Meiggs se Quema: Crónica de un territorio abandonado al crimen y la desidia institucional
El Fuego como Punto Final (y Seguido)
La noche del 1 de agosto, mientras dieciséis compañías de Bomberos combatían un voraz incendio que consumía bodegas en la esquina de Toesca con Bascuñán Guerrero, las llamas parecían ser algo más que un siniestro. Eran la culminación física y simbólica de un mes en que el Barrio Meiggs, corazón comercial de Santiago, ardió en una crisis de violencia, fallas institucionales y una palpable sensación de abandono. Lo que comenzó a principios de julio con agresiones y un apuñalamiento, terminó con un territorio en llamas, reflejando una herida social y de seguridad que sigue abierta.
Crónica de un Colapso Anunciado: De la Calle a los Tribunales
Para entender el incendio, hay que retroceder al 9 de julio. Ese día, la tensión latente se desbordó cuando inspectores municipales y carabineros fueron expulsados a golpes y fierrazos por comerciantes ambulantes durante una fiscalización. Horas después, un hombre de nacionalidad extranjera era apuñalado en la misma zona, quedando en riesgo vital. La reacción no se hizo esperar. José Pakomio, presidente de la Cámara Nacional de Comercio (CNC), diagnosticó la situación como una “tormenta perfecta”, advirtiendo sobre el déficit de carabineros, las limitadas facultades de los guardias y una escalada de violencia. “Es una zona donde no se percibe la presencia del Estado”, sentenció, haciendo un llamado a “dejar de romantizar este tipo de comercio”.
El comercio informal, un fenómeno complejo que mezcla la necesidad económica de muchos —en un contexto donde el sueldo mínimo recién se reajustaba a $529.000— con la operación de mafias, mostraba su cara más violenta. La respuesta institucional, sin embargo, demostraría ser aún más frágil.
La Falla Sistémica: Un Sicario Libre y un Estado en Evidencia
El punto de inflexión ocurrió el 15 de julio, cuando el país supo que Osmar Alexander Ferrer Ramírez, imputado por el asesinato de un empresario en el mismo barrio y vinculado al Tren de Aragua, había sido liberado de la cárcel Santiago 1 por un error judicial. La noticia provocó un terremoto político. La candidata presidencial Evelyn Matthei habló de “negligencia inexcusable o corrupción manifiesta”, mientras que Johannes Kaiser calificó el hecho de “inaceptable”, apuntando directamente al Poder Judicial.
La confusión se profundizó días después. El 18 de julio se reveló que “Osmar Ferrer” era solo un alias. La verdadera identidad del prófugo era Alberto Carlos Mejía Hernández, un joven venezolano de 18 años que había ingresado irregularmente al país. Este nuevo error desnudó otra capa del problema: la dificultad del Estado para identificar y rastrear a miembros de organizaciones criminales que operan con identidades falsas.
La Anatomía de la Fuga: Impunidad a Precio de Oro
La historia de la fuga de Mejía Hernández es el retrato de la impotencia estatal frente a la eficiencia del crimen organizado. Menos de 48 horas después de salir de prisión, y antes de que se emitiera una orden de captura internacional, el sicario ya había huido de Chile. La investigación de la Fiscalía reveló una operación rápida y bien financiada: Mejía pagó cerca de $2.5 millones en efectivo a un taxista de aplicación para que lo llevara desde Santiago hasta Iquique. Desde allí, se movilizó a Arica y cruzó a Perú por el paso no habilitado de Chacalluta.
La ruta de escape, conocida por ser utilizada por otros miembros del Tren de Aragua, demostró la existencia de una red de apoyo logística y financiera que contrasta brutalmente con la cadena de errores y la lenta reacción de las instituciones chilenas. Mientras el sistema se enredaba en culpas cruzadas entre el Poder Judicial y Gendarmería, el responsable ya estaba fuera del alcance de la justicia chilena.
Un Territorio en Disputa y un Futuro Incierto
El incendio del 1 de agosto no fue el inicio ni el fin, sino la manifestación más visible de un problema que sigue latente. Barrio Meiggs es hoy un microcosmos de las tensiones que recorren Chile: la precariedad económica que alimenta la informalidad, la creciente audacia del crimen organizado, la desconfianza ciudadana en las instituciones y la aparente incapacidad del Estado para imponer el orden y garantizar la seguridad.
El tema no está cerrado. El sicario sigue prófugo, la investigación sobre su liberación continúa y los comerciantes de Meiggs, tanto formales como informales, viven en una incertidumbre constante. La pregunta que queda flotando, tan densa como el humo de aquel incendio, es si el Estado será capaz de recuperar este territorio o si Meiggs es solo el primer ejemplo de una nueva y más compleja realidad de seguridad que el país deberá enfrentar.