A fines de mayo, un remezón alteró el aparente equilibrio en la Central Unitaria de Trabajadores (CUT). En una elección que pasó casi inadvertida para el público general, el socialista José Manuel Díaz se alzó con la primera mayoría individual, desplazando al entonces presidente David Acuña, a pesar de que ambos competían en la misma lista. Más que un simple cambio de nombres, el resultado, ocurrido el 28 de mayo, cristalizó una crisis de representatividad que venía gestándose por años y marcó el inicio de un nuevo capítulo en la lucha del movimiento sindical por no volverse irrelevante.
Dos meses después, la pregunta que resuena no es quién preside la multisindical, sino qué puede hacer esta nueva directiva para recuperar la influencia perdida. El desafío es doble: sanar las fracturas internas y, al mismo tiempo, proyectar poder hacia afuera en un escenario económico y laboral que ya no se parece al de décadas pasadas.
El cambio en la cúpula de la CUT no ocurrió en el vacío. Responde a una pérdida paulatina de peso específico en el debate público y a una desconexión con las nuevas realidades del trabajo. Mientras la organización se enfocaba en sus estructuras tradicionales, el mercado laboral chileno se transformaba. Un estudio del Laboratorio de Encuestas y Análisis Social (LEAS) de la UAI, publicado el 23 de junio, reveló que casi 300.000 personas trabajan para plataformas digitales, un sector que crece rápidamente y que opera, en su mayoría, al margen de la sindicalización formal. Este universo de trabajadores, caracterizado por su alta rotación y precariedad (solo un 29% permanece más de tres meses en esa modalidad), representa un punto ciego para el sindicalismo clásico.
La elección de Díaz, por tanto, puede interpretarse como un mandato implícito de renovación, una búsqueda de respuestas a la pregunta de cómo representar a un proletariado cada vez más fragmentado y diverso.
Sin embargo, la capacidad de la nueva directiva para liderar esta reinvención se ve tensionada por las mismas fuerzas políticas que la componen. Lejos de ser un bloque monolítico, la cúpula de la CUT es un mosaico de lealtades partidarias. Esta división quedó expuesta el 19 de junio, cuando figuras clave de la directiva tomaron caminos opuestos en las primarias presidenciales. Mientras el expresidente David Acuña (PS) y la vicepresidenta de Finanzas Silvia Silva (PS) se sumaron al comando de Carolina Tohá, el secretario general Eric Campos (PC) respaldó públicamente a Jeannette Jara.
Esta fractura evidencia que la "unidad de los trabajadores" es, en la práctica, un campo de disputa donde las agendas de los partidos del oficialismo (PS y PC) compiten por hegemonía. Esta tensión interna consume energía y dificulta la construcción de un discurso unificado frente a sus contrapartes: el gobierno y el empresariado.
Consciente de su encrucijada, la nueva directiva ha depositado sus esperanzas en una reforma estructural: la negociación colectiva multinivel o ramal. Anunciada por el Gobierno para ser presentada entre septiembre y octubre, esta iniciativa busca fortalecer el poder de negociación de los sindicatos al permitirles pactar condiciones por sector económico, y no solo empresa por empresa. Para la CUT, es la vía para recuperar el poder perdido y equilibrar la balanza con el capital.
No obstante, la propuesta enfrenta un fuerte viento en contra. Expertos y economistas, como se reportó el 3 de junio, cuestionan el timing de la reforma. Con una tasa de desempleo que alcanzó el 8,8% y un mercado laboral que aún no se recupera del todo, advierten que una mayor rigidez podría desincentivar la contratación, especialmente en pequeñas y medianas empresas. Este debate se conecta con la polémica sobre el impacto de la ley de 40 horas, donde el propio ministro del Trabajo, Giorgio Boccardo, debió salir a desmentir el 3 de julio que la medida estuviera incidiendo en el alza del desempleo, contradiciendo incluso a asesores económicos de su propio sector político.
El tema, por tanto, sigue abierto y en plena evolución. La CUT se encuentra en un punto de inflexión crítico. Su nueva dirección debe demostrar si puede superar sus divisiones internas para liderar una estrategia coherente. La viabilidad de la negociación multinivel no dependerá solo de la voluntad del Gobierno, sino de la capacidad del movimiento sindical para convencer a una sociedad escéptica y a un Congreso dividido de que su propuesta es una herramienta de progreso y no un obstáculo para la recuperación económica. El resultado de esta pugna definirá si la principal organización de trabajadores de Chile logra reinventarse para el siglo XXI o si su cambio de mando fue solo el último espasmo de una estructura en declive.