El Caso Montoya: Anatomía de un Secuestro que Expuso las Nuevas Fronteras del Crimen en Chile

Inicio Contextualizado: Más Allá del Titular Escandaloso

A más de dos meses de que el secuestro del exalcalde de Macul, Gonzalo Montoya, acaparara la atención mediática, el impacto del caso trasciende la crónica roja. Lo que comenzó como la angustiante noticia de la retención de una exfigura pública, evolucionó rápidamente hacia una trama compleja que dejó al descubierto las nuevas tácticas del crimen organizado en Chile y las vulnerabilidades que explotan. Hoy, con la investigación en curso y un primer detenido, es posible analizar con distancia las capas de un suceso que funciona como un crudo diagnóstico de los desafíos actuales en materia de seguridad, justicia y convivencia social.

Desarrollo Analítico: De la Desaparición a la Red Criminal

La noche del 26 de junio de 2025, Gonzalo Montoya desapareció. Las horas siguientes se convirtieron en una pesadilla para su familia, que comenzó a recibir llamadas extorsivas exigiendo un rescate de 50.000 dólares. Los captores, de acento extranjero, enviaron videos que mostraban a Montoya atado y golpeado, y amenazaron con revelar material comprometedor sobre una supuesta vida secreta del exedil, que incluiría fiestas y la presunta participación de menores de edad.

La intervención de la Brigada de Investigaciones Policiales Especiales (BIPE) de la PDI fue crucial. Tras una delicada negociación y el pago de una suma no revelada, Montoya fue liberado la madrugada del 29 de junio en la comuna de Padre Hurtado, con evidentes signos de tortura.

El punto de inflexión en la investigación ocurrió el 4 de julio, con la captura de Israel Useche Galue, un joven venezolano de 18 años. Su detención no solo puso un rostro a uno de los autores materiales, sino que conectó el secuestro de Montoya con una estructura criminal más amplia: la banda conocida como “Los Mapaches”. La Fiscalía reveló que este grupo, compuesto principalmente por ciudadanos venezolanos en situación irregular, se especializaba en secuestros extorsivos en el sector del Parque Almagro, en Santiago Centro. Su modus operandi consistía en identificar a personas en situaciones vulnerables —a menudo relacionadas con actividades ilícitas o clandestinas— para luego secuestrarlas, sabiendo que su reticencia a involucrar a la policía les daba una ventaja.

Perspectivas Contrastadas: Un Espejo de las Tensiones Sociales

El caso Montoya se convirtió en un catalizador de debates y posturas divergentes:

• La Víctima y sus Circunstancias: Por un lado, Gonzalo Montoya es la víctima de un delito violento y traumático. Por otro, las revelaciones sobre su presunta doble vida y el manejo de grandes sumas de dinero en efectivo lo posicionaron, según la investigación, como un “blanco de oportunidad” ideal para sus captores. Esta dualidad generó una disonancia incómoda: ¿hasta qué punto las acciones privadas de un individuo, especialmente una exautoridad, pueden aumentar su riesgo y complicar la narrativa de victimización? La investigación paralela sobre las actividades de Montoya y el origen de su dinero sigue abierta, añadiendo una capa de complejidad legal y ética al suceso.

• La Respuesta Institucional: Frente al torbellino mediático, la Subsecretaría de Prevención del Delito, a través de Carolina Leitao, adoptó una postura de máxima cautela. En sus declaraciones, evitó confirmar las hipótesis más escandalosas, enfatizando que la prioridad era la investigación del delito de secuestro y la captura de los responsables. Esta prudencia contrasta con la necesidad de dar respuestas a una ciudadanía alarmada, pero refleja el protocolo institucional de no interferir en indagatorias en curso y basarse en hechos probados más que en especulaciones.

• El Tratamiento Mediático y la Opinión Pública: La cobertura del caso fue un claro ejemplo de la fragmentación del ecosistema de medios. Mientras algunos, como La Tercera, ofrecieron un seguimiento detallado y analítico de la investigación policial, otros, como Cambio 21, optaron por titulares sensacionalistas y con un marcado sesgo xenófobo (“Un delincuente extranjero menos...”). Esta polarización mediática alimentó un debate público crispado, donde se mezclaron la legítima preocupación por la seguridad con discursos que estigmatizan la migración, dificultando una reflexión serena sobre el fenómeno del crimen transnacional.

Contexto Estructural: El Crimen que Cambia de Piel

El secuestro de Montoya no es un hecho aislado. Se inscribe en una tendencia más amplia de sofisticación y diversificación del delito en Chile. Si durante años la preocupación ciudadana se centró en delitos violentos contra la propiedad como “portonazos” y “encerronas”, la irrupción de secuestros extorsivos, operados por bandas con vínculos internacionales, representa un salto cualitativo. Este fenómeno desafía a las policías, que han debido desarrollar unidades y protocolos especializados, y al sistema judicial, que se enfrenta a redes criminales que operan con lógicas importadas de otras latitudes.

El caso también obliga a mirar el contexto social. Bandas como “Los Mapaches” prosperan en los márgenes, explotando la vulnerabilidad no solo de sus víctimas, sino también de jóvenes migrantes en situación precaria que son captados para cometer delitos. Abordar esta nueva criminalidad requiere, por tanto, una mirada que combine la persecución penal con políticas de integración social y control fronterizo más efectivas.

Estado Actual: Un Capítulo Abierto

El caso Montoya está lejos de cerrarse. La detención de Useche Galue es solo el primer paso para desarticular por completo a la célula de “Los Mapaches” responsable del secuestro. La PDI y la Fiscalía continúan la búsqueda de los demás implicados. Simultáneamente, las aristas que involucran al propio exalcalde siguen bajo investigación, lo que podría derivar en nuevos procesos judiciales.

Más que una historia con un final claro, el secuestro de Gonzalo Montoya ha dejado una serie de preguntas abiertas sobre las nuevas amenazas a la seguridad, la responsabilidad individual y colectiva, y la capacidad del Estado y la sociedad chilena para adaptarse a un escenario criminal en constante transformación.