A fines de julio, mientras Valparaíso aún debatía los efectos de una nueva ordenanza municipal para regular el comercio ambulante, un golpe silencioso y millonario sacudió los cimientos de la ciudad. El robo de más de $6.150 millones desde la bóveda del banco Itaú en la calle Prat, ejecutado con la precisión de un equipo de oxicorte y a través de un forado, no solo superó al mediático "robo del siglo" de 2014, sino que instaló una pregunta brutal: ¿de qué sirven los esfuerzos por ordenar las veredas si el crimen organizado puede vaciar el corazón financiero de la ciudad sin disparar un solo tiro?
Este evento, ocurrido a más de 60 días de iniciadas las nuevas políticas de ordenamiento, actúa como un catalizador que desnuda las contradicciones de una ciudad atrapada entre su estatus de Patrimonio de la Humanidad y una realidad de abandono sistémico, inseguridad y promesas incumplidas.
A mediados de junio, la nueva administración municipal, liderada por la alcaldesa Camila Nieto, implementó una esperada ordenanza para regular el comercio ambulante. La medida, que despejó veredas en sectores emblemáticos como el Mercado Cardonal y los alrededores del Congreso, fue presentada como un paso clave para "recuperar las veredas, plazas y zonas típicas para los vecinos y el comercio establecido" y "reducir la presencia de mafias", según informó la municipalidad. Las imágenes de calles despejadas, custodiadas por Carabineros y seguridad municipal, ofrecieron una postal de orden anhelada por muchos.
Sin embargo, la medida no estuvo exenta de tensiones. Vendedores ambulantes protestaron con lienzos, evidenciando el conflicto social subyacente. La problemática, además, desbordaba los límites comunales. Desde Villa Alemana, el concejal Alejandro Gazmuri calificó estos esfuerzos como "parches ineficaces" si no se articulan desde una estrategia regional coordinada. "El comercio informal no reconoce límites comunales; por eso, las soluciones tampoco deben hacerlo", señaló en una carta a La Tercera, apuntando a una falla de gobernanza a mayor escala.
Paralelamente a la disputa por el espacio público, otro de los pilares de la identidad porteña, su vida cultural, mostraba sus propias grietas. A fines de junio, el Parque Cultural de Valparaíso, un espacio simbólico de memoria y creación artística, enfrentaba una profunda crisis financiera, con sueldos impagos y un embargo de más de $160 millones por parte del Consejo de Defensa del Estado.
En este complejo escenario, el escritor Jorge Baradit asumió como miembro del directorio, con la misión de ser "parte de la solución". Su visión, expresada a BioBioChile, es ambiciosa: convertir el parque en "el faro cultural de esta ciudad", una mezcla de "GAM, Museo de la Memoria y calle porteña". Este nombramiento simboliza la lucha por mantener viva la llama cultural, aunque depende de resolver problemas administrativos y financieros que reflejan un abandono institucional más amplio.
La narrativa pública sobre Valparaíso ha estado dominada por décadas por el "paralizante discurso de la ruina", como lo describe Magdalena Dardel, académica de la UPLA. En una carta publicada en julio, Dardel instó a mirar más allá del abandono: "Valparaíso es el principal polo cultural regional de Chile; como ciudad universitaria permite impulsar proyectos de investigación situada, innovación social y vinculación con el medio". Su llamado es a reconocer a las comunidades activas que construyen y cuidan la ciudad desde sus cerros, una realidad que a menudo queda oculta tras la imagen del deterioro.
Esta visión es complementada por propuestas concretas que llevan años esperando voluntad política. Paulina Kaplan, académica de la PUCV, recordó en una columna las ideas discutidas desde que la ciudad fue inscrita en la lista de la UNESCO en 2003: una "Ley Valparaíso" con financiamiento estatal garantizado para la restauración y la creación de una zona franca cultural en el deteriorado Barrio Puerto. "Lamentablemente no ha contado hasta la fecha con los recursos y voluntades políticas para ser implementados", sentenció Kaplan, subrayando que el compromiso adquirido por el Estado de Chile ante el mundo sigue siendo una deuda pendiente.
El tema de Valparaíso no está cerrado; ha evolucionado hacia una crisis más compleja. El mega robo al banco Itaú demostró que las soluciones cosméticas son insuficientes frente a problemas estructurales. La ciudad se encuentra en una encrucijada crítica. Por un lado, la inseguridad y el crimen organizado amenazan con devorar el tejido social y económico. Por otro, la resiliencia de sus comunidades, el potencial de sus universidades y la vitalidad de su escena cultural se resisten a desaparecer.
Los eventos de los últimos tres meses han dejado claro que Valparaíso no puede salvarse a sí misma con esfuerzos aislados. La discusión ya no es solo sobre basura, rayados o comercio informal. Es sobre la presencia efectiva del Estado, la necesidad de una estrategia de inversión a largo plazo y la urgencia de un pacto político y social que decida si la "Joya del Pacífico" será recordada como un patrimonio vivo o como el monumento a una oportunidad perdida.
2025-07-01