El poder regional se corrompe: La red de La Araucanía desvió $2.100 millones y expuso la fragilidad del nuevo modelo chileno
La anatomía de un desfalco anunciado
Tres meses después de que las primeras detenciones sacudieran al Gobierno Regional (GORE) de La Araucanía, la trama de la Fundación Local ha dejado de ser una simple arista del "Caso Convenios" para convertirse en el estudio de caso sobre cómo la corrupción se adapta y prospera en las nuevas estructuras de poder regional. Lo que comenzó como un rumor de irregularidades, hoy tiene la forma de un expediente judicial de miles de páginas que detalla un fraude por más de $2.100 millones, orquestado desde el círculo de confianza del exgobernador Luciano Rivas (independiente pro Chile Vamos) y ejecutado con una precisión que delata una profunda debilidad institucional.
La investigación del Ministerio Público, nutrida por informes de la PDI y la querella del actual gobernador René Saffirio, ha desnudado un mecanismo que parece sacado de un manual. Primero, la necesidad: ejecutar millonarios fondos públicos antes de que terminara el año fiscal. Segundo, el obstáculo: las fundaciones interesadas no cumplían el requisito legal de dos años de antigüedad. Tercero, la solución: encontrar una fundación "de papel" que sí lo cumpliera, Fundación Local, con sede en Reñaca y sin experiencia alguna en la región, y tomar su control. Un mensaje de WhatsApp entre sus socios originales, revelado por la investigación, es elocuente: "La jugada acá es que como Fundación Local tiene más de dos años de constitución, cumple con los requisitos para que la Gobernación pueda sacar lucas a través de ella… la condición es que el directorio sea designado por la Gobernación".
El nuevo directorio fue un reflejo del poder local: lo presidía Héctor Troncoso, compadre del gobernador Rivas; el tesorero era Víctor Albornoz, hermano del asesor jurídico del GORE y primo político de la esposa de Rivas. El engranaje incluía al jefe de gabinete, Juan Pablo Leonelli, y a funcionarios clave del GORE, como la jefa de Fomento e Industria, Susan Alarcón, quien, según los metadatos de los archivos, habría participado activamente en la elaboración de los proyectos que su propia división debía evaluar. El círculo se cerraba con sobreprecios de hasta un 315% facturados por empresas de los mismos involucrados, contratación de familiares y "empleados fantasma".
El poder sin contrapeso: una crisis transversal
El caso de La Araucanía trasciende la anécdota criminal y se instala como un síntoma de una enfermedad sistémica. Mientras el "Caso Convenios" golpeaba inicialmente al oficialismo a nivel central, esta metástasis regional demuestra que la vulnerabilidad a la corrupción es transversal y estructural. No se trata de un color político, sino de un diseño institucional que entregó un poder y un presupuesto sin precedentes a los nuevos gobernadores electos, sin fortalecer en paralelo los mecanismos de fiscalización.
La perspectiva del actual gobernador, René Saffirio, quien ha calificado las detenciones como apenas "la punta del iceberg", contrasta con el silencio y las defensas del exgobernador Rivas, quien figura como imputado. Este choque de posturas evidencia la tensión entre una administración que busca limpiar la casa y otra que, según la fiscalía, construyó una red para defraudar al Fisco. La defensa de los implicados argumenta que los proyectos se ejecutaron y que las relaciones personales no constituyen delito. Sin embargo, la confesión de Héctor Troncoso, quien aseguró que Rivas "estaba al tanto de todo", y la abrumadora evidencia de los vínculos y flujos de dinero, dibujan un panorama de clientelismo y posible malversación.
Desde una mirada más amplia, la sociedad civil organizada ha levantado la voz. Expertos como María Jaraquemada e Ignacio Irarrázaval advirtieron hace meses sobre el peligro de la inacción legislativa. Proyectos clave como la Ley de Transparencia 2.0, una nueva Ley de Lobby o la de Integridad Municipal duermen en el Congreso. Esta parálisis legislativa crea un entorno donde el riesgo de que casos como el de La Araucanía se repitan es alarmantemente alto. El escándalo no solo ha dañado la confianza en los políticos, sino que ha puesto bajo un manto de sospecha a miles de fundaciones legítimas que realizan un trabajo esencial, ahogándolas en una burocracia defensiva.
Un debate abierto: ¿Está el sistema diseñado para fallar?
El caso sigue abierto. Con varios de los principales operadores en prisión preventiva y la investigación apuntando cada vez más alto en la cadena de mando del GORE, el desenlace judicial es incierto. Sin embargo, el diagnóstico político e institucional es más claro: la descentralización, una aspiración histórica y necesaria para Chile, fue implementada con una ingenuidad peligrosa.
La historia de la Fundación Local en La Araucanía no es solo la crónica de una "red de pitutos". Es una advertencia sobre la fragilidad de nuestras instituciones cuando el poder se desconcentra sin los contrapesos adecuados. La pregunta que queda flotando, más allá de las responsabilidades penales individuales, es si el Estado chileno está dispuesto a realizar las reformas profundas que se necesitan para que el poder regional sea sinónimo de desarrollo y no de corrupción. El futuro de la descentralización depende de la respuesta.