Un diputado enfrenta su desafuero por presunto desvío de fondos públicos:La investigación a Joaquín Lavín León expone el uso de asignaciones parlamentarias para una plataforma de datos al servicio de intereses políticos y familiares
La Situación Actual: Más Allá de la Inmunidad Parlamentaria
A más de dos meses de que las primeras hebras de la investigación comenzaran a entrelazarse públicamente, el caso del diputado Joaquín Lavín León (ex-UDI) ha escalado hasta el corazón del sistema político y judicial. La Fiscalía Metropolitana Oriente ha solicitado formalmente a la Corte de Apelaciones de Santiago su desafuero, un paso indispensable para poder formalizarlo por delitos de fraude al Fisco y tráfico de influencias. Lo que en un principio parecía una serie de investigaciones dispersas —irregularidades en el municipio de Maipú, contratos por clases de zumba en el Gobierno Regional y denuncias sobre el uso de asignaciones parlamentarias— ha convergido en un expediente de 120 páginas que dibuja un presunto esquema de defraudación sistemática. Hoy, el debate no es solo sobre la culpabilidad o inocencia de un legislador, sino sobre la fragilidad de los controles institucionales y la delgada línea que separa la función pública de los intereses privados.
El Engranaje del Fraude: Del Parlamento al Negocio Familiar
La investigación, liderada por la fiscal de Alta Complejidad Constanza Encina, detalla lo que denomina el "modo" Lavín Jr. La acusación se articula en dos grandes ejes que, en conjunto, sumarían un perjuicio fiscal superior a los $200 millones.
- Fraude al Fisco Parlamentario ($197 millones): La arista más compleja apunta al uso de asignaciones parlamentarias para fines ajenos a la labor legislativa.
* Plataforma "Socialtazk" ($93 millones): Según la Fiscalía, Lavín León habría financiado con fondos del Congreso la creación de una aplicación y empresa llamada "Modo74", cuya principal herramienta era "Socialtazk". Esta plataforma se ofrecía gratuitamente a más de 70 candidatos de la UDI a nivel nacional. El intercambio era simple: los candidatos obtenían una herramienta para sus campañas y, a cambio, entregaban sus bases de datos de votantes (juntas de vecinos, clubes deportivos, etc.). La tesis del Ministerio Público es que esta masiva recolección de datos no solo servía a fines políticos, sino que nutría a otra empresa, "Panel Ciudadano", ligada a sus hermanos y dedicada a estudios de mercado. El testimonio del excandidato a alcalde por Ancud, Aliro Caimapo, es clave, al relatar cómo el propio diputado le ofreció el servicio a cambio de sus bases de datos.
* Facturas Falsas ($104 millones): De forma paralela, se acusa al diputado de rendir sistemáticamente, entre 2015 y 2024, facturas ideológicamente falsas para reembolsar gastos de campañas y otros proyectos políticos de su partido, inflando los costos de su labor parlamentaria.
- Tráfico de Influencias: "El Alcalde en la Sombra" en Maipú: La segunda arista conecta al diputado con la gestión de su cónyuge, la exalcaldesa Cathy Barriga, en la Municipalidad de Maipú. La Fiscalía sostiene que Lavín León actuó como un "alcalde en la sombra", utilizando su posición e influencia para intervenir en decisiones y contratos municipales en favor de sus intereses económicos y políticos. Esta acusación se sustenta en correos electrónicos y conversaciones que evidenciarían su injerencia directa sobre funcionarios municipales.
Frente a estas imputaciones, la defensa del diputado ha sido la negación, deslindando responsabilidades en su equipo de asesores, una postura que contrasta con la contundencia de los antecedentes presentados por la Fiscalía.
Múltiples Perspectivas en un Sistema Cuestionado
El caso Lavín León ha abierto un debate que trasciende lo meramente judicial, exponiendo tensiones en distintos niveles:
- La Perspectiva Política: El caso golpea directamente a un apellido con un fuerte peso en la derecha chilena y a la UDI, partido del que Lavín León se desafilió en medio del escándalo. Para el sector, representa una nueva prueba en materia de probidad, obligando a figuras como su padre, Joaquín Lavín Infante, a tomar distancia. La situación pone en jaque el discurso de la derecha sobre la eficiencia y la correcta administración de los recursos públicos.
- La Respuesta Judicial: La solicitud de desafuero y la eventual petición de prisión preventiva por parte de la Fiscalía marcan una señal de severidad. El proceso, que ahora está en manos de la Corte de Apelaciones, será un termómetro de la capacidad del sistema judicial para actuar con independencia y rigor frente a figuras con poder político. La decisión que tomen los tribunales sentará un precedente sobre el alcance real de la inmunidad parlamentaria.
- La Crisis Institucional: Más allá de los actores involucrados, el caso revela una vulnerabilidad sistémica. ¿Cómo es posible que, durante casi una década, se hayan podido desviar fondos parlamentarios de esta magnitud sin que los controles internos del Congreso lo detectaran? La investigación obliga a una reflexión crítica sobre la eficacia de los mecanismos de rendición de cuentas y la necesidad de reformar un sistema de asignaciones que, en la práctica, parece operar con un alto grado de discrecionalidad.
Un Debate Abierto
El caso de Joaquín Lavín León no es una historia cerrada. Con la solicitud de desafuero, se inicia una nueva etapa judicial que será seguida de cerca por la opinión pública. Sin embargo, las consecuencias ya son visibles: la confianza en las instituciones se erosiona una vez más y se instala la pregunta incómoda sobre cuántos otros esquemas similares podrían estar operando en silencio. Este caso no solo trata sobre un presunto delito; es un reflejo de las zonas grises del poder, donde la representación popular y los intereses privados se confunden peligrosamente.