El Estado se enfrenta a sí mismo: Por qué el fin del paro de profesores no cerró el conflicto, sino que lo trasladó a una pugna jurídica con la Contraloría
La tregua que no trajo la paz
A más de un mes de que el Colegio de Profesoras y Profesores depusiera su última paralización nacional, la normalidad en las aulas es solo aparente. Si bien los docentes aceptaron la propuesta del Ministerio de Educación (Mineduc) sobre su "agenda corta", el conflicto que motivó las movilizaciones de junio no se ha extinguido; se ha transformado. La disputa dejó de ser una negociación laboral entre el gremio y el Ejecutivo para convertirse en una compleja pugna de poderes que hoy tiene a tres actores del Estado en colisión: el Magisterio, el Gobierno y, de manera protagónica, la Contraloría General de la República. El debate ya no es solo sobre la deuda histórica o el agobio laboral, sino sobre los límites del derecho a huelga en el sector público y el rol de las instituciones autónomas.
Crónica de una escalada: de la calle al dictamen
Lo que comenzó a fines de mayo como un paro de 48 horas convocado por el Colegio de Profesores para presionar al gobierno por respuestas a sus demandas, escaló rápidamente. La movilización no estuvo exenta de tensiones internas; comunales como el de Valdivia se restaron inicialmente, acusando falta de consulta por parte de la dirigencia nacional. Desde el Ejecutivo, la reacción fue de visible molestia. El ministro de Educación, Nicolás Cataldo, calificó la paralización como parte de un "diseño político que no comparto", argumentando que la decisión gremial se había tomado antes de conocer la propuesta final del ministerio.
Sin embargo, el punto de inflexión llegó desde un frente inesperado. El 9 de junio, la Contraloría General de la República, liderada por Dorothy Pérez, ofició a 232 municipios y a los Servicios Locales de Educación Pública (SLEP) para que informaran sobre la aplicación de descuentos en las remuneraciones de los docentes que adhirieron al paro. El argumento del ente fiscalizador fue estrictamente jurídico: la ausencia a las labores por una paralización "irregular" implica necesariamente el no pago del tiempo no trabajado, ya que los fondos públicos no pueden usarse para remunerar un servicio que no se prestó.
Esta acción cambió el eje del conflicto. La negociación con el Mineduc pasó a un segundo plano y la Contraloría se convirtió en el principal adversario del Magisterio.
Las tres caras del Estado en disputa
El episodio dejó al descubierto tres visiones contrapuestas que coexisten dentro del aparato estatal, cada una con su propia lógica y legitimidad.
- El Magisterio y la defensa del derecho a la protesta: Para el presidente del gremio, Mario Aguilar, la intervención de la Contraloría fue una "operación política para atentar contra los derechos laborales" y un exceso de sus atribuciones. El sindicato argumenta que la movilización es una herramienta legítima y un derecho fundamental, respaldado por fallos de la Corte Suprema y convenios internacionales. Sostienen que la posibilidad de recuperar clases, una práctica habitual, debería anular los descuentos, transformando la medida en un "castigo" a la organización sindical.
- El Gobierno en la encrucijada: El Ejecutivo quedó en una posición incómoda. Por un lado, una coalición de gobierno con fuertes lazos históricos con los movimientos sociales y sindicales. Por otro, la obligación de respetar el marco legal y la autonomía de la Contraloría. Esta tensión se hizo evidente en las declaraciones del diputado oficialista Boris Barrera, quien calificó la medida de la Contraloría como un debilitamiento de la educación pública y la legitimidad institucional, reflejando el malestar dentro de las propias filas del gobierno.
- La Contraloría y la rigurosidad de la ley: Desde la perspectiva del ente fiscalizador, su actuar no es político, sino técnico. Su mandato es velar por el correcto uso de los recursos públicos. Al no existir en el Estatuto Administrativo una justificación para la ausencia por huelga, su dictamen se limita a aplicar la norma vigente. Para la Contraloría, no se trata de coartar el derecho a manifestación, sino de cumplir con el principio de que el salario es una contraprestación por un trabajo efectivamente realizado.
Un acuerdo en alerta y un futuro en tribunales
El 20 de junio, con un 56% de aprobación de sus bases, el Colegio de Profesores aceptó la propuesta del Mineduc, que incluía avances en titularidad, carrera docente y medidas contra la violencia escolar. Sin embargo, declararon un "estado de alerta" para vigilar el cumplimiento de los compromisos. Simultáneamente, anunciaron que pedirían a la Contraloría una aclaración de su oficio y no descartaban recurrir a instancias judiciales para defender lo que consideran un derecho adquirido.
El paro, por tanto, no está cerrado. Se ha trasladado de las calles a los pasillos de la Contraloría y, potencialmente, a los tribunales de justicia. Lo que está en juego ahora es un precedente que podría redefinir las reglas de la protesta social para todos los funcionarios públicos. La resolución de esta pugna jurídica responderá a preguntas fundamentales: ¿Es la huelga un derecho efectivo para los trabajadores del Estado en Chile? ¿Cuál es el límite entre la autonomía de un órgano fiscalizador y las dinámicas propias del derecho laboral? Las respuestas que surjan de este choque institucional marcarán el futuro de las relaciones entre el Estado, sus trabajadores y los movimientos sociales.