La caja chica está rota: Condenas y auditorías revelan un patrón sistémico de corrupción en los municipios chilenos

El mapa de la desconfianza: ¿Qué pasa cuando la corrupción deja de ser noticia de un día?

Durante meses, los titulares sobre malversación de fondos, nepotismo y fraude en diversos municipios del país se sucedieron con la velocidad propia del ciclo noticioso inmediato. Sin embargo, una vez que el ruido mediático se apaga, la maquinaria judicial y fiscalizadora continúa su lento pero inexorable avance. Hoy, con la perspectiva que otorgan entre 30 y 90 días, el goteo de casos ha dejado de ser una colección de anécdotas para dibujar un mapa preocupante: el de una crisis sistémica de probidad que corroe los cimientos del poder local en Chile.

La acumulación de sentencias, formalizaciones e informes de la Contraloría General de la República revela que no se trata de “manzanas podridas” aisladas, sino de patrones de conducta y fragilidades institucionales que se repiten a lo largo del territorio y en todo el espectro político. Esta panorámica, madurada con el tiempo, permite analizar no solo los delitos, sino las causas estructurales y las profundas consecuencias que esta crisis tiene para la confianza ciudadana y el anhelado proceso de descentralización.

Anatomía del Fraude: La Creatividad al Servicio del Desfalco

Los mecanismos para desviar fondos públicos han demostrado ser tan variados como las comunas investigadas. Un método recurrente ha sido la manipulación de recursos destinados a emergencias. El caso de la exalcaldesa de Maipú, Cathy Barriga, es emblemático. Según una investigación de CIPER, su administración habría utilizado $974 millones de los fondos Covid-19 para saldar deudas con la empresa de recolección de basura Veolia, un gasto que la Subsecretaría del Interior objetó y que la actual administración municipal deberá restituir.

Otro mecanismo es la creación de obligaciones contractuales fraudulentas. En Ñuñoa, el exalcalde Andrés Zarhi enfrenta un juicio por fraude al Fisco, acusado de suscribir contratos con “cláusulas abusivas” que garantizaban indemnizaciones “abultadas y sin tope legal” a directivos, generando un perjuicio fiscal superior a los $190 millones. Esta práctica se suma a las ya conocidas licitaciones irregulares, como las que marcaron el “Caso Basura”, que culminó con la condena del exalcalde de Cerro Navia, Luis Plaza, a 3 años y 1 día por fraude reiterado.

La emisión de facturas falsas y la contratación de asesorías dudosas completan el cuadro. El diputado Joaquín Lavín Jr. (ex-UDI) es investigado por presuntamente rendir facturas ideológicamente falsas al Congreso para financiar actividades políticas. De manera similar, la Contraloría ha puesto la lupa sobre seis Gobiernos Regionales, incluido el Metropolitano, liderado por Claudio Orrego (ex-DC), por destinar fondos a asesorías que, según los informes, habrían tenido como fin potenciar sus campañas de reelección.

El Poder como Botín: Nepotismo y Clientelismo

Más allá del desfalco económico, las investigaciones han expuesto cómo el poder local es utilizado como un instrumento para favorecer a cercanos y castigar a adversarios. Los audios atribuidos a Joaquín Lavín Jr., donde presuntamente instruye “cagar a todos los rojos” en la Municipalidad de Maipú, son la expresión más cruda de un clientelismo que socava el principio de mérito en la función pública.

El nepotismo también aparece como una práctica arraigada. En Melipeuco, la Contraloría detectó que el alcalde Alejandro Cuminao aprobó la contratación de la madre de su hija y del hermano de esta, contraviniendo la normativa que le exigía abstenerse. En Copiapó, la gestión del alcalde Maglio Cicardini es cuestionada por una explosión de tratos directos adjudicados a una misma empresa, cuyo giro comercial se ha diversificado convenientemente para abarcar desde coffee breaks hasta la venta de equipos electrónicos.

Estas prácticas no solo desvían recursos, sino que debilitan las instituciones desde adentro, generando una cultura donde la lealtad política o familiar prima sobre la competencia técnica y el servicio público.

La Lenta Reacción del Sistema y el Costo Final

Frente a este panorama, los organismos de control han reaccionado. La Contraloría General de la República ha sido un actor clave, emitiendo informes detallados que han servido de base para investigaciones penales y sumarios administrativos. Las sentencias y medidas reparatorias, aunque lentas, comienzan a llegar.

La condena a Luis Plaza y la orden para que la exalcaldesa de Viña del Mar, Virginia Reginato, restituya junto a su exasesor más de $3.600 millones por el no pago de cotizaciones previsionales, son señales de que la impunidad no es absoluta. Sin embargo, el hecho de que muchas condenas no impliquen cárcel efectiva genera un debate sobre la severidad de las penas para delitos de corrupción.

El tema ha dejado de ser una serie de escándalos para convertirse en un debate estructural sobre la descentralización. La pregunta que emerge es si Chile está preparado para transferir más poder y recursos a entidades locales y regionales que han demostrado tener mecanismos de control tan frágiles. La crisis de probidad municipal no es solo un problema de arcas fiscales vaciadas; es, fundamentalmente, una crisis de confianza que pone en jaque la legitimidad de la política en su nivel más cercano a la ciudadanía. El desafío, ahora visible y maduro, es reconstruir esa confianza con reformas profundas que garanticen que la “caja chica” del poder local esté, de una vez por todas, al servicio de todos los chilenos.