¿Qué pasa con el litio?: El acuerdo Codelco-SQM avanza en lo legal pero se estanca en un debate nacional sobre el futuro de Chile

La pregunta ya no es si habrá acuerdo, sino qué acuerdo y a qué costo

Lo que hace poco más de dos meses se presentó como un hito histórico —la asociación entre la estatal Codelco y la privada SQM para explotar el litio del Salar de Atacama hasta 2060— ha madurado hasta convertirse en un campo de batalla que definirá mucho más que el futuro de un mineral. Hoy, el pacto avanza por un carril técnico-legal mientras, en paralelo, se atasca en un denso pantano político, social y ambiental. La discusión ha dejado de ser sobre la conveniencia económica inmediata para transformarse en una pregunta fundamental sobre el modelo de desarrollo de Chile.

¿Por qué un acuerdo directo y no una licitación?

El núcleo de la controversia reside en la decisión del gobierno de optar por una negociación directa en lugar de una licitación pública internacional. Desde el Ejecutivo y Codelco, la defensa es pragmática: la asociación garantiza la continuidad operacional sin interrupciones a partir de 2031 (cuando vence el contrato actual de SQM), asegura para el Estado una participación mayoritaria (50% + 1 acción) y aprovecha la experiencia y tecnología ya instalada de SQM, generando ingresos fiscales inmediatos y sostenidos, que se estiman en un 85% del margen operacional desde 2031.

Sin embargo, esta lógica se enfrenta a un muro de escepticismo. La crítica, que une a figuras tan disímiles como la candidata presidencial del oficialismo, Jeannette Jara (PC), y su contendora de Chile Vamos, Evelyn Matthei, argumenta que un acuerdo "entre cuatro paredes" impide saber si se podría haber obtenido una mejor oferta para el país. La Cámara de Diputados se sumó a esta visión, aprobando por una abrumadora mayoría de 96 votos un informe que solicita dejar sin efecto el contrato, acusando falta de transparencia y un posible perjuicio fiscal. Un grupo de parlamentarios incluso acudió a la Contraloría para que se pronuncie sobre la legalidad del pacto.

Las tres arenas del conflicto

El debate se libra simultáneamente en tres frentes con lógicas y actores distintos:

1. La arena política y electoral: La irrupción del acuerdo en la carrera presidencial ha sido total. Jeannette Jara, tras su victoria en las primarias, ha sido enfática: si el acuerdo no está completamente cerrado al asumir un eventual gobierno, buscará "otro camino". Su postura refleja una desconfianza histórica de su sector hacia SQM, vinculada a su origen en dictadura y a casos de financiamiento irregular de la política. Por su parte, Evelyn Matthei ha calificado el pacto como poco transparente y ha exigido una licitación, alineándose con la postura de la Cámara. Este consenso transversal en la crítica, aunque por motivaciones diferentes, ha puesto al acuerdo en una posición de fragilidad política, dependiendo casi exclusivamente del cronograma administrativo para consolidarse antes de un cambio de gobierno.

1. La arena social y territorial: En el Salar de Atacama, el proceso de consulta indígena liderado por Corfo es el epicentro de las tensiones. Para las 18 comunidades del Consejo de Pueblos Atacameños (CPA) y otras asociaciones, la discusión va más allá de los beneficios económicos. Sus preocupaciones centrales son la sostenibilidad del frágil ecosistema del salar, el futuro del recurso hídrico y la exigencia de una gobernanza que les otorgue un rol real en la supervisión ambiental y la toma de decisiones. Aunque el proceso de consulta avanza —con diálogos segmentados entre las comunidades del borde sur (más cercanas a la operación) y las aledañas—, el resultado es incierto. Como señaló un análisis de La Tercera, el proceso es "difícil, pero avanza", aunque no está obligado a terminar con la aprobación de las comunidades, sino con la demostración de que se actuó "de buena fe".

1. La arena técnico-legal y financiera: A pesar del "barro político", las empresas siguen cumpliendo las condiciones previas. La Comisión Chilena de Energía Nuclear (CChEN) ya autorizó la cuota de extracción para Minera Tarar (filial de Codelco) a partir de 2031, un paso clave. Sin embargo, persisten obstáculos significativos: la aprobación de los reguladores antimonopolio de China y la resolución de una investigación "no pública" de la SEC (el regulador de valores de EE.UU.) sobre SQM. A esto se suma la presión del mercado: la agencia Moody"s recientemente cambió la perspectiva de la calificación de SQM a "negativa", citando la caída de los precios del litio y el aumento de la deuda de la compañía, un recordatorio de la volatilidad del negocio.

Estado actual: Una carrera contra el tiempo y la desconfianza

El acuerdo Codelco-SQM está en una encrucijada. Por un lado, avanza con una lógica técnica que busca asegurar para Chile una posición de liderazgo en la producción de litio. Por otro, se enfrenta a una profunda crisis de legitimidad que cuestiona no solo los términos del negocio, sino el modelo mismo de colaboración público-privada con un actor como SQM.

El tema ha dejado de ser un asunto de expertos para convertirse en un debate nacional. La resolución de este conflicto —ya sea a través de la consolidación del acuerdo antes de fin de año o su revisión por un nuevo gobierno— marcará un precedente sobre cómo Chile gestionará sus riquezas naturales, equilibrará el desarrollo económico con la justicia ambiental y social, y enfrentará los fantasmas de su propia historia.