La ‘Gran Factura Hermosa’ ya fue emitida:El presupuesto de Trump redefine la economía de EE.UU. y deja una deuda de US$3,4 billones a futuro
A más de dos meses de la promulgación de la “One Big Beautiful Bill”, la ley presupuestaria insignia del segundo mandato de Donald Trump, la euforia de la ceremonia del 4 de julio en la Casa Blanca ha dado paso a un análisis más crudo de sus consecuencias. Lo que fue presentado como una victoria política decisiva y el cumplimiento de una promesa de campaña, hoy se revela como un complejo experimento fiscal cuyas ramificaciones apenas comienzan a sentirse en los bolsillos de los ciudadanos, en la salud fiscal de la nación y en el tablero geopolítico global.
¿Qué es y qué hace realmente esta ley?
La narrativa en torno a la ley es un estudio de contrastes. Para la administración Trump y sus aliados republicanos, es la materialización de su agenda: una ley que reduce la carga tributaria para estimular la economía. Sus pilares son la extensión de los recortes de impuestos de 2017, la eliminación del impuesto a las propinas, un aumento en el gasto de defensa y control migratorio, y nuevas deducciones para la compra de automóviles y el trabajo extra. “Promesas hechas, promesas cumplidas”, declaró Trump al firmar la ley.
Sin embargo, para sus críticos, la estructura de la ley es profundamente regresiva. El financiamiento de estos beneficios proviene de recortes drásticos en programas sociales clave. Medicaid, el seguro de salud para personas de bajos ingresos, y el programa de asistencia alimentaria SNAP enfrentan reducciones millonarias. Además, se eliminan los incentivos fiscales para las energías renovables, beneficiando directamente a la industria de los combustibles fósiles. Esta dualidad ha provocado una fuerte oposición, no solo desde el Partido Demócrata, sino también de figuras inesperadas como el empresario Elon Musk, quien la calificó como un “gasto demencial” y amenazó con formar un nuevo partido político en respuesta.
La aritmética de la deuda: una bomba de tiempo fiscal
Más allá de la retórica política, los números ofrecen una perspectiva aleccionadora. La Oficina de Presupuesto del Congreso (CBO), una entidad no partidista, proyectó que la ley añadirá US$3,4 billones (millones de millones) al déficit de Estados Unidos durante la próxima década. Este cálculo se desglosa en una caída de ingresos de US$4,5 billones, compensada solo parcialmente por una reducción del gasto de US$1,1 billones.
Esta proyección pone en tela de juicio el discurso de responsabilidad fiscal del Partido Republicano. El propio presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, ha advertido que “la trayectoria fiscal de Estados Unidos no es sostenible”. Aunque la ley fue aprobada, la tensión entre la Casa Blanca y la Fed no ha disminuido, con Trump presionando públicamente a Powell para que baje las tasas de interés, una medida que, según economistas, podría agravar la inflación en un contexto de mayor gasto y menor recaudación.
El costo humano y el riesgo político
Las consecuencias de la ley no son solo fiscales. La CBO estima que cerca de 11,8 millones de personas perderán su cobertura de salud para 2034 debido a los recortes en Medicaid y los nuevos requisitos laborales para acceder al programa. Este impacto social directo ha convertido la ley en una medida impopular según diversas encuestas, generando preocupación incluso entre algunos legisladores republicanos que enfrentarán la reelección en 2026 en distritos vulnerables.
El analista y encuestador John Zogby señaló que, aunque la ley es una victoria para Trump en el corto plazo, podría generar una reacción electoral adversa. “Muchos miembros republicanos del Congreso (…) dicen que será muy difícil competir en distritos donde los ciudadanos han sufrido pérdidas de empleos y programas, donde la cobertura de salud está en riesgo, y donde hay mucha confusión”, escribió Zogby.
El eco global: ¿cómo afecta a Chile?
La política económica de Trump no opera en un vacío. Su enfoque confrontacional en el comercio y su defensa de las empresas tecnológicas estadounidenses generan ondas de choque en todo el mundo. Un análisis de Deloitte, publicado en Diario Financiero, advierte sobre un efecto inesperado para Chile. La agresividad con que Estados Unidos ha respondido a los impuestos sobre servicios digitales en otros países, como Canadá, podría poner en la mira el IVA a los servicios digitales que Chile aplica desde 2020.
Aunque la medida chilena busca “emparejar la cancha” entre proveedores locales y extranjeros, podría ser interpretada por Washington como una acción hostil contra sus gigantes tecnológicos. En un escenario de renegociación de aranceles, este impuesto podría convertirse en una moneda de cambio, demostrando cómo una decisión de política fiscal interna de Estados Unidos termina por reconfigurar las opciones y los riesgos para sus socios comerciales.
Un debate abierto
La “Gran Factura Hermosa” ya es ley, pero su historia está lejos de terminar. Ha dejado de ser un debate legislativo para convertirse en una realidad económica y social con consecuencias a largo plazo. La discusión ahora se centra en su sostenibilidad, su impacto en la desigualdad y su rol en las futuras batallas políticas, desde las elecciones de medio término hasta la inevitable negociación del techo de la deuda. La factura fue emitida, pero el costo final aún está por calcularse.