El poder de Milei se frena en el Congreso y las provincias: La resistencia institucional redefine la terapia de shock en Argentina

Pregunta y Respuesta: Desglosando el Choque de Poderes

Pasados más de dos meses desde que la administración de Javier Milei lanzara su ofensiva reformista, el panorama político argentino ya no es el de un avance arrollador. La "terapia de shock", diseñada para reconfigurar el Estado a través de decretos y una retórica de confrontación, ha encontrado una resistencia institucional y social que está redefiniendo los límites del poder ejecutivo. Derrotas parlamentarias, la articulación de un bloque de gobernadores y fallos judiciales adversos marcan una nueva etapa, donde la gobernabilidad se disputa más allá de la Casa Rosada. A continuación, desglosamos en un formato de preguntas y respuestas cómo se ha desarrollado este pulso de poder.

1. ¿Cuál fue el detonante de la confrontación actual?

El punto de partida fue una serie de Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) y proyectos de ley que buscaban otorgar facultades extraordinarias al Ejecutivo y desregular amplios sectores de la economía. Sin embargo, una de las medidas más simbólicas de esta doctrina fue el decreto que reformó la Policía Federal Argentina (PFA), otorgándole la facultad de detener personas por hasta diez horas y realizar espionaje sin orden judicial previa, bajo la presunción de un posible delito. Presentada como una modernización "al estilo FBI", la medida fue impulsada sin debate parlamentario y generó inmediatas críticas de organismos de derechos humanos, que la consideraron una extralimitación de las atribuciones presidenciales y un riesgo para las garantías constitucionales.

2. ¿Cómo reaccionó el Poder Legislativo?

El Congreso, donde el oficialismo es una minoría, se convirtió en el principal campo de batalla. La mayor derrota para el gobierno de Milei ocurrió cuando el Senado, con una mayoría de dos tercios, aprobó un paquete de cuatro leyes que contradecían directamente el corazón de la política de austeridad del gobierno. Estas incluían un aumento en las pensiones, la ampliación de beneficios para personas con discapacidad y el desbloqueo de fondos para las provincias. La respuesta del presidente fue tajante: "Vamos a vetar todo", descartando cualquier negociación y redoblando la apuesta. Esta negativa a dialogar con "la casta" política fue precisamente lo que unificó a una oposición fragmentada, incluyendo a legisladores que inicialmente se mostraron como aliados.

3. ¿Qué rol jugaron los gobernadores provinciales?

La relación con las provincias evolucionó de una tensión latente a una rebelión abierta. El recorte drástico de las transferencias federales y la paralización de la obra pública ahogaron financieramente a las provincias, empujando a sus gobernadores a organizarse. El clímax de esta resistencia fue la creación de un frente electoral conformado por cinco gobernadores de Cuyo, la Patagonia y la zona centro (Córdoba, Santa Fe, Chubut, Jujuy y Santa Cruz). Este bloque, que representa el 20% del electorado y proviene de distintas tradiciones políticas (peronismo no kirchnerista, PRO y radicalismo), se presentó como una "tercera vía" federalista, desafiando la polarización que Milei busca mantener con el kirchnerismo. Su "Grito Federal" es una declaración de que el ajuste fiscal no puede hacerse a expensas del desarrollo regional y la autonomía provincial.

4. ¿Y el Poder Judicial?

La justicia también ha actuado como un contrapeso. Aunque múltiples aspectos del "megadecreto" inicial fueron judicializados, un caso de alto impacto simbólico fue cuando un juez federal obligó al presidente Milei a dar explicaciones por exponer en sus redes sociales a un niño activista con autismo, a quien acusó de ser un "operador ultrakirchnerista". La decisión judicial sentó un precedente clave: las acciones del presidente en sus cuentas oficiales son actos de gobierno y no opiniones de un ciudadano particular, sometiéndolo al escrutinio legal. Este fallo evidencia que ni siquiera el espacio digital está exento de los controles institucionales.

5. ¿Cuál ha sido el impacto social de las medidas?

La "motosierra" fiscal, celebrada por el gobierno como un éxito macroeconómico por lograr el superávit, ha tenido un costo social tangible y creciente. Las protestas se han vuelto una constante, protagonizadas por los sectores más afectados:

• Jubilados: Han sido uno de los principales contribuyentes al ajuste fiscal a través de la "licuación" de sus haberes, que perdieron poder adquisitivo frente a la inflación.
• Salud y Ciencia: El desfinanciamiento de instituciones emblemáticas como el Hospital Garrahan y el CONICET ha provocado la renuncia de profesionales y la paralización de investigaciones, generando una fuerte reacción de la comunidad médica y científica.
• Personas con discapacidad: La suspensión de miles de pensiones tras auditorías masivas y el congelamiento de los aranceles para prestadores de servicios han dejado a muchas familias sin cobertura.

6. ¿Está el conflicto resuelto?

Lejos de estar cerrado, el tema ha evolucionado. La narrativa inicial de un líder con un mandato popular irrestricto ha dado paso a un complejo escenario de negociación, veto y confrontación. El gobierno de Milei ha demostrado que su estilo confrontacional es eficaz para movilizar a su base, pero también para activar los anticuerpos del sistema democrático. La gobernabilidad en Argentina hoy no se define por decreto, sino por la fricción constante entre un poder ejecutivo que busca la refundación y un entramado institucional y social que exige respeto por las reglas y los consensos existentes. La gran pregunta ya no es si habrá resistencia, sino cómo esta dinámica de pesos y contrapesos moldeará el futuro del país.