El 25 de julio de 2024 debió marcar un triunfo histórico para el Estado mexicano. Ismael "El Mayo" Zambada, el último gran patriarca del narcotráfico, el líder del Cártel de Sinaloa que por medio siglo evadió la captura, finalmente caía. Sin embargo, más de 90 días después, el panorama en México no es de paz, sino de una violencia atomizada y recrudecida. La caída del rey no terminó con el reino; lo fracturó en feudos que hoy se disputan a sangre y fuego su herencia, exponiendo la fragilidad institucional y forzando un drástico giro en la estrategia de seguridad nacional.
La captura, envuelta en versiones de traición a manos de Joaquín Guzmán López, hijo de su antiguo socio "El Chapo", fue la chispa que encendió la pradera. Lo que siguió no fue un vacío, sino una violenta competencia por llenarlo.
La consecuencia más inmediata fue una guerra intestina en el corazón del Cártel de Sinaloa. Por un lado, "Los Chapitos", hijos de Joaquín Guzmán, y por otro, la facción leal a la familia Zambada, liderada por Ismael Zambada Sicairos, alias "Mayito Flaco". El epicentro del conflicto ha sido Culiacán, pero la violencia se ha extendido como una mancha de aceite. Badiraguato, el mítico bastión de la familia Guzmán, ha sido invadido por las fuerzas de los Zambada, que anuncian su llegada con grafitis y retenes armados.
Las cifras, frías y brutales, narran la magnitud del caos: desde el inicio de la pugna, Sinaloa registra más de 1.600 asesinatos y casi 2.000 desapariciones. La caída del "padrino" que mantenía un precario equilibrio desató una lucha sin cuartel donde la lealtad es un bien escaso y la traición, una estrategia de supervivencia. Como relata un campesino de Badiraguato a la prensa: “Ya no son los de antes, son otros”.
Este nuevo escenario de violencia obligó al gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum a un cambio de timón. La política de “abrazos, no balazos” de su predecesor, Andrés Manuel López Obrador, que priorizaba atender las causas sociales de la violencia, ha sido reemplazada por una estrategia de confrontación directa. Con Omar García Harfuch al frente de la Secretaría de Seguridad, se han multiplicado los decomisos, las detenciones y los operativos.
Este giro no responde solo a la realidad interna. La presión de Estados Unidos, con un Donald Trump amenazando con aranceles si no se frena el tráfico de fentanilo, ha sido un catalizador clave. Sin embargo, los expertos son escépticos. “Puedes duplicar las incautaciones, triplicarlas, pero va a seguir siendo un porcentaje marginal, menos del 10%, del total que exportan los traficantes”, advierte el consultor en seguridad David Saucedo. La pregunta que subyace es si esta nueva ofensiva es una estrategia integral o una vuelta a la “guerra contra las drogas” que ya demostró sus limitaciones en el pasado.
La complejidad del conflicto se profundiza con la internacionalización de la violencia. Investigaciones periodísticas han revelado la contratación de mercenarios colombianos, exmilitares con alta preparación en combate, para entrenar a los sicarios de carteles como el Jalisco Nueva Generación (CJNG). Esta alianza letal no solo aumenta el poder de fuego de los grupos criminales, sino que evidencia la porosidad de las fronteras y la necesidad de una cooperación regional que, según fuentes oficiales, ha sido prácticamente inexistente.
La guerra por la herencia de "El Mayo" no solo se libra en las calles, sino también en los pasillos del poder, revelando las profundas raíces de la narcopolítica. El "caso Adán Augusto" es el ejemplo más descarnado. Hernán Bermúdez, alias "Comandante H", quien fuera secretario de Seguridad de Tabasco durante la gubernatura del hoy senador de Morena, Adán Augusto López, ha sido identificado como líder de "La Barredora", una célula del CJNG. El escándalo ha puesto en jaque el discurso anticorrupción del partido gobernante y ha generado comparaciones inevitables con el caso de Genaro García Luna, el exsecretario de Seguridad de Felipe Calderón hoy preso en Estados Unidos.
Mientras la élite política se blinda, la violencia permea la vida cotidiana de millones de mexicanos. El caso de Irma Hernández, una maestra jubilada de 62 años que trabajaba como taxista en Veracruz, conmovió al país. Fue secuestrada y obligada a grabar un video donde, rodeada de hombres armados, pedía a sus colegas pagar la cuota de extorsión para no “terminar como yo”. Días después, su cuerpo fue encontrado sin vida. Su historia es la de millones de ciudadanos atrapados en un régimen de terror impuesto por grupos como La Familia Michoacana o la Mafia Veracruzana, que controlan desde el precio del pollo hasta las empresas de paquetería.
La caída de Ismael "El Mayo" Zambada no fue el fin de una era, sino el prólogo de una nueva, más caótica y fragmentada. El antiguo orden, con sus códigos y jerarquías, ha muerto. En su lugar, emerge un campo de batalla con múltiples frentes, donde herederos ambiciosos, carteles en expansión y un Estado presionado por dentro y por fuera luchan por el control.
La narrativa está lejos de cerrarse. La ofensiva del gobierno de Sheinbaum se enfrenta a un enemigo que ha demostrado una y otra vez su capacidad de adaptación y su profunda imbricación con las estructuras del propio Estado. La pregunta fundamental sigue en el aire: ¿cómo se combate a un enemigo que, en muchos sentidos, es también parte de uno mismo? La respuesta definirá no solo el futuro de la seguridad en México, sino la viabilidad de su proyecto como nación.