El Reposo es un Privilegio, no un Derecho: El masivo fraude de licencias médicas obliga al Estado a redefinir la fe pública

A más de 90 días del estallido, el eco del escándalo por el uso indebido de licencias médicas en el sector público aún resuena. Lo que comenzó como un dato estadístico demoledor se ha transformado en un profundo cuestionamiento sobre la ética, el control y la confianza en las instituciones. La cifra inicial —25.078 funcionarios que viajaron fuera de Chile mientras debían guardar reposo— dejó de ser solo un número para convertirse en el síntoma de una enfermedad más compleja: la normalización de una falta que erosiona el pacto fundamental entre el Estado y sus ciudadanos. Hoy, con sumarios en curso y una comisión investigadora en pleno funcionamiento, la pregunta ya no es solo quiénes cometieron el fraude, sino cómo se llegó a este punto y qué se necesita para sanar la fe pública.

¿Qué reveló el terremoto de los datos?

A fines de mayo, la Contraloría General de la República publicó un informe que fue una verdadera bomba. Mediante el cruce de datos de licencias médicas, registros de la PDI y nóminas de funcionarios públicos entre 2023 y 2024, se detectó un patrón masivo de incumplimiento del reposo. El informe no solo identificó a los más de 25.000 funcionarios, sino que también detalló las instituciones más afectadas, incluyendo la JUNJI (2.280 casos), la Fundación Integra (1.934), Codelco (204) y BancoEstado (317). La contralora Dorothy Pérez fue categórica al dimensionar el impacto financiero, afirmando que el mal uso de licencias le costaba al país el equivalente a “un hospital al mes”.

El hallazgo no era una simple irregularidad administrativa; era la evidencia de una fractura ética transversal. El escándalo salpicó a todo el espectro político y administrativo, desde ministerios y superintendencias hasta municipalidades y empresas estatales, demostrando que no se trataba de un problema aislado, sino de una práctica extendida y, hasta entonces, invisible a gran escala.

¿Sumarios y despidos bastan como respuesta?

La reacción fue inmediata y contundente, al menos en el discurso. El Presidente Gabriel Boric exigió “sanciones drásticas y categóricas”, incluyendo la renuncia de los cargos de exclusiva confianza involucrados. Esta línea dura se materializó en acciones concretas: la hermana del subsecretario Manuel Monsalve renunció a su cargo en la Superintendencia de Salud tras conocerse un viaje durante su licencia, y empresas como BancoEstado y Metro iniciaron investigaciones internas que derivaron en despidos.

Paralelamente, el Congreso activó sus propios mecanismos. Se constituyó una comisión investigadora para fiscalizar los actos del gobierno y proponer cambios normativos, citando a la contralora como su primera invitada. A nivel municipal, el caso de una concejala de Graneros que presentó certificados de un médico fallecido desde 2019 para justificar inasistencias y cobrar su dieta íntegra, expuso la desfachatez con que se operaba en algunos niveles.

Sin embargo, la ciudadanía parece sentir que las medidas son insuficientes. Una encuesta Cadem de principios de junio reveló que un 92% de la población cree que los funcionarios involucrados deben ser despedidos, un 94% que deben devolver los dineros y un 81% que se les debe prohibir volver a ejercer cargos públicos. Esta demanda por sanciones ejemplares refleja una profunda indignación y la percepción de que el sistema de control es demasiado laxo.

¿Cuándo el reposo no es reposo? El debate que abrió la Suseso

En medio de la tormenta, la Superintendencia de Seguridad Social (Suseso) emitió una circular que generó más preguntas que respuestas. Con fecha 26 de mayo, a pocos días de conocerse el informe de Contraloría, el organismo instruyó que las licencias de pre y postnatal no podían ser rechazadas por incumplimiento de reposo si la persona viajaba, argumentando que su objetivo es la protección de la maternidad y no la recuperación de una enfermedad que exija encierro absoluto.

Aunque técnicamente la distinción es correcta y se basa en jurisprudencia histórica, el timing de la publicación fue, para muchos, inoportuno. La medida fue interpretada como una señal contradictoria del Ejecutivo: mientras el Presidente exigía mano dura, un organismo dependiente del gobierno parecía flexibilizar las reglas. Este episodio introdujo una necesaria capa de complejidad al debate: ¿son todas las licencias iguales? ¿Qué significa realmente “guardar reposo”? La circular, aunque buscaba aclarar un punto específico, terminó por alimentar la percepción de un sistema con criterios poco claros y susceptibles a la interpretación.

¿Fraude individual o síntoma de una cultura de privilegios?

Dos meses después, la discusión ha madurado. Ya no se trata solo de perseguir a los infractores, sino de analizar las causas profundas. El escándalo de las licencias médicas no es solo una historia de fraude documental, sino el reflejo de una cultura donde ciertos beneficios sociales son percibidos como privilegios. La facilidad con que miles de funcionarios decidieron que su reposo médico era compatible con un viaje de placer al extranjero sugiere una normalización de la transgresión y una desconexión con el propósito del beneficio.

Este fenómeno ha obligado a las instituciones a mirarse al espejo. La creación de Comités de Ausentismo en diversas reparticiones públicas y las propuestas legislativas que buscan endurecer los controles, como las discutidas por la bancada del Frente Amplio con la Contraloría, son pasos hacia la reconstrucción de un sistema de fiscalización que demostró ser permeable.

El debate sigue abierto y es incómodo. Se mueve entre la necesidad de sancionar con firmeza para restaurar la confianza y el riesgo de estigmatizar un derecho fundamental como la licencia médica. Lo que está en juego no es solo el correcto uso de los recursos fiscales, sino la legitimidad misma de la función pública. El reposo, concebido como un derecho para proteger la salud, fue transformado por miles en un privilegio para el ocio, y ahora el Estado tiene la compleja tarea de reparar esa confianza rota, asegurando que la fe pública no vuelva a tomarse vacaciones.