El Estado se detuvo: La "permisología" es el síntoma, no la enfermedad

El punto de quiebre

Lo que ocurrió en julio de 2025 no fue un simple traspié legislativo. Fue una señal de fractura estructural. Cuando 42 diputados de la coalición gobernante llevaron al Tribunal Constitucional la ley estrella de su propio gobierno —la reforma a la "permisología"—, el debate dejó de ser sobre plazos y burocracia. Se convirtió en la evidencia de un Estado incapaz de ponerse de acuerdo sobre su propio futuro. El proyecto, diseñado para destrabar inversiones por miles de millones de dólares, terminó por trabar al propio sistema político.

El argumento de los parlamentarios oficialistas disidentes, encabezados por el diputado socialista Daniel Melo, fue claro: la ley, en su afán de agilizar, debilitaba la protección ambiental y el rol fiscalizador del Estado, entregando un poder excesivo a los privados a través de figuras como la declaración jurada. “No somos ningunos terroristas ecológicos”, afirmó Melo, defendiendo la necesidad de equilibrar desarrollo con sostenibilidad. En la vereda opuesta, la candidata presidencial Evelyn Matthei y el mundo empresarial vieron el acto como una puñalada a la certeza jurídica, una muestra de “incoherencia” que ahuyentaría la inversión cuando más se necesita. El gobierno quedó atrapado en el medio, debilitado e incapaz de alinear a sus propias filas.

Esta crisis no nació de la nada. Es el síntoma de una enfermedad más profunda: la colisión de dos modelos de desarrollo que ya no conviven. Por un lado, una visión que exige crecimiento económico como motor principal. Por otro, una que demanda que ese crecimiento no se haga a costa del medio ambiente y las comunidades. La "permisología" fue solo el campo de batalla donde esta tensión, acumulada por años, finalmente explotó.

Escenario 1: La Parálisis Crónica (Futuro más probable)

El Tribunal Constitucional emite un fallo salomónico. Anula algunos aspectos de la ley, pero mantiene su esqueleto. El gobierno intenta venderlo como un triunfo, pero la realidad es una ley debilitada y ambigua. La reforma, que prometía reducir los tiempos de tramitación en hasta un 70%, logra mejoras marginales. La incertidumbre, lejos de disminuir, aumenta.

En este futuro, la desconfianza se vuelve la norma. Los inversionistas, temerosos de la judicialización y los vaivenes políticos, adoptan una actitud de espera. Proyectos como el polémico desarrollo inmobiliario en Panguipulli, que tardó años en tribunales, se convierten en un recordatorio constante de los riesgos. La advertencia de la experta Catalina Binder se cumple: confundimos velocidad con eficiencia, creando una reforma que es “apenas gestión del síntoma”.

Políticamente, la coalición de gobierno sobrevive, pero queda herida de muerte. La fractura interna impide avanzar en otras reformas clave. El Estado sigue siendo un cuello de botella, no por falta de reglas, sino por una falta estructural de capacidad técnica y consenso político. Chile entra en un ciclo de bajo crecimiento y parálisis legislativa que dominará la próxima contienda presidencial.

Escenario 2: La Crisis Institucional (Futuro disruptivo)

El Tribunal Constitucional acoge la mayoría de los puntos del requerimiento de los diputados, despojando a la ley de sus elementos centrales. La derrota para el gobierno es total y humillante. La coalición de gobierno se rompe formalmente. El Partido Comunista y el Frente Amplio se distancian del ala más moderada del Socialismo Democrático, acusándola de ceder a las presiones empresariales.

Este escenario sumerge al país en una crisis de gobernabilidad. Sin una mayoría clara en el Congreso, la agenda legislativa se congela. El relato de un Chile “anti-inversión” se consolida en el extranjero, afectando el flujo de capitales y la calificación de riesgo. El debate público se polariza al extremo: “crecimiento versus medio ambiente” se transforma en una batalla ideológica sin matices.

El problema de la "permisología" queda sin resolver, pero el daño es mucho mayor. La crisis revela que el sistema político chileno ha perdido su capacidad para procesar diferencias y construir acuerdos mínimos. La parálisis ya no es sobre un proyecto de ley, sino sobre la viabilidad del propio sistema para gobernar.

Escenario 3: El Rearme Estratégico (Futuro optimista pero improbable)

El shock de la crisis actúa como un catalizador. Líderes de todo el espectro político, empresarial y social reconocen que el modelo actual está agotado. La conversación cambia de foco: el problema no es la "permisología", sino la calidad y legitimidad del Estado.

Inspirados en modelos como los de Canadá o Finlandia, se inicia un debate serio sobre una modernización estatal profunda. Esto implica invertir en la capacidad técnica de los servicios públicos, crear agencias evaluadoras con autonomía política y fortalecer los mecanismos de participación ciudadana temprana para construir “licencia social” desde el inicio, como sugería el analista Dante Pancani. El objetivo ya no es solo aprobar proyectos más rápido, sino aprobar mejores proyectos de forma legítima y predecible.

Este camino requiere un liderazgo excepcional y una voluntad de acuerdo hoy inexistente. Pero si se logra, Chile podría construir un nuevo pacto de desarrollo sostenible, donde la eficiencia no esté reñida con la protección ambiental. No se trata de eliminar permisos, sino de tener un Estado inteligente que los gestione con rigor técnico y legitimidad democrática. Sería la salida real al laberinto, demostrando que la crisis de la "permisología" fue la dolorosa pero necesaria llamada de atención para construir un futuro compartido.