A más de 90 días de que el denominado "Caso Audios" sacudiera los cimientos de la confianza en el mercado financiero chileno, las réplicas del escándalo han cesado, pero el terreno sobre el que opera la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) es fundamentalmente distinto. La crisis expuso grietas sistémicas que obligaron al organismo fiscalizador a una metamorfosis silenciosa pero profunda. Hoy, la CMF no solo actúa con un rigor sancionatorio inédito, sino que también ha acelerado una agenda de transparencia y debate interno que redefine su rol como guardián del sistema.
Si bien el caso de los audios filtrados fue el catalizador público, las debilidades del sistema de supervisión ya habían sido advertidas. Un ejemplo claro es el caso de la plataforma Sunflower Technology. En noviembre de 2023, mucho antes de que el escándalo mayor estallara, la abogada Rocío Vergara detectó un posible esquema piramidal y lo denunció a la CMF. La respuesta que recibió fue burocrática y desalentadora: como la empresa no estaba formalmente bajo su perímetro de fiscalización, el organismo no podía actuar. Este episodio, que culminó meses después con miles de afectados, ilustra el enfoque reactivo y legalista que caracterizaba a una parte del regulador, una aproximación insuficiente para un ecosistema financiero cada vez más complejo y digital.
La crisis de confianza forzó un cambio de paradigma. La CMF ha pasado de ser un observador a un actor protagónico en la persecución de ilícitos. Una de sus acciones más simbólicas ocurrió el pasado 29 de julio, cuando sancionó a familiares de altos ejecutivos y directores de empresas como Entel, Concha y Toro, Soquicom y Cencosud por transar acciones en períodos de bloqueo, una prohibición legal diseñada para evitar el uso de información privilegiada. Las multas, que llegaron hasta las 500 UF, enviaron una señal inequívoca al mercado: la era de la autorregulación laxa había terminado.
Esta nueva postura proactiva se consolidó con la denuncia presentada ante el Ministerio Público contra ocho entidades por presuntos delitos de estafa en la entrega de créditos. En lugar de solo emitir alertas, la CMF utilizó sus facultades para iniciar acciones penales, asumiendo un rol activo en la protección de los ciudadanos frente a fraudes que operan en las zonas grises de la regulación.
La metamorfosis de la CMF no ha sido solo punitiva. En paralelo, ha desplegado una agenda orientada a reconstruir la confianza mediante la transparencia y el empoderamiento de los inversionistas. En junio, lanzó su “Portal de Fondos Mutuos”, una plataforma digital que permite a cualquier ciudadano comparar rentabilidades, costos y carteras de la industria. Según Daniel García, director de Supervisión de Conducta de Mercado de la CMF, la herramienta busca “reducir la brecha de información entre los inversionistas menos sofisticados y los fondos en los que participan”, democratizando el acceso a datos que antes eran difíciles de interpretar para el público general.
Esta visión se complementa con una ambiciosa agenda de desarrollo de mercado presentada a fines de julio. Con ejes como la internacionalización del peso chileno y la profundización del mercado de renta fija, la CMF busca no solo regular, sino también fortalecer y sofisticar el sistema financiero local, atrayendo a inversionistas no residentes y mejorando la liquidez.
Quizás el cambio más significativo y estructural está ocurriendo dentro del propio consejo de la CMF. La tradicional unanimidad que caracterizaba sus decisiones más relevantes se ha quebrado, dando paso a un debate técnico y público que refleja la madurez de la institución. La figura de la comisionada Catherine Tornel se ha vuelto emblemática de esta nueva etapa.
Tornel, con una trayectoria que combina el sector privado y el público, ha emitido votos disidentes en temas cruciales, como los requerimientos de capital para bancos sistémicos y los umbrales de restitución en fraudes con tarjetas. Mientras la mayoría del consejo ha priorizado una regulación más estricta para garantizar la solvencia, Tornel ha argumentado sobre los potenciales efectos contractivos en el acceso al crédito, introduciendo una perspectiva de desarrollo de mercado en el corazón del debate regulatorio.
Esta tensión, lejos de ser una señal de debilidad, es vista por expertos como una fortaleza institucional. Demuestra que la CMF ya no es un ente monolítico, sino un cuerpo colegiado donde distintas visiones, todas técnicamente fundadas, compiten para encontrar el equilibrio adecuado entre estabilidad, protección al consumidor y desarrollo. Como la propia Tornel afirmó, “la diferencia de opiniones, sin duda, contribuye a enriquecer las discusiones y a tomar mejores decisiones”.
El tema no está cerrado. La CMF se encuentra en un proceso de reinvención forzado por una de las crisis de confianza más agudas de la historia reciente. Ha respondido con una estrategia dual: sanciones más duras y mayor transparencia. Internamente, ha evolucionado hacia un modelo de gobernanza más complejo y deliberativo. El escándalo de los audios hirió gravemente al guardián del mercado, pero también lo obligó a fortalecer su armadura y afinar sus sentidos. La prueba definitiva será si esta nueva versión de la CMF logra no solo reparar la confianza perdida, sino también anticiparse para evitar que la historia se repita.