El Estado se fiscaliza a sí mismo y reprueba: La cascada de escándalos que destapó una crisis sistémica de confianza

Hace poco más de dos meses, Chile fue sacudido por una ráfaga de escándalos que pusieron en jaque la probidad de sus instituciones. Lo que comenzó como una investigación sobre el mal uso de licencias médicas, pronto derivó en una avalancha de revelaciones que salpicaron a gobiernos regionales, al Congreso, a la cúpula del Servicio de Impuestos Internos y a Gendarmería. Hoy, con la inmediatez noticiosa ya decantada, el panorama que emerge es más complejo que una simple suma de irregularidades: es el retrato de un Estado fracturado, donde los mecanismos de control parecen superados y la confianza ciudadana ha sido la principal damnificada.

El privilegio como norma: De las licencias masivas al Congreso

El primer gran golpe provino de la Contraloría General de la Repúbica. El informe que reveló que más de 25.000 funcionarios públicos viajaron fuera del país mientras hacían uso de licencias médicas entre 2023 y 2024 no solo expuso un fraude masivo, sino que le puso una cifra alarmante. La contralora Dorothy Pérez fue categórica ante el Senado: se estaba perdiendo el equivalente a "un hospital al mes", unos 30 millones de dólares mensuales. El gasto total del Estado en subsidios por incapacidad laboral en 2023 superó los $2,8 billones, casi un 1% del PIB.

Lo que parecía un abuso extendido pero anónimo, rápidamente encontró rostros en el poder legislativo. Un reportaje de investigación expuso cómo las diputadas Carmen Hertz (PC) y Ximena Ossandón (RN), entre otros parlamentarios, utilizaron semanas distritales y justificativos médicos para realizar viajes personales al extranjero, manteniendo intactas sus dietas. Aunque las normativas de la Cámara de Diputados son laxas y permiten estas prácticas sin sanción económica directa, la revelación conectó el comportamiento de la élite política con el fraude de miles de funcionarios, instalando la percepción de una cultura del privilegio transversal.

La reacción no se hizo esperar. Mientras alcaldes como los de Peñalolén, Ñuñoa y Santiago anunciaban querellas y sumarios masivos, la Federación Nacional de Trabajadores Municipales (Fentramuch) acusó a los ediles de vulnerar el debido proceso, emitiendo "opiniones tendenciosas" y solicitando destituciones inmediatas sin derecho a defensa. El conflicto dejó en evidencia una tensión fundamental: la necesidad de sancionar la corrupción versus el respeto a las garantías de los funcionarios.

La caja fiscal cuestionada: El GORE y los fondos sin control

En paralelo, el foco se posó sobre el Gobierno Regional (GORE) Metropolitano, liderado por Claudio Orrego. Una auditoría de Contraloría detectó el pago de más de $31 millones a una consultora por servicios de coaching que, según el ente fiscalizador, abordaron temáticas de su campaña de reelección, desviando fondos públicos para fines personales. La investigación escaló rápidamente al Ministerio Público, que incautó el celular y computador del gobernador, quien declaró voluntariamente en calidad de imputado, negando las acusaciones.

Este caso se sumó a las complicaciones derivadas del Caso ProCultura, donde Orrego mantiene un conflicto con una aseguradora por el no pago de boletas de garantía de un convenio fallido. Ambos episodios pusieron sobre la mesa la discrecionalidad y las débiles barreras de control en el traspaso de miles de millones de pesos desde los gobiernos regionales a corporaciones y fundaciones, un eco del "Caso Convenios" que estalló un año antes.

La oposición, liderada por el Partido Republicano, no tardó en articular una ofensiva para destituir a Orrego ante el Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel), un movimiento que, si bien aún no se concreta, mantiene la presión sobre una de las figuras políticas más visibles del país.

La cúpula en la mira: Cuando los fiscalizadores fallan

Quizás el golpe más simbólico a la confianza pública provino de quienes debían ser sus máximos garantes. A mediados de julio, se reveló que Javier Etcheberry, Director del Servicio de Impuestos Internos (SII), no había pagado durante nueve años las contribuciones correspondientes a una ampliación no regularizada de su vivienda en Paine. La ironía fue devastadora: la cabeza del organismo fiscalizador más importante del país aparecía eludiendo un impuesto territorial.

Inicialmente, Etcheberry atribuyó la situación a trabas en la municipalidad, pero el municipio de Paine desmintió su versión, aclarando que los permisos fueron rechazados por observaciones técnicas no subsanadas por el propietario. La presión política y de las propias asociaciones de funcionarios del SII fue insostenible. Tras anunciar que pagaría la totalidad de la deuda, renunciando a la prescripción legal de tres años, Etcheberry presentó su renuncia. Su salida fue un punto de inflexión, provocando que varios ministros del gabinete del Presidente Boric se apresuraran a regularizar sus propias deudas de contribuciones.

La crisis de confianza en los altos mandos se extendió a Gendarmería. La Contraloría acusó a la institución de entregar información incompleta sobre los funcionarios involucrados en el fraude de licencias. Casi simultáneamente, trascendió que su director nacional, Sebastián Urra, había autorizado un traslado "exprés" para su hermano, también gendarme, en un aparente acto de nepotismo que contraviene el deber de abstención.

Un debate sistémico y aún abierto

Dos meses después de la primera revelación, la cascada de escándalos ha decantado en un debate que trasciende a los individuos. En el Congreso se instaló una comisión investigadora para analizar el mal uso de licencias médicas, cuya primera citada fue la contralora Pérez. El Colegio Médico, por su parte, anunció que 75 de sus colegiados pasarán a tribunales de ética por emisión fraudulenta de licencias, arriesgando la expulsión del gremio.

Los procesos judiciales y sumarios administrativos siguen su curso y tardarán meses, o incluso años, en concluir. Sin embargo, la consecuencia más profunda ya es visible: una ciudadanía cuya percepción de la probidad estatal está por los suelos. La seguidilla de casos demostró que las fallas no son exclusivas de un sector político o un nivel jerárquico, sino que parecen estar incrustadas en la cultura de la administración pública. La pregunta que queda abierta no es solo cómo sancionar a los responsables, sino qué reformas estructurales son necesarias para que el Estado deje de reprobar sus propias fiscalizaciones.