El Presidente tiene nueva casa: La compra en San Miguel cierra un debate sobre dónde habitar el poder y abre otro sobre cómo se accede a él

Hace dos meses, el Presidente Gabriel Boric concretó la compra de una propiedad en la comuna de San Miguel por un valor de 400 millones de pesos. Lo que comenzó como una transacción inmobiliaria personal, propia de quien busca establecer un hogar definitivo, ha madurado hasta convertirse en un caso de estudio sobre la intersección entre la vida privada de un mandatario y su inevitable dimensión pública. La adquisición no solo cierra el capítulo de su residencia en el Barrio Yungay, sino que también abre un debate más profundo y complejo: ya no se discute únicamente dónde vive el Presidente, sino cómo lo hace y qué significa esto en el Chile actual.

El fin del símbolo: De la promesa de Yungay a la realidad de la seguridad

La llegada de Gabriel Boric al Barrio Yungay en 2022 fue un potente gesto político. Al elegir una casona en un sector patrimonial y de clase media, con evidentes desafíos de seguridad y convivencia, el mandatario buscaba romper con la tradición de sus antecesores, quienes optaron por residir en el sector oriente de la capital. La intención era clara: proyectar una presidencia cercana, inserta en la trama urbana y social del ciudadano común.

Sin embargo, con el paso del tiempo, la evaluación de este gesto se diversificó. Para los vecinos, la esperanza inicial de que la presencia presidencial mejorara la seguridad del barrio dio paso a una realidad más compleja. Críticos como el arquitecto Iván Poduje argumentaron que, en lugar de integrar, la residencia presidencial creó un "microcosmos" de seguridad. El perímetro custodiado por carabineros de élite protegía al mandatario, pero, según esta visión, acentuaba por contraste la vulnerabilidad del resto del barrio, que continuó enfrentando un aumento en la delincuencia. La promesa simbólica de cercanía chocó con la logística de proteger a un Jefe de Estado, transformando la casa en una fortaleza que evidenciaba, más que borraba, la distancia con el poder.

La nueva dirección y la nueva polémica: ¿Un crédito estándar o un privilegio?

La compra de la casa en San Miguel, otra comuna emblemática de la clase media santiaguina, podría interpretarse como la continuación de ese espíritu original. Sin embargo, el foco del debate público se desplazó rápidamente de la geografía a las finanzas. La atención se centró en las condiciones del crédito hipotecario obtenido por el Presidente con el banco Scotiabank: un préstamo a 15 años con una tasa de interés fija inicial de 3,47%.

Diputados de la oposición, particularmente de la UDI, no tardaron en calificar estas condiciones como un "privilegio", inaccesible para la mayoría de los chilenos que enfrentan tasas más altas y mayores restricciones para acceder a la vivienda. Anunciaron una fiscalización ante la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), argumentando que el Presidente se estaba "acostumbrando a los privilegios que tanto criticaba".

La respuesta de la entidad financiera fue categórica. Mediante una declaración pública, Scotiabank afirmó que el Presidente Boric "cumplió con los requisitos técnicos, objetivos y estandarizados exigidos por el Banco" y que las condiciones se ajustaban a la oferta comercial para un cliente con su perfil de ingresos y estabilidad laboral. El banco despolitizó el asunto, enmarcándolo en una lógica de evaluación de riesgo puramente comercial.

Dos lecturas, una misma realidad: El debate sobre la coherencia

La controversia sobre el crédito hipotecario del Presidente Boric cristaliza una tensión fundamental. Por un lado, está la lectura técnica y financiera: un ciudadano, que temporalmente ocupa el cargo más alto del país, accede a un producto bancario en condiciones favorables pero plausibles para su nivel de renta. Desde esta perspectiva, no hay irregularidad, sino el funcionamiento normal del mercado.

Por otro lado, emerge una lectura política y simbólica. Para un sector de la ciudadanía y la oposición, el hecho de que el Presidente obtenga condiciones crediticias ventajosas —mientras el acceso a la vivienda es una de las principales angustias del país— genera una disonancia cognitiva. Pone en tela de juicio la coherencia entre un discurso que empatiza con las dificultades ciudadanas y una práctica personal que, aunque legal y legítima, se percibe como parte de un sistema de ventajas al que pocos acceden.

El tema, por tanto, ha evolucionado. Ya no se trata de la simple noticia de una compra inmobiliaria. La historia de la casa del Presidente se ha convertido en un espejo que refleja debates más amplios sobre la igualdad, la transparencia y los símbolos en política. La discusión dejó de ser sobre los metros cuadrados o la ubicación para centrarse en la pregunta de si las reglas, incluso cuando se cumplen, son iguales para todos. El capítulo está lejos de cerrarse; más bien, ha sentado las bases para un nuevo tipo de escrutinio sobre la forma en que el poder se habita y se financia.