A más de dos meses de que los titulares alertaran sobre el colapso sanitario en las comunas de Pemuco (Región de Ñuble) y Peumo (Región de O"Higgins), la urgencia mediática ha desaparecido. Sin embargo, para sus habitantes, la crisis dejó una cicatriz de incertidumbre y para el sistema de salud chileno, un diagnóstico ineludible sobre su propia fragilidad. Lo que en un principio se enmarcó como un posible escándalo de licencias médicas, con el tiempo ha revelado las fracturas profundas de la atención primaria en el Chile rural: el agotamiento de sus profesionales, la precariedad de sus condiciones y la abismal distancia entre tener un carnet de Fonasa y acceder efectivamente a la salud.
Para comprender la dimensión del problema, más allá del sumario que aún instruye la Contraloría, es necesario responder a las preguntas que la inmediatez noticiosa dejó abiertas.
La primera semana de junio, el único Centro de Salud Familiar (CESFAM) de Pemuco se quedó sin médicos. Sus siete profesionales presentaron licencia médica, suspendiendo indefinidamente la atención. Un escenario similar se replicó en Peumo, paralizando el acceso a la salud para miles de personas dependientes del sistema público. Las consultas de morbilidad, los controles de pacientes crónicos y el seguimiento de tratamientos quedaron en el aire, generando angustia y desamparo en la comunidad.
La reacción inicial fue de sospecha. Medios como La Tercera y Cooperativa informaron que la Contraloría General de la República inició una investigación especial, ante denuncias de concejales que apuntaban a que los propios facultativos se habrían otorgado las licencias entre ellos. La controversia escaló rápidamente, insertándose en el debate nacional sobre el uso y abuso de este instrumento.
Aquí la narrativa se bifurca, generando una disonancia que obliga a examinar dos realidades que coexisten en el sistema público.
Por un lado, la tesis del conflicto laboral parece tener asidero. Según reportó Cambio21, la crisis en Pemuco estalló después de que el concejo municipal eliminara asignaciones transitorias para los profesionales de la salud, contempladas en el artículo 45 de la Ley 19.378. El director del Departamento de Salud Municipal, Francisco Garrido, vinculó directamente la decisión administrativa con la presentación masiva de licencias, lo que sugiere una acción coordinada como medida de presión.
Por otro lado, emerge con fuerza la tesis del agotamiento sistémico. Gremios médicos y expertos en salud pública advirtieron que reducir el caso a un mero conflicto laboral o a un fraude era simplista. La situación de Pemuco y Peumo, argumentan, es el síntoma extremo de una enfermedad crónica: el burnout de los profesionales de la salud en zonas rurales. Estos médicos enfrentan cargas laborales extenuantes, falta de recursos, soledad profesional y la presión de ser el único soporte sanitario para comunidades enteras. Desde esta perspectiva, las licencias no serían tanto una estrategia de protesta, sino la consecuencia inevitable de un sistema que exige a sus trabajadores una resistencia sobrehumana hasta que, simplemente, colapsan.
El episodio de Pemuco y Peumo se ha convertido en un caso de estudio sobre las desigualdades estructurales del modelo de salud chileno.
La emergencia en Pemuco y Peumo fue contenida con médicos de reemplazo y la promesa de una investigación a fondo. El sumario de Contraloría seguirá su curso y probablemente determinará responsabilidades administrativas. Sin embargo, el problema de fondo sigue intacto.
La verdadera pregunta que deja esta crisis no es si los siete médicos de Pemuco cometieron una falta, sino si el Estado está cometiendo una negligencia sistémica al sostener un modelo de salud rural tan frágil. El colapso de junio fue una advertencia. La interrogante que queda es si servirá para impulsar un rediseño profundo de la atención primaria en los territorios más olvidados o si, por el contrario, será otra crisis que se archivará hasta que el próximo consultorio vuelva a cerrar sus puertas.