El Estado se fiscaliza a sí mismo:Un informe de Contraloría desató una purga de probidad y reordenó el poder en Chile

La calma que precede al sismo

Hace poco más de dos meses, la palabra "licencia" evocaba enfermedad o descanso. Hoy, en la conversación pública chilena, es sinónimo de sospecha. Lo que comenzó a fines de mayo como un reporte técnico de la Contraloría General de la República se ha transformado en un sismo institucional de réplicas constantes, que ha sacudido desde los cimientos de la administración municipal hasta los cuarteles de las Fuerzas Armadas. El informe que reveló que más de 25.000 funcionarios públicos viajaron al extranjero mientras estaban con licencia médica no fue el fin de una investigación, sino el inicio de una purga de probidad que ha redefinido el rol de los organismos de control y ha puesto en jaque una cultura de abusos normalizados.

El escándalo escaló con una velocidad inusitada. En Ñuñoa, el alcalde Sebastián Sichel (Chile Vamos) desvinculó a 126 funcionarios, apuntando a la gestión anterior de Emilia Ríos (FA). En Santiago, Mario Desbordes (Chile Vamos) anunció sumarios para 300 personas, incluyendo al exministro Marcos Barraza (PC). La ola de consecuencias arrastró a figuras de todo el espectro político y de alta cercanía con el poder: desde un amigo del Presidente Gabriel Boric y un asesor en Magallanes, hasta la hermana del entonces subsecretario Manuel Monsalve y el vicepresidente del Colegio Médico. Empresas estatales como Codelco y Metro también anunciaron despidos masivos. La transversalidad del fraude fue la primera señal de que no se trataba de casos aislados, sino de una práctica sistémica y tolerada.

El Método Dorothy: "Alguien te mira"

El epicentro de este terremoto institucional tiene nombre y apellido: Dorothy Pérez. La Contralora General, quien asumió el cargo tras un bullado conflicto con su predecesor, Jorge Bermúdez, ha impuesto un estilo de fiscalización proactivo y disruptivo. Su principal herramienta son los Consolidados de Información Circularizada (CIC), auditorías masivas que, mediante el cruce de bases de datos de distintas reparticiones públicas, detectan patrones de irregularidades a una escala nunca antes vista en Chile.

Este método, descrito por la propia Pérez en el Senado como una forma de hacer que la fiscalización sea "rentable para el Estado", ya había dado muestras de su poder. Un CIC previo, apodado "papito corazón", reveló que el 70% de los municipios había otorgado licencias de conducir a deudores de pensiones de alimentos. Pero fue el informe sobre las licencias médicas el que consolidó el "Efecto Dorothy": la transformación de una entidad percibida como burocrática en un actor central del debate político, capaz de fijar la agenda y forzar la rendición de cuentas.

El estilo de Pérez, frontal y sin concesiones, ha sido aplaudido por quienes ven en su gestión un freno a la corrupción. Columnas de opinión la han calificado como la única que "quiso ver un fraude a la vista de todos", mientras su historia personal —marcada por un enfrentamiento judicial para ser restituida como subcontralora— es vista como una prueba de su independencia. Sin embargo, este nuevo protagonismo no ha estado exento de tensiones.

Las réplicas: de los municipios a los cuarteles

El sismo inicial pronto se extendió a otros poderes del Estado. El Poder Judicial reportó que 692 de sus funcionarios, incluyendo cuatro ministros de cortes de apelaciones y 84 jueces, también habían viajado al extranjero con licencia. La onda expansiva alcanzó su punto más crítico a fines de julio, cuando un nuevo informe de Contraloría reveló que personal de las Fuerzas Armadas, Carabineros, PDI y Gendarmería había realizado más de 9.000 viajes al extranjero en condiciones similares. El Ministerio de Defensa reaccionó dando un plazo de 72 horas a las ramas castrenses para iniciar los procesos disciplinarios.

Esta fiscalización sin cuartel ha generado resistencias. El Colegio de Profesores, enfrentado a la Contraloría por la orden de descontar los días no trabajados durante paralizaciones, calificó la medida como una "operación política" para debilitar el derecho a movilización. Este choque de visiones expone la disonancia central del momento: para algunos, las acciones de Pérez son una defensa de la probidad y el buen uso de los recursos públicos; para otros, un ataque a derechos adquiridos y una extralimitación de sus funciones.

La precisión del método también ha sido cuestionada. El caso de Ximena Rivillo, directora de ChileValora, quien fue incluida erróneamente en el listado por un fallo en los registros de la PDI, sirve como un recordatorio de que la fiscalización masiva de datos no es infalible y puede afectar injustamente la honra de funcionarios públicos. Es el contrapeso necesario en una discusión que a menudo se inclina hacia la condena sumaria.

Un sistema roto y el poder redistribuido

Más allá de las cifras y los nombres, el escándalo ha forzado una conversación incómoda sobre la cultura del servicio público en Chile. Analistas como Sylvia Eyzaguirre han descrito el problema como un "cáncer grado cuatro", donde el abuso tolerado se convierte en un derecho adquirido y el Estado parece "capturado por los intereses de los propios funcionarios". La frase de la entonces ministra Jeannette Jara, recordando que "el primero que tiró una licencia falsa fue Pinochet", añade una dimensión histórica a una práctica que parece haberse arraigado en la cultura nacional, cruzando ideologías y estamentos.

El tema está lejos de cerrarse. Miles de sumarios administrativos están en curso, y el Fiscal Nacional, Ángel Valencia, ha confirmado que el Ministerio Público investiga los hechos, no a los gobiernos. La emisiòn de licencias médicas, según el Ministerio de Hacienda, ya ha disminuido un 15%, un posible efecto disuasorio del escándalo.

Lo que sí parece claro es que el equilibrio de poder institucional ha cambiado. La Contraloría, bajo el liderazgo de Dorothy Pérez, ha demostrado que tiene la capacidad y la voluntad de fiscalizar al Estado desde adentro, sin distinciones. El "Efecto Dorothy" no se trata solo de un informe sobre viajes y licencias; es la irrupción de un contrapeso efectivo que ha obligado a todos los actores, desde el gobierno hasta la oposición, a mirarse en un espejo que devuelve una imagen incómoda. La pregunta que queda abierta es si este shock de probidad serà el catalizador de una reforma cultural profunda o si, una vez que pase el temblor, las grietas del sistema volverán a ser cubiertas por la costumbre.