privados.