La Justicia en el Banquillo: Cómo el Caso Ulloa Dejó de Ser un Escándalo de Chats para Exponer una Crisis Sistémica
El Terremoto Institucional: La Sanción que Remeció al Palacio de Tribunales
Lo que comenzó hace meses con la filtración de comprometedores chats de WhatsApp, hoy tiene consecuencias tangibles. El 12 de junio, el Pleno de la Corte de Apelaciones de Santiago, en una decisión de profundo calado institucional, suspendió por cuatro meses al ministro Antonio Ulloa y, de forma inédita, abrió un cuaderno de remoción en su contra. La medida, similar a la aplicada a la ministra Verónica Sabaj, traslada el caso desde el ruido mediático a una severa respuesta disciplinaria. Ya no se trata solo de conversaciones privadas de dudosa ética; se trata del Poder Judicial actuando sobre uno de los suyos, forzado a confrontar la evidencia de que sus murallas no son inmunes al tráfico de influencias que corroe la confianza pública.
La suspensión, aunque con goce de medio sueldo, es el resultado visible de un proceso que ha madurado lentamente, permitiendo observar no solo el acto inicial, sino sus múltiples ramificaciones. El caso ha dejado de ser sobre un juez y un abogado para convertirse en un espejo de las vulnerabilidades estructurales del sistema de nombramientos y la cultura de poder que opera tras bambalinas.
De un Chat a una Red: Las Conexiones Ocultas
La narrativa inicial se centró en los diálogos entre el juez Ulloa y el abogado Luis Hermosilla, donde el magistrado solicitaba explícitamente ayuda para su ascenso a la corte capitalina, mencionando gestiones con figuras políticas como Andrés Chadwick. “Basta con que hables con Andrés Chadwick para que él hable con el presidente. Por favor Lucho, te lo pido por favor”, se leía en los mensajes. Estas conversaciones pusieron bajo sospecha no solo el nombramiento de Ulloa, sino el de al menos ocho jueces y tres fiscales judiciales.
Sin embargo, a medida que la investigación avanzaba, la red demostró ser más densa. A fines de mayo, una investigación de CIPER reveló los lazos de Ulloa con otro influyente abogado, Samuel Donoso. El juez no solo lo invitó a la celebración de su ascenso, sino que posteriormente participó en al menos ocho causas donde Donoso era parte, sin inhabilitarse. Uno de los casos más notorios fue su voto para apartar al juez Daniel Urrutia de una querella por Derechos Humanos contra el expresidente Sebastián Piñera, cuyo abogado era precisamente Donoso. Además, Ulloa admitió en el sumario interno haber contactado a senadores para interceder en la acusación constitucional contra la hermana de Donoso, la jueza Silvana Donoso.
Este patrón de comportamiento sugiere que el problema no era una relación impropia, sino un modus operandi arraigado, donde las fronteras entre la amistad, el favor y la función judicial se desdibujaron por completo, afectando la imparcialidad que es pilar de la justicia.
La Batalla por la Investigación: ¿Eficiencia o Control?
La reacción del Ministerio Público también ha estado en el centro del análisis. El 5 de mayo, el Fiscal Nacional, Ángel Valencia, tomó una decisión clave: reasignó las investigaciones contra Ulloa y Sabaj, sacándolas de las fiscalías de O"Higgins y Centro Norte para unificarlas bajo la dirección de la fiscal regional de Valparaíso, Claudia Perivancich. La justificación oficial fue el “principio de unidad de acción”.
No obstante, la decisión se produjo después de que la Fiscalía de O"Higgins realizara un osado allanamiento a la oficina de Ulloa en la propia Corte de Apelaciones y requisara el teléfono del ministro del Tribunal Constitucional, Héctor Mery, diligencia que más tarde fue anulada por la Corte Suprema. Este choque de poderes generó un debate inmediato: ¿fue la reasignación una medida para optimizar la investigación o una forma de moderar el ímpetu de fiscales que estaban escalando a las más altas esferas del poder estatal?
La centralización de la causa en la fiscal Perivancich, quien ya lideraba otras aristas del Caso Hermosilla, es hoy un punto ciego que solo el tiempo y los resultados de la investigación podrán aclarar.
El Sistema Bajo la Lupa: ¿Quién Vigila a los Vigilantes?
El caso Ulloa ha catalizado un debate más profundo sobre la integridad del sistema en su conjunto. Mientras la justicia procesa a sus miembros, surgen preguntas incómodas que trascienden el escándalo. Una reciente sentencia de la Corte Suprema, que determinó que dejar una sesión de WhatsApp abierta en un computador compartido constituye una autorización “tácita” para que terceros accedan, añade una capa de complejidad al debate sobre privacidad y responsabilidad en la era digital.
Al mismo tiempo, la controversia resuena con una percepción ciudadana más amplia de privilegios y desigualdades, como la reflejada en cartas al director que critican leyes que eximen a la élite política de normas aplicadas al resto de los funcionarios. La idea de que “hay algunos más iguales que otros” encuentra en este caso su máxima expresión.
La crisis alcanzó un nuevo nivel a mediados de junio, cuando se reveló que el exfiscal Manuel Guerra declaró que uno de los fiscales que hoy investiga el Caso Hermosilla le habría filtrado información reservada de otra causa de alto perfil. Esta acusación apunta a una posible contaminación en el propio órgano persecutor, planteando la pregunta fundamental: si quienes deben garantizar la probidad enfrentan sus propios conflictos de interés, ¿dónde reside la garantía final de justicia?
El caso está lejos de cerrarse. Con un juez suspendido, un proceso de remoción en marcha y una investigación penal que sigue destapando nuevas capas de influencia, la toga del Poder Judicial no solo está rota; está expuesta, obligando a una reflexión nacional ineludible sobre la transparencia, la ética y las redes de poder que definen el verdadero rostro de la justicia en Chile.