El Impuesto a la Confianza: Cómo el Caso Etcheberry Redefinió el Contrato Fiscal en Chile

El caso de Javier Etcheberry, el director del Servicio de Impuestos Internos (SII) que no pagó contribuciones durante nueve años, no fue solo una crisis personal o un error administrativo. Fue el detonante que expuso una fractura profunda en el contrato fiscal de Chile. El evento no creó el problema de la desconfianza; simplemente lo hizo innegable. La pregunta que queda, meses después de su renuncia, ya no es sobre la falta de un individuo, sino sobre el futuro de un sistema que demostró ser opaco, anticuado y desigual.

El Futuro Institucional: Del Secreto a la Transparencia Forzada

El Servicio de Impuestos Internos enfrenta su desafío más grande en décadas: reconstruir la credibilidad. El sucesor de Etcheberry no tendrá otra opción que liderar una transformación radical.

• A corto plazo (1-2 años): La nueva dirección del SII se verá obligada a realizar auditorías internas exhaustivas sobre los procesos de avalúo fiscal. La Contraloría General de la República mantendrá una vigilancia estricta, no solo sobre el SII sino también sobre las municipalidades, cuya corresponsabilidad en la fiscalización quedó en evidencia. Veremos una campaña comunicacional intensa para mostrar un "nuevo SII", más cercano y transparente. Sin embargo, la confianza no se recuperará con publicidad, sino con hechos.

• A largo plazo (3-5 años): El modelo de "caja negra" para calcular las contribuciones es insostenible. La presión ciudadana y política forzará al SII a migrar hacia un sistema de datos abiertos para los avalúos fiscales. Cualquier ciudadano podrá consultar, con datos anonimizados, los criterios y valores aplicados en su zona, comparando su propiedad con otras similares. Esto transformará la dinámica: de una imposición vertical a una fiscalización más horizontal y discutible. La institución deberá invertir en tecnología y en capacitar a sus funcionarios para gestionar un diálogo con contribuyentes mucho más informados y empoderados.

El Futuro Político: La Reforma Inevitable

El caso Etcheberry cambió el eje del debate tributario en el Congreso. La discusión ya no se centra únicamente en la necesidad de recaudar más, sino en la legitimidad de cómo se recauda.

• A corto plazo (1-2 años): Cualquier intento de reforma tributaria que implique alzas de impuestos enfrentará un muro de escepticismo. La oposición usará el caso como argumento central: "¿Cómo pedir más recursos si el Estado no es capaz de cobrarle a sus propias autoridades?". El gobierno se verá forzado a priorizar una modernización del impuesto territorial como condición previa para cualquier otra discusión fiscal. El proyecto de ley será técnico, pero su trasfondo será profundamente político: restaurar el principio de igualdad ante la ley.

• A largo plazo (3-5 años): La ley sobre impuesto territorial, casi centenaria, será reformada. Los puntos clave de la nueva legislación probablemente incluirán criterios de avalúo claros y públicos, mecanismos de reclamación más simples y accesibles, y exenciones o rebajas para la vivienda principal, especialmente para adultos mayores y sectores vulnerables. El "factor Etcheberry" se convertirá en un principio informal en la legislación: ninguna autoridad podrá beneficiarse de la complejidad o los vacíos del sistema que administra.

El Futuro del Contribuyente: Del Cinismo a la Exigencia

El impacto más duradero del caso se verá en la cultura tributaria de los chilenos. La relación entre el ciudadano y el fisco ha cambiado permanentemente.

• A corto plazo (1-2 años): Se observará un aumento del escepticismo y la fiscalización ciudadana. Más personas revisarán con lupa sus liquidaciones de contribuciones y utilizarán los canales de reclamo. El argumento "si el director del SII no pagó, ¿por qué yo debo ser tan estricto?" podría erosionar el cumplimiento voluntario, obligando al SII a endurecer sus fiscalizaciones masivas para evitar una caída en la recaudación.

• A largo plazo (3-5 años): Emergerá un contribuyente más crítico y demandante. La idea de que el pago de impuestos es un deber cívico seguirá vigente, pero ahora estará condicionada a que el Estado demuestre justicia y eficiencia. Organizaciones de la sociedad civil y estudios de abogados se especializarán en litigación tributaria territorial, generando una nueva dinámica de contrapesos. El contrato fiscal ya no será un acto de fe, sino una negociación constante basada en la transparencia. El verdadero impuesto que dejó el caso Etcheberry es el que pagó la confianza, y reconstruirla definirá el éxito o fracaso del sistema fiscal chileno en la próxima década.