El 16 de junio de 2025, sin previo aviso, la señal de Telecanal, un actor marginal en la televisión chilena, fue reemplazada por la programación ininterrumpida de Russia Today (RT) en español. Lo que a primera vista parecía una simple transacción comercial entre un canal en apuros y un proveedor de contenido internacional, es en realidad un evento geopolítico de primer orden. Chile se ha convertido, de la noche a la mañana, en un campo de pruebas para la nueva guerra fría informativa.
La operación fue ejecutada con una calculada ambigüedad. La Embajada de Rusia en Santiago calificó el hecho como una contribución a la “diversidad de expresión”, y su embajador, Vladimir G. Belinsky, afirmó haberse enterado “por la TV”, enmarcando el acuerdo como un negocio privado del cual desconocía los detalles. Sin embargo, esta narrativa comercial choca con la naturaleza de RT: un medio financiado directamente por el Kremlin, considerado un brazo de su política exterior y prohibido en la Unión Europea y Canadá por difundir propaganda y desinformación.
Las reacciones políticas no tardaron. Mientras la derecha parlamentaria (UDI) acudió al Consejo Nacional de Televisión (CNTV) para denunciar una amenaza a la soberanía, figuras de la izquierda (Partido Comunista) celebraron la llegada de una nueva voz como un contrapeso a la concentración mediática. El tablero se polarizó instantáneamente, demostrando que la señal de RT no solo transmite noticias, sino que también proyecta y amplifica las divisiones existentes en la sociedad chilena.
La presencia de RT en la parrilla abierta inaugurará una etapa de tensión regulatoria y política. El futuro inmediato se definirá por la respuesta de las instituciones. Se abren dos escenarios probables.
Escenario A: La regulación reactiva. El CNTV, limitado por una legislación que no anticipó este tipo de situaciones, opta por una fiscalización pasiva. Actuará solo ante denuncias ciudadanas por contenidos específicos que infrinjan la normativa, como el tratamiento de la violencia o la protección de menores. Bajo este modelo, RT se consolidará como un canal de nicho, pero con una plataforma de alcance nacional. Su línea editorial, previsiblemente crítica con la política exterior de Estados Unidos y favorable a los aliados de Rusia en América Latina, se convertirá en una fuente de argumentos para sectores políticos afines. En un año electoral o durante una crisis social, su cobertura podría tener un impacto desproporcionado, no por su sintonía masiva, sino por su capacidad de fijar temas y encuadrar debates en redes sociales y círculos politizados.
Escenario B: El foco en la estructura. La investigación sobre la propiedad de Telecanal, y sus presuntos vínculos con el holding mexicano Albavisión (dueño de La Red), cobra protagonismo. Si la Fiscalía Nacional Económica o el CNTV logran demostrar una propiedad cruzada ilegal, las sanciones serían estructurales, no editoriales. Este camino desviaría el debate desde la peligrosa discusión sobre censura hacia la necesaria conversación sobre la transparencia y los límites a la concentración de medios. Aunque no sacaría a RT del aire necesariamente, sentaría un precedente sobre la fiscalización de los dueños reales del espectro televisivo, un tema históricamente opaco en Chile.
A largo plazo, la llegada de RT obligará a Chile a tomar una definición estratégica sobre su soberanía mediática. La inacción o una respuesta débil darán paso a un futuro de mayor fragmentación y vulnerabilidad.
El futuro fragmentado. La normalización de RT como un actor más del ecosistema podría incentivar a otras potencias a seguir el mismo camino. Canales estatales como CGTN de China podrían buscar acuerdos similares con otros operadores locales en dificultades económicas. El resultado sería una televisión abierta convertida en un mosaico de influencias estatales extranjeras, cada una promoviendo su propia agenda geopolítica. Para la audiencia, esto significaría una mayor erosión de la confianza y un repliegue hacia burbujas informativas ideológicamente seguras, dificultando aún más la construcción de consensos básicos.
El futuro soberano-regulado. Por el contrario, el “caso RT” puede actuar como el catalizador para una modernización de la legislación de medios. El debate público podría empujar una reforma que exija, por ejemplo, total transparencia sobre el financiamiento y la propiedad de los concesionarios, especialmente cuando hay estados extranjeros involucrados. No se trataría de prohibir, sino de informar. Una leyenda permanente en pantalla que indique “Este canal es financiado por el Gobierno de la Federación Rusa” cambiaría las reglas del juego. Fomentaría una recepción más crítica por parte de la audiencia y establecería un estándar de transparencia aplicable a todos los actores, nacionales y extranjeros. Este camino no elimina la influencia, pero sí dota a la ciudadanía de mejores herramientas para identificarla y procesarla.
En síntesis, la irrupción de RT no es una anécdota. Es el desembarco en Chile de una disputa global que se libra en el campo de la información. La pregunta estratégica para el país ya no es si se debe permitir o no la señal, sino qué marco regulatorio se construirá para gestionar un futuro donde la televisión abierta ha dejado de ser un espacio exclusivamente nacional para convertirse en un frente más de la geopolítica mundial.