El Gobierno de Santiago se disputa en los tribunales: La fiscalización como arma política redefine el poder regional

La batalla por el control del Gobierno Regional (GORE) de Santiago ya no se libra únicamente en las urnas. Una ofensiva coordinada, que utiliza informes de la Contraloría y causas penales como munición, ha trasladado la disputa al terreno judicial. El asedio al gobernador Claudio Orrego no es solo una crisis personal; es el primer gran ensayo de una nueva forma de hacer política en Chile, donde la fiscalización se convierte en un arma de desgaste y la transparencia, en un campo de batalla para ganar poder.

Fase 1: La anatomía del asedio

El conflicto se detonó con un informe de la Contraloría del 4 de junio, que detectó irregularidades en el uso de fondos públicos. La acusación central: el pago de más de 31 millones de pesos por servicios de coaching que, según el ente fiscalizador, incluyeron temáticas de la campaña de reelección de Orrego. A esto se sumaron cuestionamientos por el aumento de las compras por trato directo, que según datos de Mercado Público se duplicaron entre 2023 y 2024, aunque el GORE discrepa de las cifras.

Este informe fue la señal de partida para la oposición. Consejeros regionales del Partido Republicano y de Chile Vamos (UDI, RN) anunciaron casi de inmediato su intención de pedir la destitución de Orrego ante el Tricel por “notable abandono de deberes” o “faltas graves a la probidad”. En paralelo, la Fiscalía abrió una nueva causa penal, sumando presión judicial a la ofensiva política.

La estrategia es un movimiento de pinzas. Por un lado, la vía administrativa y electoral a través del Tricel, que puede remover a Orrego de su cargo. Por otro, la vía penal, que desgasta su imagen pública y lo mantiene en una posición defensiva. Orrego, por su parte, ha respondido con una defensa técnica, calificando la arremetida de “burdo aprovechamiento político” y manteniendo un silencio estratégico en momentos clave, como durante las primarias presidenciales.

Fase 2: Los puntos de inflexión que definirán el futuro

El futuro inmediato de la gobernación de Santiago se decidirá en dos arenas, y cada una presenta factores de alta incertidumbre.

El primer punto de inflexión será la decisión del Tricel. La oposición necesita 12 firmas de consejeros regionales para ingresar el requerimiento de destitución y confía en tener los votos. Sin embargo, el umbral legal para acreditar “notable abandono de deberes” es alto. Si el Tricel rechaza la solicitud, la ofensiva política sufrirá un duro revés, y Orrego podrá presentarse como víctima de una persecución. Si la acoge, sentaría un precedente de alto impacto, abriendo la puerta a la destitución de la máxima autoridad de la región más importante del país por la vía administrativa.

El segundo factor es el avance de la investigación penal. La declaración de Orrego como imputado y la recopilación de antecedentes por parte de la Fiscalía son cruciales. Una formalización debilitaría drásticamente su posición política y daría más peso al requerimiento de destitución. Por el contrario, si la causa se dilata o se desestima por falta de mérito, Orrego ganaría un argumento clave para defender su inocencia y denunciar una operación política en su contra.

La decisión de Orrego de colaborar con la justicia, ofreciendo acceso a sus comunicaciones, es una apuesta calculada. Busca proyectar confianza y transparencia, con la esperanza de que la investigación demuestre que no hubo dolo, sino, a lo más, una diferencia de criterio administrativo sobre la pertinencia de los gastos.

Fase 3: La nueva normalidad: gobernar bajo sospecha

Independientemente de si Claudio Orrego sobrevive o cae, este caso ya ha alterado el ecosistema del poder regional en Chile. Se proyectan tres escenarios de futuro plausibles.

Escenario 1: El precedente de la destitución. Si la ofensiva tiene éxito y Orrego es removido, se validará la fiscalización como una herramienta efectiva para el combate político. Esto podría replicarse en otras regiones, convirtiendo a la Contraloría y a los tribunales en árbitros de facto del poder político. Los gobiernos regionales se volverían más inestables, y la judicialización de la política se normalizaría a nivel subnacional.

Escenario 2: La supervivencia y el costo político. Si Orrego resiste, emergerá debilitado pero con un relato de victimización que podría serle útil electoralmente. La oposición, especialmente el Partido Republicano, arriesga una pérdida de credibilidad si su arremetida es percibida como puramente oportunista. Sin embargo, la sombra de la duda persistirá, y la gestión de Orrego estaría marcada por la cautela extrema.

Síntesis de un futuro plausible: La parálisis administrativa. El resultado más probable, sin importar el desenlace individual, es una transformación permanente de la figura del gobernador regional. Los futuros líderes operarán con un temor constante a la acusación. La toma de decisiones, especialmente aquellas que implican gastos o asignaciones directas, se ralentizará. La aversión al riesgo podría llevar a una parálisis administrativa, donde la prioridad no sea la gestión eficiente, sino evitar cualquier flanco que pueda ser utilizado por la oposición o la Contraloría. La línea entre la necesaria fiscalización y la persecución política se volverá cada vez más difusa, redefiniendo las reglas del poder en las regiones.