El caso de Martín de los Santos no es la historia de un crimen y una fuga. Es el mapa de un nuevo tipo de justicia que opera sin fronteras, acelerada por la indignación viral y ejecutada por una red de cooperación internacional que responde casi en tiempo real. Lo que comenzó con una brutal agresión a un conserje en Vitacura se transformó en un experimento a gran escala sobre los límites de la soberanía judicial, el poder de la presión social y el futuro del castigo en un mundo hiperconectado. La detención en Brasil no fue el final de la historia, sino la prueba de concepto de un nuevo paradigma.
Todo comenzó con una falla del sistema. La agresión de De los Santos a Guillermo Oyarzún, un trabajador de 70 años, generó una inmediata condena pública. Sin embargo, las primeras medidas cautelares —firma mensual y arraigo nacional— fueron percibidas como una manifestación de privilegio, una justicia blanda para un acto de violencia extrema. Esta percepción de impunidad creó un vacío que fue rápidamente llenado por las redes sociales. El juicio mediático no esperó al sistema judicial; lo adelantó y lo presionó. La actitud desafiante del propio De los Santos en la audiencia telemática, acusando a la jueza de montar un “show mediático”, fue la gasolina que incendió la pradera digital. Cuando finalmente se decretó su prisión preventiva, el sistema formal ya corría detrás de la narrativa pública. De los Santos ya no era solo un imputado, era un símbolo del descontento con la justicia.
La fuga de De los Santos inauguró la segunda fase: la cacería. Su error fue creer que las viejas reglas aún aplicaban. En el pasado, un prófugo con recursos podía desaparecer tras una frontera. Pero De los Santos, un “influencer”, no pudo resistir la tentación de narrar su propia huida. Sus publicaciones en redes sociales, aludiendo a un “desfase horario”, se convirtieron en pistas para una investigación colaborativa y masiva. La ciudadanía, los medios y la policía actuaron como una red de inteligencia descentralizada.
La respuesta institucional fue igualmente novedosa en su velocidad. La activación de una alerta roja de Interpol y la coordinación con la Policía Federal de Brasil demostraron que la cooperación internacional puede ser extraordinariamente ágil cuando existe la presión pública adecuada. Su captura en Cuiabá, a miles de kilómetros de Santiago, se concretó en semanas, no en los meses o años que solían tomar estos procesos. La frontera se volvió porosa, no para el fugitivo, sino para la justicia que lo perseguía. Este evento establece un precedente: la viralidad de un crimen puede activar mecanismos de persecución transnacional con una eficiencia antes reservada para casos de terrorismo o narcotráfico a gran escala.
El caso de los Santos proyecta al menos tres escenarios futuros para la justicia, el privilegio y la rendición de cuentas.
Escenario 1: La “Doctrina de los Santos” y la Justicia Acelerada.
En este futuro, cualquier individuo con un perfil público que cometa un delito grave y desafíe al sistema enfrentará una persecución global y acelerada. La presión social obligará a los sistemas judiciales a actuar con una severidad y rapidez ejemplarizantes, a veces arriesgando garantías del debido proceso para satisfacer la demanda de castigo. Los tratados de extradición se volverán herramientas dinámicas, y la “peligrosidad mediática” de un sospechoso será un factor clave para activar la cooperación internacional. La justicia se vuelve más un espectáculo de rendición de cuentas que un proceso técnico y pausado.
Escenario 2: La sofisticación de la Evasión.
Como respuesta, los individuos con altos recursos que busquen evadir la justicia ya no confiarán en la simple fuga geográfica. Invertirán en anonimato digital, identidades falsas y contramedidas legales sofisticadas. En lugar de huir a países vecinos, buscarán refugio en naciones sin tratados de extradición robustos o con sistemas legales complejos donde puedan empantanar los procesos durante años. Veremos un aumento en el uso de criptomonedas para evitar rastros financieros y una profesionalización de los servicios de “desaparición digital”. La persecución se convertirá en una carrera armamentista tecnológica y legal entre el Estado y los fugitivos de élite.
Escenario 3: La Institucionalización de la Vigilancia Predictiva.
El caso podría normalizar una forma de vigilancia social donde el comportamiento en línea se convierte en un indicador de riesgo. Las empresas podrían empezar a monitorear las redes sociales de sus empleados para detectar conductas problemáticas. Las policías podrían desarrollar algoritmos que identifiquen patrones de desafío a la autoridad o de violencia en perfiles públicos. Esto abre la puerta a un sistema donde la reputación digital tiene consecuencias legales y profesionales tangibles, desdibujando la línea entre la vida pública y privada, y entre la libertad de expresión y la evidencia de una futura conducta criminal. El juicio ya no comenzaría en el tribunal, sino en el análisis del feed de Instagram.