Un proyecto minero es rechazado en Antofagasta: El poder se desplaza desde la capital a los territorios

El “No” que resuena en el desierto

El pasado 1 de agosto, la Comisión de Evaluación Ambiental (Coeva) de Antofagasta votó en contra del proyecto de potasio y nitratos “NX”, del grupo Errázuriz. La decisión puso fin, al menos temporalmente, a una tramitación de 16 años y una inversión proyectada de más de 200 millones de dólares. Para la empresa, fue una resolución “sesgada” que ignoró el visto bueno técnico de la Dirección General de Aguas (DGA), un argumento que ahora llevarán a las cortes. Para muchos observadores, sin embargo, la caída de NX no es una anomalía, sino el síntoma más reciente de un profundo cambio en el mapa del poder en Chile.

A más de dos meses de la votación, con la batalla legal ya en marcha, el evento ha madurado para revelar su verdadero significado: la consolidación de un nuevo eje de poder donde las decisiones sobre el desarrollo ya no se toman exclusivamente en las oficinas de Santiago, sino en los territorios, con la participación activa de comunidades y organismos regionales que exigen un nuevo estándar.

Crónica de un rechazo: ¿Técnica vs. Política?

La historia del proyecto NX es un laberinto burocrático. Su titular, Marcelo Valdebenito, gerente de asuntos corporativos, argumentó que la decisión de la Coeva “incumple un fallo judicial” y desestima la evidencia técnica, basando el rechazo en un permiso sectorial del Sernageomin. La compañía defiende haber cumplido con todas las normativas, incluido un complejo modelo hidrogeológico aprobado por la DGA, el organismo competente en la materia. “Este rechazo debilita la confianza en el sistema de evaluación ambiental”, sentenció Valdebenito, apuntando a una supuesta falta de certeza jurídica para la inversión.

Sin embargo, la perspectiva desde la institucionalidad ambiental es otra. La Coeva, compuesta por autoridades regionales, ejerce una facultad que va más allá de la suma de informes técnicos. Su rol es ponderar el impacto integral de un proyecto en un ecosistema y una comunidad específicos. El rechazo, en este contexto, se interpreta como una señal de que la viabilidad técnica no es suficiente si no se garantiza la protección ambiental y la compatibilidad con la vocación del territorio, una zona ya tensionada por la actividad minera y la escasez hídrica.

El eco del conflicto: Un patrón nacional

El caso de Potasio NX no ocurre en el vacío. Es el último eslabón de una cadena de disputas que están redibujando la relación entre inversión y territorio en Chile.

• Ciencia vs. Energía: A fines de mayo, los principales observatorios astronómicos internacionales con presencia en Chile formaron una alianza inédita, el “Consejo de los Cielos Oscuros”, para oponerse al megaproyecto de hidrógeno verde INNA, de AES Chile. Su argumento no era económico, sino científico: la contaminación lumínica y las vibraciones del proyecto amenazaban la calidad de los cielos de Atacama, un patrimonio mundial. La empresa, por su parte, aseguró cumplir con la normativa y calificó la petición de reubicar el proyecto como una solicitud implícita de cancelación.

• Pesca vs. Desalinización: En julio, los pescadores artesanales de Pichicuy, en la región de Valparaíso, anunciaron una ofensiva judicial contra el proyecto de planta desaladora de Green Water La Ligua SPA. Acusaron a la empresa de actuar “de espaldas a las comunidades” y de no haber realizado una consulta previa adecuada, un error que, según sus abogados, es inaceptable en el Chile post-acuerdo de Escazú. Este conflicto refleja la creciente tensión en el borde costero, donde la minería y otras industrias buscan en el mar la solución a la crisis hídrica, como lo demuestra el informe de Cochilco que proyecta un aumento del 145% en el consumo de agua desalada para 2034.

• Regulación vs. Incumplimiento: También en julio, la Superintendencia de Medio Ambiente (SMA) formuló cargos graves contra la Compañía Minera del Pacífico (CMP) en Huasco, una histórica “zona de sacrificio”, por incumplir el Plan de Prevención Atmosférica. Esta acción fiscalizadora subraya el rol cada vez más activo de los organismos ambientales en hacer cumplir las normativas vigentes, más allá de la aprobación inicial de los proyectos.

Estos casos demuestran que el poder de veto o de influencia se ha diversificado. Ya no son solo las comunidades indígenas las que defienden sus tierras, sino también sindicatos de pescadores, la comunidad científica y los propios organismos regionales, quienes utilizan herramientas legales y la presión pública para hacer valer sus intereses.

La otra vía: ¿Es posible la colaboración?

Frente al paradigma del conflicto, surgen modelos alternativos que buscan un camino de encuentro. Un ejemplo notable es el de Kuska Minerals, la empresa conjunta formada en junio entre la minera canadiense Wealth Minerals y la comunidad quechua de Ollagüe para un proyecto de litio. Inspirados en el modelo de las “First Nations” de Canadá, el acuerdo otorga a la comunidad un 5% de la propiedad y un asiento en el directorio, garantizando transparencia y participación directa en las decisiones.

Este modelo, sin embargo, no es una panacea. A pesar del acuerdo y de una inversión significativa, el proyecto Kuska enfrenta su propio obstáculo: la incertidumbre regulatoria. El gobierno no acogió su solicitud para un Contrato Especial de Operación de Litio (CEOL) en la vía rápida, argumentando que no cumplían con el porcentaje de pertenencias en el polígono definido por el Estado, un criterio que ni la empresa ni la comunidad comprenden del todo. “Me costaría entender que se favoreciera a alguien que no ha hecho toda la inversión y trabajo como nosotros”, declaró Francisco Lepeley, CEO de la firma.

Un debate abierto

El rechazo del proyecto NX ha cristalizado una tensión fundamental en el Chile actual. Por un lado, la necesidad de atraer inversiones que generen empleo y recursos fiscales. Por otro, la demanda ciudadana y regional por un desarrollo que sea sostenible, respetuoso con el medio ambiente y que no sacrifique el bienestar de las comunidades locales en el altar del crecimiento económico.

La historia de Potasio NX no ha terminado; su futuro se decidirá en los tribunales ambientales y, posiblemente, en la Corte Suprema. Su veredicto final sentará un precedente crucial. Mientras tanto, el debate sigue abierto y es más pertinente que nunca: ¿Cómo construirá Chile su futuro? ¿A través de la judicialización de los conflictos o mediante la construcción de nuevos pactos sociales y modelos de gobernanza territorial que equilibren desarrollo y soberanía local? El desierto de Atacama, una vez más, se convierte en el escenario donde se define el porvenir del país.