Lejos del ruido de la contingencia diaria, una de las transformaciones más estructurales de la reciente reforma de pensiones ha dejado de ser una promesa en el papel para convertirse en una realidad operativa. El 1 de agosto de 2025, el Fondo Autónomo de Protección Previsional (FAPP) inició formalmente sus funciones. Con oficinas en el centro de Santiago, un directorio constituido y una primera inyección de capital de US$200 millones desde el Fisco, la entidad encargada de administrar el nuevo Seguro Social Previsional comenzó su marcha. Su nacimiento no solo marca un hito en la implementación de la reforma, sino que abre un nuevo capítulo de análisis sobre su gobernanza, su viabilidad financiera y su impacto real en la economía.
El diseño del FAPP busca proyectar una imagen de solidez y autonomía técnica, un intento por aislar la gestión de los vaivenes políticos. Su consejo directivo, ratificado por el Senado, está presidido por el economista Enrique Marshall, exconsejero del Banco Central, y cuenta con perfiles como la abogada Rosario Celedón en la vicepresidencia.
La señal más clara de su orientación fue el nombramiento de Sergio Soto, ex-CEO de Santander Asset Management, como director ejecutivo. La elección de un alto ejecutivo del sector financiero privado para dirigir la administración de un fondo público es deliberada: busca combinar la legitimidad de un ente estatal con la agilidad y experiencia del mercado de capitales. Como declaró Marshall en su primera sesión, el objetivo es construir una institución “robusta, de carácter técnico y autónomo”, que ponga en el centro “el interés de los trabajadores de Chile”.
Esta estructura de gobernanza es la primera promesa del FAPP: una gestión profesionalizada que rinda cuentas a través de la eficiencia y la transparencia, no de la filiación política.
Bajo la superficie de la puesta en marcha institucional, emerge una tensión fundamental que definirá el futuro del FAPP. La ley establece que la sostenibilidad del fondo se evaluará mediante estudios actuariales cada tres años. Sin embargo, esta periodicidad ya genera debate entre los expertos.
Desde la consultora internacional Mercer, el líder de Wealth, Joaquín Ramírez, ha levantado una bandera de advertencia. Sostiene que una “foto estática” cada tres años podría ser insuficiente en un entorno dinámico, donde variables como la expectativa de vida, las tasas de retorno o crisis económicas pueden dejar obsoletas las proyecciones rápidamente. La experiencia internacional, según Ramírez, sugiere la necesidad de un monitoreo continuo y mecanismos de ajuste más ágiles.
Surgen así preguntas críticas que la ley no resuelve del todo:
Aquí reside la principal disonancia cognitiva para el ciudadano reflexivo: mientras el discurso oficial celebra la creación de un fondo sólido, las voces técnicas advierten que su verdadera fortaleza dependerá de una capacidad de adaptación y corrección que aún no está completamente definida.
El FAPP no opera en el vacío. Su financiamiento inicial proviene de una transferencia fiscal, pero su flujo permanente dependerá de la nueva cotización con cargo al empleador, que comenzó a regir para los salarios de agosto con un alza del 1% (0,9% para el FAPP y 0,1% para la cuenta individual).
El aparato estatal, desde el Ministerio del Trabajo hasta el Instituto de Previsión Social (IPS) y Previred, ha trabajado para asegurar una implementación ordenada. Se han ajustado sistemas, capacitado personal y comunicado los cambios para garantizar que “cada peso recaudado llegue efectivamente a mejorar las futuras pensiones”, según el ministro Giorgio Boccardo.
Sin embargo, la perspectiva desde el mundo empresarial es más compleja y diversa:
El Fondo Autónomo de Protección Previsional ya es una realidad tangible. La etapa de diseño legislativo ha concluido, dando paso a la fase crítica de ejecución. El debate ahora se traslada desde el Congreso a las salas de directorio del FAPP, a las oficinas de consultores actuariales y a los departamentos de finanzas de miles de empresas.
El FAPP está en marcha, pero su historia está lejos de estar cerrada. Su éxito no se medirá por el cumplimiento de los hitos de instalación, sino por su capacidad para navegar la incertidumbre económica, gestionar con eficiencia los fondos de millones de chilenos y, sobre todo, demostrar con hechos la sostenibilidad que hoy se postula como su principal promesa. El guardián silencioso de las pensiones ha comenzado su vigilia, y su desempeño será observado de cerca durante los próximos años.