Cristina Fernández está bajo arresto domiciliario:La condena que reconfigura el poder en Argentina y no cierra el debate

Hace más de un mes, la Corte Suprema de Justicia de Argentina puso un sello definitivo a uno de los juicios más emblemáticos de su historia reciente. La condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos contra la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner (CFK) por administración fraudulenta en la "Causa Vialidad" dejó de ser una posibilidad para convertirse en un hecho. Hoy, la figura más influyente del peronismo de las últimas dos décadas cumple su sentencia bajo arresto domiciliario en su departamento de Buenos Aires, con una tobillera electrónica que monitorea sus movimientos. Lejos de ser un epílogo, el veredicto ha inaugurado un nuevo y complejo capítulo en la política argentina, uno donde la justicia, el poder y la narrativa se disputan cada detalle.

El Veredicto y su Ejecución: De la Sentencia a la Realidad

El 10 de junio de 2025, el máximo tribunal desestimó los últimos recursos de la defensa, dejando firme la sentencia dictada en 2022. La decisión judicial, que la encontró culpable de irregularidades en la adjudicación de obras viales en la provincia de Santa Cruz durante su mandato, se tradujo en una orden de detención inmediata. Dada su edad (72 años), la justicia le concedió el beneficio del arresto domiciliario.

La ejecución de la medida no fue un mero trámite administrativo. Generó una inmediata movilización de sus partidarios, quienes se congregaron frente a su residencia en el barrio de Constitución, transformando el espacio privado en un escenario público de resistencia. La consigna "Vienen por ella, vamos con ella" marcó las jornadas posteriores, mientras la justicia definía las estrictas condiciones de su reclusión: un listado acotado de visitas autorizadas y la prohibición de alterar la tranquilidad del vecindario.

Dos Relatos en Colisión

El fallo judicial no unificó una verdad, sino que consolidó dos narrativas irreconciliables que fracturan a la sociedad argentina.

La Tesis del "Lawfare": Para Cristina Fernández y el kirchnerismo, la condena es la culminación de una persecución político-judicial orquestada por lo que denominan el "partido judicial" y los poderes económicos concentrados, en connivencia con el gobierno de Javier Milei. Minutos después de conocerse el fallo, CFK calificó a los jueces de la Corte como "tres monigotes" y denunció la imposición de un "cepo al voto popular". Su defensa argumenta que el juicio estuvo plagado de irregularidades, sin pruebas directas que la vinculen a los delitos y con magistrados y fiscales cuya imparcialidad fue cuestionada por sus vínculos con su adversario político, Mauricio Macri. Esta narrativa presenta a CFK no como una condenada por corrupción, sino como una víctima de "lawfare", una proscrita política cuyo encarcelamiento busca anular una fuerza popular.

La Demanda por Justicia: En la vereda opuesta, un amplio sector de la sociedad y el arco político celebró el fallo como un hito histórico en la lucha contra la corrupción. Para esta visión, la sentencia es el resultado de una investigación rigurosa, basada en "profusa prueba", que demostró la existencia de una estructura de corrupción en la obra pública. Figuras públicas y ciudadanos en redes sociales destacaron el fin de la impunidad y la vigencia del principio de igualdad ante la ley. La condena es vista como una validación de las instituciones republicanas y un mensaje contundente de que nadie está por encima de la ley, sin importar el poder que haya ostentado.

El Factor Internacional y el Espejo de Lula

El caso trascendió rápidamente las fronteras argentinas, adquiriendo una dimensión geopolítica regional. La visita del presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, al domicilio de CFK a principios de julio fue el gesto más potente en este sentido. Autorizado por la justicia, el encuentro fue calificado por la propia Fernández como un "acto político de solidaridad".

La conexión no es casual. Lula, quien también fue encarcelado por corrupción en un proceso que luego fue anulado por la justicia brasileña, se ha convertido en el espejo en el que se mira el kirchnerismo. "También intentaron callarlo. No pudieron. Volvió con el voto del pueblo", escribió CFK tras la visita. Este paralelismo alimenta la esperanza de sus seguidores y plantea una pregunta incómoda para sus detractores: ¿podría esta condena, que parece un final político, ser en realidad el prólogo de un regreso, una suerte de "comeback" simbólico que revitalice a un peronismo hoy fragmentado?

Un Final Abierto: La Vida en Arresto y la Disputa Continua

El capítulo judicial no está cerrado. La vida de Cristina Fernández en arresto domiciliario es, en sí misma, un campo de batalla legal y político. Su defensa ha solicitado que se le retire la tobillera electrónica, considerándola innecesaria, y que se flexibilice el estricto régimen de visitas. La fiscalía, por su parte, aunque retiró su petición de que cumpliera la pena en una cárcel común, llegó a solicitar que fuera trasladada a otro domicilio para evitar las "molestias en el barrio" generadas por las manifestaciones de apoyo.

Recientemente, la Cámara de Casación Penal determinó mantener tanto la tobillera como las restricciones de visita, argumentando la necesidad de un "control judicial efectivo". A esto se suma una orden de decomiso de más de 300 millones de dólares que los condenados en la causa deben restituir al Estado.

Así, la sentencia firme no ha traído una resolución, sino una metamorfosis del conflicto. El veredicto ha sacado a Cristina Fernández de la arena electoral formal, pero la ha instalado en un nuevo tipo de centralidad: la de mártir para sus seguidores y la de emblema de la corrupción para sus opositores. Su departamento se ha vuelto un santuario político y cada decisión judicial sobre las condiciones de su encierro es un nuevo pulso que mide la temperatura de la profunda grieta argentina.