El Estado Perdonó la Deuda de WOM: La negociación que salvó a la empresa y redefinió el riesgo de los contratos públicos en Chile
La Decisión: Un Respiro para WOM, una Pregunta para el Estado
A fines de julio de 2025, la tensión que mantuvo en vilo al sector de las telecomunicaciones chileno durante meses llegó a su fin. La Subsecretaría de Telecomunicaciones (Subtel) y WOM alcanzaron un acuerdo que, en la práctica, salvó a la compañía de una sanción millonaria y de un posible colapso. Tras meses de incertidumbre por el incumplimiento en el despliegue de su red 5G, cuyo plazo original venció en octubre de 2023, el Estado optó por la flexibilidad: en lugar de ejecutar la boleta de garantía completa por US$50 millones, aceptó un pago parcial cercano a los US$7,5 millones —proporcional al 16% del proyecto pendiente— y otorgó un nuevo plazo hasta fines de 2026.
La resolución, presentada como una "transacción" donde ambas partes ceden, cierra un capítulo crítico, pero abre un debate de fondo sobre la credibilidad regulatoria de Chile y la naturaleza de los contratos estratégicos entre el sector público y el privado. ¿Fue una decisión pragmática para salvar la competencia en el mercado o una señal de debilidad que podría erosionar la seriedad de futuras licitaciones?
Anatomía de una Crisis: El Contrato en la Cuerda Floja
Para entender el acuerdo, es necesario retroceder. En 2021, WOM se adjudicó una de las concesiones para desplegar la red 5G, un proyecto pilar para la modernización digital del país. El contrato era claro: el despliegue debía estar completo en octubre de 2023, y una boleta de garantía de US$50 millones aseguraba su fiel cumplimiento. Sin embargo, WOM, enfrentando una compleja reorganización financiera bajo el Capítulo 11 en Estados Unidos, no cumplió.
El Estado, a través de la Subtel, se enfrentó a un dilema. Por un lado, tenía el deber de ejecutar la garantía. Las bases del concurso, según respuestas oficiales del proceso, estipulaban que el cobro sería total en caso de incumplimiento, descartando la proporcionalidad. Abogados como Ricardo Eberle y Jorge Muñoz argumentaron en su momento que no ejecutarla sentaría un mal precedente, incentivando "ofertas menos serias" en el futuro y comprometiendo el interés público.
Por otro lado, estaba el principio de proporcionalidad del derecho administrativo, que sugiere que la sanción debe ser acorde al daño causado. Más importante aún, existía un temor real en el gobierno: ejecutar la garantía completa podría haber empujado a WOM a la insolvencia, eliminando a un competidor clave en un mercado ya concentrado y dejando el proyecto 5G en el limbo. Fuentes de la negociación fueron explícitas: "WOM no quiere quebrar y el Estado no se quiere quedar sin operador".
Las Voces del Debate: Pragmatismo vs. Principio
La decisión final de negociar revela las tensiones subyacentes en el modelo de desarrollo chileno.
- La Visión del Estado: Representado por el Consejo de Defensa del Estado (CDE) en la negociación, el aparato público priorizó la continuidad del servicio y la estabilidad del mercado. El objetivo final —tener una red 5G operativa y un cuarto actor móvil viable— pesó más que la aplicación estricta de una cláusula contractual. Se optó por una compensación por la demora, no por una sanción que aniquilara al infractor.
- La Perspectiva del Sector Privado: El caso WOM no es un hecho aislado. Ocurre en un contexto de alta presión para las empresas de telecomunicaciones. El exsubsecretario Jorge Atton ya advertía en mayo de 2025 sobre un sector afectado por una "sobrerregulación asimétrica", "trabas territoriales" y "medidas populistas" que erosionan los márgenes y desalientan la inversión. La reestructuración de ClaroVTR, con América Móvil consolidando el 100% de la propiedad, es otro síntoma de un mercado que busca eficiencia a través de la concentración ante la dificultad de operar.
- El Análisis Regulatorio: La decisión de la Fiscalía Nacional Económica (FNE) de recomendar el alzamiento de las restricciones impuestas a VTR en 2004 por su fusión con Metrópolis, argumentando que las condiciones de mercado han cambiado drásticamente, muestra que los reguladores son capaces de adaptarse a nuevas realidades. Sin embargo, la pregunta que queda en el aire es si la adaptación en el caso WOM fue una respuesta estratégica a la dinámica del mercado o una reacción forzada por la fragilidad de un actor.
Consecuencias Visibles y el Futuro Incierto
El acuerdo ha dejado consecuencias tangibles y un legado de preguntas:
- Un Precedente Establecido: La principal consecuencia es la señal enviada al mercado: los términos de un contrato público de alta envergadura son negociables post-incumplimiento. Esto podría debilitar la posición del Estado en futuras licitaciones, donde los postulantes podrían incorporar el "riesgo de renegociación" en sus cálculos.
- El 5G Sigue, Pero con Retraso: La promesa de conectividad avanzada para Chile sigue en pie, pero con un retraso de más de tres años. El país, que alguna vez fue pionero, arriesga perder competitividad mientras la economía digital global avanza a una velocidad que no permite pausas.
- La Sostenibilidad del Modelo en Duda: El caso expone la vulnerabilidad de proyectos de infraestructura crítica a la salud financiera de una sola empresa. Esto obliga a cuestionar si el modelo de licitación y las garantías exigidas son los adecuados para un sector que requiere inversiones masivas y opera con márgenes estrechos.
El tema, aunque resuelto en lo inmediato, no está cerrado. Ha evolucionado de una disputa contractual a un estudio de caso sobre la gestión del riesgo en las alianzas público-privadas. La lección para Chile es clara: la resiliencia de su infraestructura estratégica depende no solo de contratos robustos, sino también de un ecosistema regulatorio y de mercado que sea predecible, sostenible y capaz de equilibrar la disciplina con el pragmatismo sin sacrificar la confianza a largo plazo.