El Estado se ausenta: El fraude de licencias médicas revela una crisis de supervisión que permea los tres poderes
El Diagnóstico Tardío: De la Indignación a la Reforma Estructural
A más de dos meses de que la Contraloría General de la República detonara una bomba de probidad en el sector público, el escándalo de las licencias médicas fraudulentas ha mutado. La indignación inicial por los más de 25.000 funcionarios que viajaron al extranjero mientras estaban con reposo médico ha dado paso a un examen sistémico que corroe la confianza en las instituciones. Hoy, la discusión ya no se centra solo en el viaje de vacaciones, sino en la enfermedad crónica de la supervisión estatal, una patología que afecta por igual al Congreso, al Poder Judicial y a la burocracia que debía fiscalizar.
El tema ha madurado, y sus consecuencias son ahora visibles y medibles. Lo que comenzó como un cruce de datos se ha convertido en una reacción en cadena de investigaciones internas, renuncias forzadas y un debate sobre la integridad de quienes administran, legislan y juzgan en Chile. La pregunta que queda en el aire es si este shock servirá para una reforma profunda o si la fiebre de la probidad bajará con el tiempo.
Cronología de un Contagio: Cómo un Informe Desnudó al Sistema
Todo comenzó el 20 de mayo de 2025, cuando un informe de la Contraloría, liderada por Dorothy Pérez, reveló la masiva fuga de funcionarios en reposo. La respuesta fue inmediata y transversal. El Congreso Nacional, sintiendo el escrutinio público, reaccionó con celeridad. El Senado inició 14 sumarios administrativos a principios de junio, mientras que la Cámara de Diputados tomó una decisión inédita: acordó por unanimidad investigar no solo a sus funcionarios, sino también a los propios parlamentarios, en una señal de que nadie estaría por sobre la ley.
Pero el contagio se extendió rápidamente. El Poder Judicial informó en julio que 692 de sus funcionarios, incluyendo 4 ministros de cortes de apelaciones y 84 jueces, habían salido del país con licencia. El Ministro de Justicia, Jaime Gajardo, calificó la situación como un “virus” que se extiende por el Estado. A su vez, la Fiscalía Nacional detectó a 10 fiscales y 32 funcionarios en la misma situación, y Gendarmería fue acusada por la Contraloría de entregar información incompleta para ocultar la magnitud del problema en sus filas.
El Paciente Cero: La Caída del Órgano Supervisor
Si el fraude fue el síntoma, la enfermedad principal radicaba en la Superintendencia de Seguridad Social (Suseso), el organismo teóricamente a cargo de fiscalizar el sistema. Una investigación de la propia Contraloría expuso sus falencias críticas: retrasos de hasta 427 días en tramitar multas, más de 5.000 cuentas de personas fallecidas aún activas y, lo más grave, la no utilización de un convenio con la PDI que existía desde hace una década y que pudo haber detectado el fraude mucho antes.
La inoperancia de la Suseso se volvió insostenible. A mediados de junio, el gobierno solicitó la renuncia de su superintendenta, Pamela Gana. La decisión generó un debate político: para algunos, fue una medida necesaria de responsabilidad; para la oposición, se “cortó el hilo por lo más delgado”, evitando responsabilidades políticas de más alto nivel.
La Ética en Cuestión: Médicos que Certifican Estando Enfermos
La crisis reveló otra capa de complejidad cuando la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez (Compin) detectó que 1.470 médicos emitieron más de 30.000 licencias médicas mientras ellos mismos se encontraban con reposo. Este hallazgo movió el foco desde el funcionario que abusa del sistema hacia el profesional que lo permite, cuestionando la ética de una parte del gremio.
El Colegio Médico (Colmed) reaccionó anunciando que cerca de 75 de sus colegiados enfrentarían procesos en sus tribunales de ética. Sin embargo, la propia institución reconoció sus limitaciones, aclarando que la sanción máxima es la expulsión del gremio, pero no tienen la facultad para revocar un título profesional, lo que abrió un debate sobre la necesidad de fortalecer la tuición ética de los colegios profesionales.
El Efecto Visible: Una Caída Histórica y un Debate Abierto
El impacto más tangible del escándalo se reflejó en las cifras. En mayo, la emisión de Licencias Médicas Electrónicas (LME) cayó un 18,1% en comparación con el mismo mes del año anterior, la baja más pronunciada desde agosto de 2023. La tendencia a la baja continuó en junio. Esta disminución, atribuida tanto al “efecto Contraloría” como al bloqueo preventivo de 314 médicos con patrones de emisión sospechosos, demuestra un cambio de comportamiento inmediato.
El tema, lejos de cerrarse, ha evolucionado. Los sumarios administrativos en los distintos poderes del Estado siguen su curso y podrían derivar en destituciones. El debate legislativo ahora apunta a una reforma estructural del sistema de licencias, buscando equiparar los beneficios entre el sector público y privado y fortalecer las herramientas de fiscalización de una Suseso que debe ser reconstruida desde sus cimientos.
La crisis del “contagio de papel” expuso una verdad incómoda: el sistema de fe pública estaba roto en múltiples niveles. La pregunta que Chile debe responder ahora es si las medidas tomadas son un tratamiento efectivo o solo un paliativo para una enfermedad institucional mucho más profunda.