A más de 60 días de que el Fondo Nacional de Salud (Fonasa) declarara desierta la licitación para su nuevo seguro, el panorama del sistema de salud chileno es radicalmente distinto al que proyectaba el gobierno. Lo que fue presentado como un pilar fundamental para fortalecer el rol del asegurador público y avanzar hacia una mayor equidad, la Modalidad de Cobertura Complementaria (MCC), hoy es un proyecto en pausa indefinida. Su fracaso no solo expuso fallas de diseño y una aparente desconexión con los actores del mercado, sino que, paradójicamente, ha dado un nuevo impulso a las Isapres, el sistema privado que la reforma buscaba transformar.
El 23 de junio de 2025, la noticia se confirmó: ninguna compañía de seguros presentó una oferta para administrar la MCC. La iniciativa, nacida de la "ley corta de isapres", buscaba ofrecer a los afiliados de Fonasa un seguro voluntario para acceder a la red de clínicas privadas con mejor cobertura. Era la apuesta del Ejecutivo para avanzar en su agenda de salud, tras no lograr los apoyos para una reforma estructural.
Sin embargo, las alarmas ya habían sonado. La Asociación de Aseguradores de Chile, liderada por Alejandro Alzérreca, había advertido formalmente al gobierno sobre los riesgos del modelo. En la Comisión de Salud del Senado, tras el fracaso, enumeraron las falencias:
Desde el gobierno, la reacción fue de aprendizaje. El director de Fonasa, Camilo Cid, reconoció que era un "proceso complejo" y que habían "aprendido". Sin embargo, también reveló un dato que sembró dudas sobre la planificación inicial: un estudio interno, realizado después del fracaso, estimó que solo 3.500 personas de las listas de espera quirúrgica —un grupo objetivo clave— habrían podido acceder al seguro. Una cifra muy baja para un universo de casi 400 mil pacientes en espera.
La visión desde la academia fue más lapidaria. Manuel Inostroza, exsuperintendente de Salud, calificó cualquier nuevo intento de licitación sin cambios legales profundos como la "crónica de una muerte anunciada", argumentando que el diseño original era financieramente inviable.
Mientras el proyecto público se desmoronaba, el sector privado, que hasta hace poco enfrentaba una crisis existencial por los fallos de la Corte Suprema, comenzó a mostrar signos de una notable recuperación. Lejos de estar debilitadas, las Isapres iniciaron un rearme estratégico.
El indicador más claro fue la reactivación de sus fuerzas de venta. Tras años de despidos y repliegue, aseguradoras como Consalud, Banmédica y Colmena aumentaron significativamente su personal comercial durante el primer semestre de 2025. El caso más emblemático es el de Cruz Blanca, que había desmantelado su área de ventas a fines de 2022 y ahora la ha vuelto a contratar, completando la reactivación comercial de toda la industria. Según Colmena, solo en el primer cuatrimestre ingresaron cerca de 15 mil nuevos beneficiarios, más de la mitad provenientes de Fonasa.
Este nuevo dinamismo se apoya en dos factores clave:
El fracaso de la MCC eliminó del horizonte a su principal competidor potencial, dejando a las Isapres con un camino más despejado para recuperar a los afiliados que migraron al sistema público durante la crisis.
El revés de la MCC ha dejado la agenda de salud del gobierno en una encrucijada. Las críticas desde el Congreso fueron transversales. El senador Juan Luis Castro (PS) lo calificó como un "balde de agua fría" que "debilita toda posibilidad de tener una opción de reforma", mientras que desde la oposición, el senador Sergio Gahona (UDI) afirmó: "se lo advertimos al gobierno (...), esto iba a ser un fracaso".
Fonasa tiene un plazo legal para un segundo llamado a licitación, y como última opción, una contratación directa. Sin embargo, el tiempo corre en contra. Un nuevo proceso exitoso implicaría que la implementación quedaría en manos de la próxima administración, sumando una capa de incertidumbre regulatoria.
El episodio del "paciente fantasma" —ese seguro público que nunca llegó a nacer— deja una lección sobre la complejidad de las políticas públicas. El intento por crear una alternativa estatal no solo falló por problemas técnicos, sino por una aparente subestimación de las condiciones necesarias para una colaboración público-privada efectiva. Hoy, el sistema de salud chileno se mantiene estructuralmente intacto, con un actor privado que, contra todo pronóstico, parece haber encontrado una segunda vida.