La Justicia Cuestionada: Cómo una seguidilla de fallos controversiales expuso las grietas sistémicas del Poder Judicial chileno

El Mosaico Roto de la Justicia

En los últimos tres meses, el sistema judicial chileno ha sido protagonista de una serie de eventos que, vistos de forma aislada en el ciclo noticioso diario, podrían parecer fallas puntuales o controversias pasajeras. Sin embargo, al tomar distancia, la liberación del abogado Luis Hermosilla a arresto domiciliario, la suspensión de un juez por filtraciones, la absolución en el emblemático caso de Tomás Bravo y la insólita liberación de un sicario por un error administrativo, dejan de ser anécdotas para conformar un mosaico preocupante. Juntos, estos casos revelan grietas profundas y sistémicas que han instalado un debate nacional sobre la igualdad ante la ley, la influencia de las élites y la competencia básica de las instituciones encargadas de impartir justicia.

I. La Red Invisible: Influencia y Privilegios

El epicentro de esta crisis de confianza tiene nombre y apellido: Luis Hermosilla. El influyente abogado, figura central del "Caso Audios" e imputado por soborno, delitos tributarios y lavado de activos, vio su prisión preventiva sustituida por arresto domiciliario total. La decisión de la Corte de Apelaciones, si bien se enmarca en la legalidad procesal que considera el tiempo ya cumplido en cautelar, generó un profundo malestar ciudadano. La percepción pública es que las redes de poder, que el propio caso busca desmantelar, continúan operando.

Esta percepción se vio reforzada por un hecho directamente conectado: la suspensión por cuatro meses del ministro de la Corte de Apelaciones, Antonio Ulloa. Una investigación de CIPER Chile reveló que el sumario en su contra lo sancionó por faltas graves a la probidad, entre ellas, filtrar información reservada de nombramientos judiciales precisamente a Hermosilla, y no inhabilitarse en causas donde el abogado tenía interés. Este vínculo explícito entre un juez de alto rango y el principal imputado en un caso de corrupción expuso una promiscuidad entre poderes que el sistema judicial no logró contener a tiempo.

A esta trama se suma la situación de Daniel Sauer, socio de Hermosilla en el "Caso Factop", quien tras 479 días en prisión preventiva también accedió al arresto domiciliario. Aunque su defensa argumentó el extenso período de la cautelar, para la opinión pública el resultado es el mismo: los protagonistas de uno de los mayores escándalos de fraude y corrupción de los últimos años enfrentarán el resto del juicio desde sus hogares, una realidad que contrasta con el rigor aplicado en delitos comunes.

II. Cuando el Sistema Falla: Errores que Cuestan Vidas y Confianza

Si los casos de élite siembran dudas sobre la igualdad, otros fallos han golpeado la confianza en la competencia más elemental del sistema. El más alarmante fue la liberación de Osmar Ferrer, un sicario venezolano imputado por el asesinato de un comerciante en Ñuñoa. Gendarmería lo dejó en libertad tras recibir una orden judicial que revocaba su prisión preventiva, emitida por error desde el 8º Juzgado de Garantía. La cronología, revelada por Cambio21, es desconcertante: en solo 11 minutos se emitieron tres resoluciones contradictorias, una de las cuales, la que dejaba sin efecto la prisión, fue la que se ejecutó. El hecho derivó en una orden de captura internacional y una investigación sobre la jueza a cargo, cuya hija debió enfrentar a los medios defendiendo a su madre del escrutinio público.

Este error, que puso en riesgo la seguridad pública, dialoga con otro tipo de fracaso institucional: el Caso Tomás Bravo. Tras más de cuatro años de una investigación plagada de errores periciales y cambios de tesis, el Tribunal Oral de Cañete absolvió al único imputado, el tío abuelo Jorge Escobar, del delito de abandono con resultado de muerte. La sentencia, si bien criticó la falta de pruebas de la Fiscalía, dejó al país sin respuestas sobre la muerte del niño y a una familia sin justicia. El caso se convirtió en un símbolo de la incapacidad del sistema para resolver crímenes complejos, alimentando la sensación de desprotección y frustración.

III. Dos Chiles, Una Justicia: El Debate sobre la Legitimidad

Al conectar los puntos, emerge una narrativa que inquieta a la ciudadanía: la de un sistema judicial con dos varas. Por un lado, una justicia que parece ser más benévola y garantista con imputados de cuello y corbata, cuyas defensas logran morigerar las medidas cautelares más gravosas. Por otro, un aparato que comete errores garrafales que liberan a criminales peligrosos o que se muestra ineficaz para dar justicia a víctimas de a pie.

La seguidilla de fallos no solo ha sido tema de debate en medios y redes sociales, sino que ha impulsado consecuencias políticas. La discusión sobre la creación de un Consejo de Nombramiento de Jueces, aprobada en la Cámara de Diputados, es una respuesta directa a la crisis de confianza exacerbada por casos como el del juez Ulloa, buscando limitar la discrecionalidad y el lobby en la designación de magistrados.

El tema ya no está cerrado en los tribunales. La sucesión de estos eventos ha abierto una causa mucho mayor en el tribunal de la opinión pública, una que no cuestiona un fallo, sino al sistema completo. La pregunta que resuena ya no es si se cometió un error, sino si la justicia chilena, tal como está estructurada, es capaz de garantizar su promesa fundamental: ser igual para todos.