Gendarmería sin cabeza: La renuncia del director devela una crisis sistémica de corrupción, abusos y descontrol administrativo

A principios de julio, la renuncia del Director Nacional de Gendarmería, Sebastián Urra, sacudió la agenda pública. Sin embargo, para quienes seguían de cerca la turbulencia que vive la institución, la noticia no fue una sorpresa, sino la consecuencia inevitable de una crisis que venía madurando por meses. Lo que comenzó como una serie de incidentes aparentemente desconectados —un gendarme traficante, denuncias de abusos, un gallito con la Contraloría— terminó convergiendo en un punto crítico: la cabeza de la institución cayó por faltas a la probidad, dejando al descubierto grietas estructurales que amenazan la seguridad y la legitimidad del sistema penitenciario chileno.

La caída del Director: La probidad como último bastión

La salida de Sebastián Urra se gatilló por un hecho que, en el papel, parece una falta administrativa: haber visado el 3 de junio la permuta de su propio hermano, el sargento primero Marcos Urra, a la Región de Aysén. Este acto, que contraviene directamente la Ley de Bases de la Administración del Estado, fue la gota que rebalsó un vaso lleno de cuestionamientos previos a su gestión.

Fuentes del Ministerio de Justicia revelaron que la continuidad de Urra se volvió insostenible. La decisión de pedir su renuncia se tomó tras una reunión de urgencia con el ministro Jaime Gajardo, donde se le comunicó que la institución no podía ser liderada por alguien cuya probidad estaba en tela de juicio. Aunque se inició un sumario administrativo —que será instruido por la defensora nacional, Verónica Encina, para garantizar imparcialidad—, el daño político y a la confianza interna ya estaba hecho.

Políticos de oposición, como el diputado Juan Manuel Fuenzalida (UDI), calificaron la acción de Urra como “inaceptable” y la reacción del gobierno como “tardía”. Por su parte, el exdirector de Gendarmería, Tulio Arce, fue más allá, describiendo la gestión de Urra como “débil” y aislada, señalando que “trabajó muy solo, muy encerrado”. La renuncia, por tanto, no solo respondió a un acto de nepotismo, sino a una acumulación de episodios que ya habían erosionado su liderazgo.

Las grietas internas: Corrupción y abusos tras los muros

La crisis de liderazgo en Gendarmería no puede entenderse sin mirar hacia adentro, a los muros de las cárceles que la institución custodia. Dos meses antes de la caída de Urra, el 27 de mayo, un suboficial del penal Colina 1 fue detenido intentando ingresar una mochila con 24 celulares, droga y casi dos millones de pesos en efectivo. El hecho, que terminó con el funcionario en prisión preventiva, no es una anécdota, sino un síntoma de cómo las redes criminales han permeado a la propia institución encargada de combatirlas.

A esto se suman las denuncias por vulneración de derechos. El 9 de julio, otro suboficial fue detenido en Los Andes por el delito de apremios ilegítimos contra un recluso durante un operativo. La Asociación Nacional de Funcionarios Penitenciarios (ANFUP) reaccionó con cautela, pidiendo respeto a la presunción de inocencia pero reconociendo la gravedad del hecho. Este caso, junto al fallo de la Corte Suprema del 7 de julio que revirtió la decisión “inmotivada” de Gendarmería de restringir las visitas a Mauricio Hernández Norambuena, alias “comandante Ramiro”, dibuja una institución cuyas decisiones y procedimientos son cada vez más cuestionados, tanto por su violencia como por su arbitrariedad.

El desorden administrativo y el choque con la Contraloría

Si la corrupción y los abusos revelan una crisis moral, el enfrentamiento con la Contraloría General de la República expone un profundo desorden administrativo. A principios de julio, la contralora Dorothy Pérez acusó a Gendarmería de entregar información “incompleta” y con “funcionarios eliminados” en un informe sobre personal con licencia médica que había viajado fuera del país. La denuncia era grave: sugería un intento de encubrimiento.

Gendarmería respondió a través de un oficio, negando haber recibido observaciones formales y asegurando que ya había iniciado un sumario contra 207 funcionarios por este motivo. Sin embargo, el choque de versiones entre dos instituciones clave del Estado evidenció una falta de rigurosidad y transparencia que alimenta la desconfianza pública. Este episodio, sumado a la posterior renuncia de Urra, consolida la imagen de una institución sobrepasada, incapaz de fiscalizarse a sí misma con eficacia.

El futuro: ¿Reformas reales o eslóganes políticos?

Con la salida de Urra, Gendarmería enfrenta un futuro incierto bajo el mando del director subrogante, coronel Rubén Pérez. La crisis ha escalado al debate político, con el candidato presidencial José Antonio Kast proponiendo un plan que incluye la contratación de 5.000 nuevos gendarmes y la creación de 100.000 plazas penitenciarias.

La respuesta de la Asociación de Gendarmes (Agech) fue inmediata y escéptica. A través de un comunicado, exigieron al candidato aclarar “cómo pretende incorporar a 5.000 nuevos funcionarios” y cuál será el diseño de carrera funcionaria, advirtiendo que no aceptarán un “plan que se quede en eslogan”. Este llamado, extendido a todos los candidatos, refleja el sentir de los propios trabajadores: las soluciones no pueden ser meros anuncios de campaña, sino que deben abordar problemas estructurales como la falta de personal, las malas condiciones laborales y la ausencia de una verdadera política de rehabilitación.

La crisis de Gendarmería, por tanto, está lejos de resolverse con un cambio de director. Los eventos de los últimos meses han demostrado que los problemas son sistémicos. La pregunta que queda abierta es si el Estado chileno tendrá la capacidad y la voluntad política para impulsar una reforma profunda que transforme a Gendarmería en una institución proba, respetuosa de los derechos humanos y, como claman algunas voces expertas, enfocada en la rehabilitación y no solo en la contención del crimen.