El Congreso en la maleta: El viaje que desnudó la normalización del ausentismo parlamentario

El detonante: un viaje, múltiples interpretaciones

Lo que comenzó como un reportaje sobre viajes de funcionarios públicos al extranjero durante licencias médicas, escaló hasta convertirse, dos meses después, en un profundo cuestionamiento a la ética y las prioridades del Congreso Nacional. El caso del Presidente de la Cámara de Diputados, José Miguel Castro (RN), y su viaje a Estados Unidos entre diciembre de 2022 y enero de 2023, no solo acaparó la atención mediática, sino que se transformó en el catalizador de un debate latente sobre la desconexión entre la clase política y la ciudadanía.

El viaje de 24 días, que incluyó una semana distrital —periodo remunerado y destinado al trabajo en terreno con los electores—, puso a la tercera autoridad de la República en el centro de la controversia. La situación generó dos narrativas contrapuestas que definen la tensión actual.

Perspectiva 1: La defensa de la legalidad

Desde la vereda de la oposición y del propio diputado Castro, la defensa es clara y se aferra a la normativa. “No existe impedimento legal ni reglamentario para este tipo de situaciones durante las semanas distritales”, sostuvo el parlamentario. Su argumento se basa en que solicitó un permiso sin goce de sueldo para los días de sesiones en el hemiciclo y que, por tanto, no infringió ninguna regla. Para sus partidarios, como el diputado Miguel Mellado (RN), las acusaciones no son más que una “operación política burda” del oficialismo para desestabilizar la mesa directiva. Esta visión reduce el conflicto a un problema de cumplimiento formal: si la ley no lo prohíbe explícitamente, no hay falta que perseguir.

Perspectiva 2: El reclamo por la ética y la responsabilidad

En contraste, para el oficialismo y diversas voces críticas, el problema no es legal, sino fundamentalmente ético. El vicepresidente de la Cámara, Eric Aedo (DC), marcó la pauta al asegurar que “no habrá defensa corporativa”, reconociendo la complejidad del asunto. La jefa de bancada del PC, Lorena Pizarro, calificó el actuar de Castro como un “incumplimiento abusivo” de sus deberes. Para este sector, la semana distrital es parte integral del trabajo parlamentario, y su uso para fines personales constituye un abandono de la función representativa. La posible presentación de una moción de censura se sustenta en esta base: la pérdida de confianza en quien debe dar el ejemplo de probidad y dedicación al cargo.

El dato que lo cambia todo: ¿Un problema individual o sistémico?

Cuando el debate parecía entrampado en la polarización política, un dato periodístico amplió el foco y generó una necesaria disonancia cognitiva: 127 de los 155 diputados (más del 81%) han viajado fuera de Chile durante el actual período legislativo, en semanas de trabajo parlamentario o distrital. La revelación de que la “Cámara viajera” es la norma y no la excepción, obliga a reformular las preguntas.

¿Es José Miguel Castro un chivo expiatorio de una práctica generalizada y tácitamente aceptada? ¿O su alto cargo lo obliga a un estándar superior que el resto de sus pares no cumple? Este antecedente demuestra que el problema es más profundo que la conducta de un solo individuo. Expone la existencia de reglamentos ambiguos —como la causal de “impedimento grave”— y una cultura institucional que ha normalizado el ausentismo, desdibujando la frontera entre el deber público y el interés privado.

Estado actual: Entre la censura y la reforma

Hoy, el tema sigue abierto y en plena evolución. La amenaza de censura contra Castro pende como una herramienta de presión política, pero el debate de fondo ha virado hacia la necesidad de una reforma estructural. La controversia ha forzado al Congreso a mirarse al espejo y discutir la urgencia de endurecer sus normativas internas para regular los viajes, definir con precisión las justificaciones de ausencia y, sobre todo, fortalecer los mecanismos de fiscalización del trabajo en semana distrital.

El “vuelo de la discordia” ya no es solo la historia de un viaje. Es el reflejo de una crisis de confianza donde la ciudadanía exige una coherencia entre lo que es legal y lo que es correcto. El desenlace político para el Presidente de la Cámara es incierto, pero su caso ya ha dejado una consecuencia visible: la impostergable tarea de alinear las reglas del poder con las expectativas de una sociedad que demanda un mayor compromiso de sus representantes.