Hace más de dos meses, un elemento cotidiano y confiable del botiquín chileno —la pasta de dientes— se transformó en objeto de escrutinio público. Lo que comenzó como una alerta sanitaria del Instituto de Salud Pública (ISP) sobre un compuesto químico, ha madurado hasta convertirse en una investigación formal sobre la responsabilidad corporativa y los estándares de seguridad que se aplican en el país. La pregunta ya no es solo si un producto es riesgoso, sino qué mecanismos protegen al consumidor cuando la ciencia y el mercado entran en conflicto.
A mediados de junio, el ISP encendió las alarmas. Basándose en una advertencia de la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria de Brasil (ANVISA), la autoridad chilena señaló que el fluoruro de estaño, un ingrediente activo en al menos 19 pastas dentales de marcas masivas como Colgate, Oral-B y Sensodyne, podría estar asociado a efectos adversos. La lista de síntomas incluía lesiones como aftas y ampollas, sensaciones de ardor o escozor, e hinchazón en labios y mucosas.
La situación presentaba una paradoja fundamental que generó disonancia en el debate público: el fluoruro de estaño es un compuesto aprobado y valorado por sus beneficios comprobados, como el control de caries, el combate a la gingivitis y la reducción de la sensibilidad dental. De un día para otro, un ingrediente promovido como una solución se convertía en una potencial amenaza, dejando a los consumidores en un limbo de incertidumbre.
Si la acción del ISP fue el prólogo, la intervención del Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) a fines de julio marcó el nudo de la trama. El caso transitó desde el ámbito de la salud pública hacia el de los derechos del consumidor. El Sernac ofició formalmente a las tres grandes empresas implicadas: Procter & Gamble (P&G), Colgate-Palmolive y Haleon (ex GSK Chile).
La solicitud no fue menor. Se les exigió entregar:
Esta acción transformó el escenario. Ya no se trataba de una recomendación precautoria, sino de una exigencia de transparencia y rendición de cuentas a corporaciones multinacionales. El Sernac, además, subrayó un punto crítico: en países como Argentina y Brasil se evaluaba o ya se había iniciado la prohibición de productos con esta formulación, haciendo un llamado a que en Chile se aplicaran los mismos estándares de seguridad.
El caso ha dejado al descubierto las distintas lógicas que operan en la protección ciudadana:
Hoy, la historia del fluoruro de estaño no está cerrada; ha evolucionado a una nueva etapa de análisis y espera. Las empresas deben entregar la información solicitada, y de la calidad y contundencia de sus respuestas dependerán los próximos pasos regulatorios. ¿Se retirarán productos del mercado? ¿Se modificarán las formulaciones? ¿O se concluirá que los beneficios superan los riesgos reportados?
Mientras tanto, los consumidores han quedado con la tarea de ejercer un consumo más crítico. La recomendación oficial es clara: suspender el uso del producto ante cualquier síntoma adverso y notificar al ISP. Este episodio, más allá de las pastas dentales, sirve como un recordatorio de que la confianza en los productos de uso diario no es incondicional y depende de una vigilancia constante, tanto de las autoridades como de una ciudadanía activa y consciente.