La Dieta Presidencial en Jaque: El debate que obliga a Chile a definir qué espera de sus expresidentes

¿Un privilegio o una necesidad de Estado?

Lo que comenzó hace unos meses como una serie de proyectos legislativos, uno de ellos impulsado por la diputada Pamela Jiles y catalizado por el hecho de que el Presidente Gabriel Boric dejará el cargo con 40 años, ha madurado hasta convertirse en una de las discusiones más sintomáticas del Chile actual. El debate sobre la dieta y las asignaciones de los expresidentes de la República ha superado la anécdota y ha obligado al sistema político a confrontar una pregunta fundamental: ¿cuál es el rol, el estatus y la responsabilidad del Estado para con quienes han ocupado el más alto cargo de la nación?

La controversia, lejos de ser un mero cálculo de cifras, ha desnudado la tensión entre la tradición republicana, que busca proteger la investidura presidencial más allá del mandato, y una creciente demanda ciudadana por austeridad, igualdad ante la ley y el fin de lo que se percibe como privilegios de la élite.

La Tesis Republicana: Proteger la Institución

Desde un sector del espectro político, principalmente en la derecha, se ha defendido la continuidad de los beneficios actuales como una razón de Estado. El senador Manuel José Ossandón (RN) argumentó en la Comisión de Constitución que la dieta vitalicia, independiente de la edad, es una salvaguarda. “No queremos ver a un presidente que por pega tenga que andar trabajando para una transnacional”, afirmó, aludiendo a que los exmandatarios manejan secretos de Estado y su independencia económica es crucial para la seguridad nacional.

Esta visión sostiene que el beneficio no es una jubilación, sino una remuneración por la "dignidad del cargo". Busca evitar que un expresidente se vea en la necesidad de aceptar empleos que puedan generar conflictos de interés o que devalúen la figura presidencial. Es un costo que el Estado asume para proteger la integridad de una de sus instituciones más importantes, siguiendo el ejemplo de otras democracias consolidadas.

La Demanda Ciudadana: Austeridad y Fin a los Privilegios

En la vereda opuesta, la ofensiva legislativa liderada por la diputada Pamela Jiles canaliza un sentir ciudadano extendido. Su proyecto, que propone establecer una edad mínima de 65 años para hombres y 60 para mujeres para acceder a la dieta, apunta directamente al corazón del debate: ¿es justo que un ciudadano de 40 años reciba una pensión millonaria y vitalicia con fondos públicos? Para los impulsores de esta visión, la respuesta es un rotundo no.

Esta postura se alimenta de la desconfianza hacia la clase política y de un contexto de restricciones fiscales. Argumentan que los expresidentes, como cualquier otro ciudadano, deben reinsertarse en el mundo laboral. La idea de una "dieta eterna" es vista como un anacronismo y un privilegio inaceptable. Aunque parlamentarios del oficialismo, como el diputado Leonardo Soto (PS), han calificado la moción de Jiles como una "vendetta" personal contra Boric, se vieron obligados a aprobar la idea de legislar, reconociendo la presión pública y la necesidad de abordar el tema.

El Consenso Inesperado: La Caída de las Asignaciones para Oficinas

A medida que el debate avanzaba, una distinción clave comenzó a tomar forma, generando un inesperado punto de encuentro. Una cosa es la dieta personal (el sueldo vitalicio) y otra muy distinta son las asignaciones para gastos de oficina, personal y traslados, que superan los 10 millones de pesos mensuales por cada exmandatario.

Una investigación de los propios parlamentarios reveló que estas asignaciones no tienen el mismo sustento legal que la dieta. No están consagradas en la Constitución, sino que dependen de un acuerdo administrativo del Senado. Esto las vuelve vulnerables a ser modificadas o eliminadas a través de la Ley de Presupuesto, sin necesidad de una reforma constitucional.

El presidente de la Comisión de Constitución, Jorge Alessandri (UDI), reconoció que existe un "consenso transversal" para suprimir estos fondos. La crítica es doble: por un lado, su débil base jurídica; por otro, la sospecha de que estas oficinas y fundaciones han servido como plataformas políticas para intentos de reelección, desvirtuando su propósito original.

Un Debate Abierto y en Plena Evolución

Actualmente, la discusión está lejos de cerrarse. La Comisión de Constitución de la Cámara aprobó en general la idea de regular las dietas, lo que significa que el debate sobre los detalles —como la edad, los montos y las incompatibilidades— apenas comienza. La próxima discusión de la Ley de Presupuesto será un momento clave, donde el futuro de las asignaciones para oficinas podría sellarse definitivamente.

Lo que está en juego trasciende los tecnicismos legales. El resultado de este proceso enviará una señal potente sobre cómo Chile se ve a sí mismo. ¿Prevalecerá la visión de un Estado que protege sus instituciones con fueros y beneficios especiales, o se impondrá la demanda de una república más austera y horizontal, donde ni siquiera la más alta magistratura está exenta de las reglas que aplican al resto de los ciudadanos? La respuesta definirá no solo el futuro de los expresidentes, sino también el contorno del poder en el Chile del siglo XXI.