La pesca industrial cede una parte del mar: El acuerdo por la merluza salvó empleos, pero abrió una disputa mayor por el futuro del sector

La Calma Incierta de Talcahuano

A principios de junio, en los muelles de Talcahuano se respiró un aire de alivio tenso. La pesquera PacificBlu, actor central en la captura de merluza común, anunciaba que revertía su decisión de cerrar operaciones, una medida que amenazaba con dejar a cientos de trabajadores sin empleo. La marcha atrás no fue un acto espontáneo, sino el resultado directo de un acuerdo político forjado en una Comisión Mixta del Congreso, a más de 500 kilómetros de distancia. Dos meses después de que estallara la crisis, el pacto legislativo que salvó a PacificBlu se ha consolidado como un punto de inflexión, uno que, si bien resolvió una emergencia, dejó al descubierto las profundas grietas del modelo pesquero chileno y abrió un nuevo frente de batalla por el control de otros recursos marinos.

Anatomía de una Crisis Anunciada

El conflicto se detonó en mayo, cuando la tramitación de la nueva Ley de Fraccionamiento Pesquero —diseñada para reemplazar a la controvertida "Ley Longueira", marcada por acusaciones de cohecho— propuso un drástico cambio en el reparto de la merluza. La cuota para el sector industrial se reduciría del 60% al 48%, beneficiando directamente a la pesca artesanal. Para PacificBlu, la principal operadora de este recurso, la ecuación era simple: la nueva distribución hacía inviable su negocio. El anuncio de su cierre inminente funcionó como un catalizador, llevando la discusión legislativa desde los pasillos del Congreso a la primera línea de la agenda pública y económica de la Región del Biobío.

La presión fue multifacética. Dirigentes sindicales, autoridades locales como el alcalde de Talcahuano y el gobernador regional, y parlamentarios de diversas bancadas alzaron la voz, advirtiendo sobre el impacto social de la medida. El debate en la Comisión Mixta se volvió un campo de negociación donde se sopesaban no solo porcentajes, sino destinos económicos y equilibrios de poder.

El Acuerdo: Una Solución con Letra Chica

El 4 de junio, la Comisión Mixta alcanzó un consenso: la cuota industrial para la merluza no bajaría al 48%, sino que se fijaría en un 55%, cediendo el 45% al sector artesanal. Este nuevo fraccionamiento, posteriormente ratificado por la Cámara de Diputados, fue celebrado por el Gobierno como un acto de justicia histórica. El ministro de Economía, Nicolás Grau, afirmó que se estaba "cambiando el corazón de la ley actual", corrigiendo una distribución "a todas vistas injusta". Para PacificBlu, el nuevo 55% representaba las "condiciones mínimas para la sostenibilidad" y fue suficiente para revertir el cierre.

Sin embargo, la paz fue sectorial y momentánea. Mientras se celebraba la solución para la merluza, otras grandes pesqueras como Camanchaca, Landes y Blumar encendían sus propias alarmas. El acuerdo de la Comisión Mixta incluía otra disposición clave: un nuevo cobro de patente por las capturas de jurel obtenidas mediante transferencias de cuotas internacionales. Para la industria, esto no era una regulación, sino un "impuesto arbitrario y desproporcionado" que, según sus gerentes, amenaza la competitividad, podría provocar "despidos masivos" y la "paralización de faenas".

Gerardo Balbontín, de Blumar, lo calificó como un "nuevo impuesto de US$95 por tonelada" que impone un sobrecosto del 30% frente a competidores internacionales. Desde Camanchaca, Ricardo García advirtió que, si bien no prevén cierres, "es muy posible que se afecte el empleo" a partir de 2026 y adelantó que evaluarán "la mejor ruta judicial para exigir las compensaciones".

Más Allá de la Merluza: El Debate se Expande

El conflicto ha demostrado que la discusión sobre los recursos del mar no es un evento aislado. La reconfiguración de poder ha incentivado nuevas demandas. A fines de junio, un grupo transversal de diputados del Biobío presentó un proyecto para declarar a la jibia como especie migratoria. La medida busca proteger a los pescadores artesanales, quienes hoy enfrentan sanciones si persiguen al recurso más allá de los límites de su región, una restricción que no se ajusta a la biología de la especie.

Este movimiento legislativo, junto a la airada reacción de la industria del jurel, confirma que el acuerdo por la merluza no cerró el debate; lo expandió. La pregunta de fondo, que resuena desde las caletas artesanales hasta los directorios de las grandes empresas, sigue abierta: ¿Cómo se distribuye la riqueza que pertenece a todos los chilenos? El pacto salvó empleos en Talcahuano, pero dejó al sector navegando en un océano de incertidumbre, donde la próxima tormenta regulatoria parece ser solo una cuestión de tiempo.