En los últimos meses, una serie de noticias aparentemente inconexas han dibujado el mapa de un conflicto latente y ya maduro en Chile. El anunciado regreso del festival Lollapalooza al Parque O’Higgins, el cierre definitivo de la icónica picada “El Hoyo” en Estación Central, los operativos policiales en el Barrio Meiggs y la controversia por los conciertos en el Parque Estadio Nacional no son eventos aislados. Son los síntomas visibles de una batalla silenciosa pero profunda por el uso, el alma y el futuro de los espacios públicos del país. Más allá del titular inmediato, lo que se disputa es qué tipo de ciudad se quiere construir y, sobre todo, para quién.
La controversia por los megaeventos en los pulmones verdes de Santiago cristaliza una de las principales fracturas. El regreso de Lollapalooza al Parque O’Higgins en 2026, impulsado por la nueva administración municipal de Mario Desbordes, revierte la decisión de su antecesora, Irací Hassler, quien en 2021, citando el deterioro del parque y las molestias a los vecinos, forzó su traslado a Cerrillos. La polémica resurge con los mismos actores: por un lado, los vecinos que denuncian ruido, inseguridad y la privatización de facto de un bien común; por otro, la productora y el municipio que destacan la creación de empleos y el posicionamiento de Santiago en el circuito cultural global.
La disonancia emerge al comparar este rechazo con la aceptación cultural de las Fondas del Parque O"Higgins. Como señala un análisis de La Tercera, las Fiestas Patrias generan externalidades negativas similares —ruido, basura y problemas de seguridad—, pero son defendidas bajo el alero de la tradición. ¿Por qué una fiesta es legítima y la otra es una amenaza? La pregunta expone un debate sobre qué tipo de actividad comercial y cultural tiene cabida en el espacio público, un debate teñido de consideraciones ideológicas y clasistas sobre qué es “propio” y qué es “extranjerizante”.
Este mismo guion se repite en Ñuñoa. El alcalde Sebastián Sichel ha cuestionado duramente el uso del Parque Estadio Nacional para conciertos masivos, argumentando que el recinto fue concebido para el deporte y que la comuna asume los costos sin recibir ingresos. Los productores, por su parte, responden apuntando al déficit de recintos de gran aforo y a que cumplen con la normativa vigente. La disputa revela un vacío en la gobernanza: ¿quién tiene la última palabra sobre el uso de una infraestructura estatal emplazada en una comuna? ¿El Ministerio del Deporte, el de Hacienda o el gobierno local que lidia con las consecuencias?
Si en los parques la disputa es por el uso, en los barrios históricos la batalla es por la supervivencia. El cierre del restaurante “El Hoyo” tras más de un siglo de historia es un caso testimonial devastador. En una columna de Heraldo Muñoz, nieto del fundador, se narra cómo el barrio de Estación Central se transformó. La llegada de nuevos comercios y la proliferación de “toldos azules” del comercio informal no solo cambiaron el paisaje, sino que hicieron el entorno inseguro e intransitable, ahogando un patrimonio gastronómico y cultural que era punto de encuentro para políticos, artistas y trabajadores.
El fenómeno de los “toldos azules” en el Barrio Meiggs es la expresión más visible de esta crisis. Los operativos policiales para despejar las calles, si bien son una respuesta a la demanda de seguridad, son vistos por expertos como una solución superficial. Como advertía la abogada Francisca Werth, sin desarticular las redes de criminalidad organizada y abordar las causas económicas subyacentes, el copamiento policial solo genera un alivio temporal y una posterior frustración.
La situación se replica con dramatismo en otras latitudes. En el Barrio Puerto de Valparaíso, declarado Patrimonio de la Humanidad, los vecinos se manifiestan por un estado de abandono que se hizo patente tras el incendio del ex Teatro Pacífico. Mientras la Corporación Municipal niega el abandono y habla de “hojas de ruta”, la realidad visible es el deterioro progresivo de un tesoro nacional. Se evidencia una asimetría preocupante: mientras el Estado invierte miles de millones en la remodelación de un espacio simbólico en la capital, como el eje Alameda-Providencia, otros patrimonios de valor incalculable languidecen por falta de una gestión efectiva.
La remodelación del nudo Baquedano, con la futura instalación de un monumento a Gabriela Mistral, representa el intento del Estado por imponer un orden y un nuevo significado a un espacio marcado por el conflicto social. Es una intervención de arriba hacia abajo que busca cerrar una herida simbólica.
Sin embargo, los casos de Lollapalooza, El Hoyo, Meiggs y Valparaíso demuestran que el debate sobre el espacio público en Chile es mucho más profundo y descentralizado. No se resolverá únicamente con grandes obras de infraestructura o despliegues policiales. La pregunta fundamental sigue abierta y sin una respuesta consensuada: ¿son los espacios públicos un motor de desarrollo económico, un santuario para la vida comunitaria, un lienzo para la memoria histórica o un territorio en disputa por el control social?
Hoy, esa pugna de visiones está en pleno desarrollo. Las decisiones que se tomen en cada uno de estos frentes definirán no solo la apariencia de nuestras ciudades, sino el carácter de nuestra convivencia.
2025-06-21