El Fisco ya no toca la puerta, revisa tu perfil: La fiscalización a influencers obliga a Chile a debatir sobre trabajo, dinero y privacidad en el siglo XXI

El debate que maduró en la red

Hace poco más de dos meses, los titulares se centraban en una sigla y una plataforma: el Servicio de Impuestos Internos (SII) ponía sus ojos sobre los creadores de contenido en OnlyFans. Lo que parecía una anécdota sobre la modernización del Fisco, o una simple persecución de la farándula digital, ha madurado para convertirse en una de las discusiones más relevantes sobre el futuro de la economía y los derechos ciudadanos en Chile. La conversación ya no es sobre si los influencers deben pagar impuestos —el consenso es que sí—, sino sobre cómo, a qué costo y dónde se traza la línea entre la fiscalización legítima y la vigilancia estatal en un territorio tan personal y global como internet.

El origen: una ofensiva digital y transfronteriza

Todo comenzó a fines de mayo, cuando se supo que el SII había intensificado su estrategia para fiscalizar la llamada "creator economy". La institución no solo contrató un software especializado por más de 80.000 euros para rastrear la actividad en redes sociales, sino que también activó por primera vez un convenio de intercambio de información con el Reino Unido. El resultado fue la identificación de unos 1.500 creadores chilenos en OnlyFans, un universo compuesto en un 77% por mujeres y mayoritariamente joven.

Carolina Saravia, subdirectora de Fiscalización del SII, explicó en su momento que, si bien este grupo no era "directamente significativo en materia de recaudación", su alta visibilidad pública lo convertía en un caso ejemplar. El mensaje era claro: la informalidad en el mundo digital tiene los días contados. Las cifras respaldaban la acción: el SII ya había identificado a más de 17.000 contribuyentes en la categoría de influencers, con una base imponible declarada que superaba los $41 mil millones en la Operación Renta 2024.

La economía invisible se hace visible

La acción del SII no surgió en el vacío. Responde a una transformación económica que ha sido más rápida que la legislación: la consolidación de un mercado laboral global y digital. Mientras el Fisco afinaba sus herramientas, datos de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) mostraban un aumento del 25% en la apertura de cuentas corrientes en dólares en el último año. Este dato, aparentemente ajeno, es una pieza del mismo rompecabezas: los chilenos, incluidos los creadores de contenido, operan cada vez más en una economía globalizada, recibiendo pagos desde el extranjero y buscando protegerse de la volatilidad local.

La fiscalización, por tanto, puede ser vista como el inevitable paso de la formalización. El Estado está simplemente reconociendo que un "like", una suscripción o un canje publicitario son transacciones económicas que deben contribuir al erario público, al igual que el sueldo de un oficinista o las ganancias de un comercio tradicional.

La contraparte: ¿Fiscalización o "pesca de arrastre"?

Sin embargo, a medida que la ofensiva del SII se consolidaba, surgieron voces críticas que alertaban sobre los métodos y sus posibles consecuencias. La pregunta que comenzó a flotar fue: en su afán por recaudar, ¿está el SII vulnerando derechos fundamentales?

Ricardo Pizarro, Defensor Nacional del Contribuyente (Dedecon), fue uno de los más directos. A mediados de julio, advirtió que el servicio estaba imponiendo trabas y requisitos excesivos a pequeños contribuyentes para iniciar actividades, bajo el pretexto de combatir el crimen organizado. "Estamos viendo que, en algunos casos, se está pasando por encima de algunos derechos de los contribuyentes", afirmó Pizarro, calificando el problema como "sistémico".

Esta percepción fue reforzada por columnas de opinión en medios financieros. El abogado Fernando Barros criticó una gestión del SII que, a su juicio, prioriza la meta de recaudación por sobre la ley y presume la mala fe de los contribuyentes. Desde el centro de estudios Libertad y Desarrollo, se argumentó que el problema no es la falta de herramientas —como el secreto bancario, que ya puede ser levantado con orden judicial—, sino el riesgo de un acceso irrestricto a la información privada sin los contrapesos adecuados. La crítica apunta a una posible "pesca de arrastre" donde, por atrapar a algunos evasores, se perjudica a miles de emprendedores legítimos.

La privacidad: el daño colateral de la era de los datos

Este debate local se inserta en una discusión global sobre la privacidad y la seguridad de los datos. El caso del hackeo a la aplicación estadounidense "Tea" —una plataforma donde mujeres reseñaban a sus citas— sirve como una cruda advertencia. Una base de datos con selfis de usuarias, creada con un fin específico, fue filtrada y utilizada por acosadores en foros como 4chan.

La analogía es inquietante. Al recopilar masivamente información de redes sociales y cruzarla con datos financieros internacionales, el SII está construyendo un perfil digital y económico de miles de ciudadanos. ¿Qué garantías existen de que esa información, altamente sensible, estará protegida de filtraciones o usos indebidos? La disonancia cognitiva es evidente: la ciudadanía exige un sistema tributario justo y que todos paguen lo que corresponde, pero al mismo tiempo teme la creación de un aparato de vigilancia digital con un poder sin precedentes.

Un debate sin cierre: el futuro del contrato social digital

La fiscalización a los influencers ha trascendido la anécdota para convertirse en un caso de estudio sobre la adaptación del Estado al siglo XXI. Ya no se discute si un creador de contenido es un trabajador, sino cómo se regula y fiscaliza una actividad económica que no tiene oficina, ni horario, ni fronteras.

El tema sigue abierto y ha evolucionado hacia preguntas más profundas. ¿Cómo equilibramos la necesaria modernización de la recaudación fiscal con la protección de derechos fundamentales como la privacidad y la presunción de buena fe? ¿Estamos preparados para un futuro donde la soberanía del Estado se ejerce no solo en el territorio físico, sino también sobre nuestros perfiles digitales?

Lo que comenzó en OnlyFans ha terminado en la plaza pública, obligando a Chile a mirarse en el espejo de una nueva realidad económica y a redefinir los términos de su contrato social en la era digital.