El impuesto que desnudó a Chile: De un cobro técnico a una crisis de confianza que no paga contribuciones

El espejo de un país

Lo que comenzó hace unos meses como un ajuste técnico en el avalúo fiscal de las propiedades, un proceso periódico y burocrático, ha terminado por reflejar las fracturas más profundas de la sociedad chilena. La llamada “rebelión de las contribuciones” no es solo una disputa por un alza de impuestos. Es el síntoma de una desconfianza arraigada, un debate sobre la desigualdad que se niega a ser sepultado y la crónica de cómo la desconexión entre la élite y la ciudadanía puede implosionar, llevándose por delante la credibilidad de las propias instituciones que deben velar por el bien común.

Dos meses después de que los primeros contribuyentes recibieran notificaciones con alzas sorpresivas y, en algunos casos, cobros retroactivos, el tema ha madurado hasta convertirse en un caso de estudio sobre cómo un evento administrativo puede desnudar el alma de un país. La historia pasó de ser una queja ciudadana a un arma electoral, para finalmente estallar en un escándalo de probidad que dejó al gobierno en una posición incómoda y a la ciudadanía con más preguntas que respuestas.

La chispa: Un cobro que no cuadra con el bolsillo

Todo partió con el reavalúo fiscal de bienes raíces no agrícolas. Miles de chilenos, desde comerciantes del centro de Santiago hasta jubilados en barrios residenciales, vieron cómo el monto de sus contribuciones se disparaba. Un estudio de la consultora Colliers, publicado por BioBioChile, puso cifras a la angustia: en los últimos 15 años, el índice de contribuciones creció un 117%, mientras que las remuneraciones reales solo un 47%. Esta brecha, como señaló el vicepresidente de Colliers, Reinaldo Gleisner, “explica la angustia de los contribuyentes, el crecimiento permanente de las contribuciones por sobre el ingreso de las personas”.

Las críticas no tardaron en llegar. Cartas en el Diario Financiero denunciaban la aplicación de “cobros suplementarios” retroactivos y la falta de mecanismos de defensa. La percepción generalizada era la de un sistema arbitrario. Como afirmó el exdirector del SII, Ricardo Escobar, al mismo medio, se veía “al SII tratando de cobrar impuestos donde no debería”.

La caja negra: “¿Cómo calculan lo que debo pagar?”

El malestar ciudadano encontró un catalizador en la opacidad del sistema. Nadie parecía entender con claridad cómo el SII determinaba el nuevo valor de sus propiedades. Esta falta de transparencia motivó la intervención del Consejo para la Transparencia (CPLT), que exigió al SII, en un plazo de 10 días, aclarar sus metodologías, fuentes de información y los criterios para definir las “áreas homogéneas” que agrupan propiedades.

La abogada tributaria Constanza Hube, en una columna para el Diario Financiero, calificó el impuesto como “estructuralmente injusto” y calculado bajo “criterios que no son públicos, auditables ni fácilmente comprensibles”. Esta percepción de estar frente a una “caja negra” fue clave para que el descontento técnico se transformara en una crisis de confianza.

El campo de batalla político: ¿Impuesto para ricos o castigo a la clase media?

Con las elecciones en el horizonte, el debate se politizó rápidamente. Desde la oposición, la UDI propuso eximir del pago a la primera vivienda, una idea que fue matizada por su propia candidata presidencial, Evelyn Matthei. En una jugada que la distanció de su partido, Matthei reconoció la importancia de las contribuciones para financiar a los municipios más pobres, como La Pintana o Lo Espejo, y propuso en cambio congelar los avalúos y aplicar rebajas focalizadas en los adultos mayores.

El gobierno, por su parte, defendió el impuesto como una herramienta de justicia social. El Presidente Gabriel Boric, en declaraciones recogidas por El Informador Chile, afirmó que eliminarlo sería “injusto”, argumentando que “las contribuciones urbanas las paga solo el 20% más rico de la sociedad, y eso se distribuye a las comunas más pobres”. Esta línea argumental, sin embargo, chocaba con la realidad de muchas familias de clase media y jubilados que, sin ser ricos, veían sus finanzas ahogadas por el alza.

Se instalaron así dos visiones contrapuestas:

1. Una visión crítica: Las contribuciones son un impuesto al patrimonio, una suerte de “arriendo permanente al Estado” que no considera la capacidad de pago real y castiga a quienes han ahorrado toda una vida en su hogar. Esta postura fue defendida en columnas de opinión por figuras como Luis Riveros y Constanza Hube.
2. Una visión defensora: Es un impuesto progresivo, difícil de evadir, que financia bienes públicos locales y corrige desigualdades territoriales a través del Fondo Común Municipal (FCM). El académico Andrés Hernando, en La Tercera, argumentó que el problema no es el impuesto en sí, sino su diseño, y que la solución es “reformarlo con justicia, transparencia y sensibilidad social”, no eliminarlo.

La implosión: “Haz lo que yo digo, no lo que yo hago”

Cuando el debate técnico y político parecía haber alcanzado su máxima tensión, la historia dio un giro inesperado que la convirtió en un escándalo de probidad. Un reportaje de Cambio21 reveló que el director del SII, Javier Etcheberry —la misma autoridad que había afirmado que quienes reclamaban eran “el 20% más rico”—, no había pagado durante nueve años las contribuciones de una propiedad no regularizada en Paine. La justificación de que “ha estado años tratando de inscribirla” no hizo más que avivar las llamas.

Como sentenció una columna en CIPER, el caso representó un “colapso simbólico”. La máxima autoridad fiscalizadora se convertía en “un ícono involuntario de esa cultura nacional que normaliza la viveza”. El escándalo escaló días después cuando el mismo medio informó que siete ministros del gabinete también registraban deudas por contribuciones, lo que obligó al Ministro de Hacienda, Mario Marcel, a ordenarles públicamente que regularizaran su situación “de inmediato”.

Un debate que sigue abierto

La salida de Etcheberry de la dirección del SII y la puesta al día de los ministros morosos cerraron un capítulo, pero no la historia. El problema de fondo sigue intacto. El Congreso ha formado una Comisión Bicameral para analizar el avalúo de los predios agrícolas, señal de que el debate, lejos de agotarse, se expande.

La crisis de las contribuciones dejó de ser un asunto de números y se transformó en una pregunta sobre el pacto social. ¿Es justo el sistema tributario chileno? ¿Son transparentes las instituciones que lo administran? ¿Tienen las autoridades la legitimidad moral para exigir a los ciudadanos cumplir con deberes que ellos mismos eluden? Mientras estas preguntas no tengan una respuesta satisfactoria, la desconfianza seguirá siendo el impuesto más caro que paga el país.