El Estado ya no se Confía a sí Mismo:Cómo un Error Judicial Redefine la Seguridad Nacional

La fuga de Alberto Mejía Hernández, el sicario liberado por un error judicial en julio de 2025, no fue solo la historia de un criminal que burló al sistema. Fue la señal inequívoca de que las instituciones del Estado chileno habían perdido la capacidad de operar coordinadamente. Lo que comenzó como un fallo en la comunicación electrónica entre un tribunal y una cárcel, ha escalado en pocas semanas a un debate que definirá la arquitectura de la seguridad nacional para la próxima década.

El evento expuso una verdad incómoda: el Estado no confía en sus propias partes. El Poder Judicial culpa a Gendarmería, Gendarmería se ampara en el cumplimiento de una orden, y el poder político se ve forzado a intervenir en un conflicto que revela grietas profundas. Este colapso de la confianza interna proyecta una evolución en tres fases.

Fase 1: La Crisis de la Culpa (2025-2026)

El corto plazo estará dominado por la búsqueda de responsables. La investigación administrativa y penal sobre la fuga se convertirá en un campo de batalla institucional. Cada poder del Estado —Judicial, Ejecutivo, Legislativo— buscará blindarse, generando una defensa corporativa que impedirá un diagnóstico honesto y rápido. Veremos a jueces defendiendo la autonomía de sus procedimientos, a Gendarmería argumentando la obediencia debida y a los políticos usando el caso como arma electoral.

La oposición, liderada por figuras como Evelyn Matthei, ya instaló el marco: esto no es un error, es infiltración del crimen organizado. Esta narrativa, sea precisa o no, tiene un fuerte eco en una ciudadanía atemorizada. El llamado a convocar al Cosena fue solo el primer paso. La demanda por soluciones de fuerza y control se tomará la agenda, presionando a cualquier gobierno a actuar de forma drástica, incluso si las soluciones son más cosméticas que estructurales. El caso se convertirá en un símbolo de la supuesta incapacidad del Estado para enfrentar amenazas complejas, alimentando el apoyo a discursos de orden y mano dura de cara a las próximas elecciones.

Fase 2: El Arreglo Tecnocrático (2026-2028)

La respuesta a la crisis de confianza no será un pacto político, sino una solución tecnológica. Impulsado por un nuevo ciclo político con un mandato claro en seguridad, el Estado buscará reemplazar los frágiles eslabones humanos con sistemas automatizados. Se proyectan dos grandes reformas:

1. La Plataforma Judicial Unificada: Se implementará un nuevo sistema de gestión digital para los tribunales. Este sistema, probablemente basado en tecnología de registros inmutables como blockchain, buscará crear una trazabilidad total de cada orden judicial. La idea es simple: eliminar la ambigüedad y el "error humano". Cada decisión, modificación o anulación quedará registrada de forma indeleble. El objetivo es que una fuga como la de Mejía sea, en teoría, imposible.

1. El Sistema Integrado de Fronteras e Inteligencia (SIFI): La denuncia del gobernador de Arica sobre instituciones que operan como "islas" forzará la creación de una base de datos centralizada y de consulta obligatoria para todas las fuerzas de seguridad y control fronterizo. Carabineros, PDI, Ejército, Aduanas y hasta el Registro Civil deberán alimentar y consultar en tiempo real este sistema. Una persona controlada en una carretera en Arica será cruzada instantáneamente con registros judiciales de Santiago. La tecnología se convertirá en el árbitro que obligue a las instituciones a conversar.

El principal factor de incertidumbre aquí es si la tecnología podrá superar la cultura de secretismo y competencia entre agencias. Además, estos sistemas centralizados crearán nuevas y atractivas vulnerabilidades para ciberataques sofisticados.

Fase 3: El Nuevo Equilibrio de la Desconfianza (2028 en adelante)

A largo plazo, el legado del caso Mejía será una redefinición de la relación entre el ciudadano y el Estado. La implementación de una vigilancia tecnológica más intensa, justificada por la necesidad de seguridad, se normalizará. La privacidad se convertirá en un bien transable por una percepción de mayor protección.

El Estado, habiendo demostrado su falibilidad, sobrecompensará con control. Pero este nuevo paradigma no eliminará el problema de fondo. El crimen organizado se adaptará, pasando de la corrupción de funcionarios de bajo nivel a ataques cibernéticos contra la nueva infraestructura digital o al uso de identidades sintéticas imposibles de rastrear.

La discusión pública ya no será sobre la existencia del crimen, sino sobre la gestión del aparato de vigilancia. ¿Quién controla el SIFI? ¿Cómo se protege la data de los ciudadanos de usos políticos? El Estado, al no confiar en sí mismo, construyó un sistema para vigilarse. La pregunta futura será quién vigila a los vigilantes. La fuga de un sicario no solo rompió la confianza pública; obligó al Estado a construir una jaula tecnológica para sí mismo, un sistema cuyo verdadero costo en libertades y nuevos riesgos apenas comenzamos a vislumbrar.