Hace unos meses, las alarmas se encendieron con una cifra que no se veía desde la pandemia: el desempleo femenino en Chile alcanzó el 10,1%. El dato, entregado por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), no pasó desapercibido. El propio Presidente Gabriel Boric reconoció públicamente la existencia de un “problema en materia de empleo femenino”, vinculando su solución a la mejora en la educación parvularia. Sin embargo, a más de 90 días de que estas cifras sacudieran el debate público, la principal herramienta legislativa para abordar una de sus causas estructurales —la falta de acceso a salas cuna— sigue entrampada en el Congreso, revelando una profunda desconexión entre el diagnóstico político y la capacidad de ejecución.
La situación es especialmente crítica en regiones como Ñuble, donde la tasa de desocupación femenina también tocó el 10%, llevando a autoridades locales como la senadora Loreto Carvajal a exigir la activación urgente de programas de empleo. El problema, sin embargo, parece ser más profundo que una simple coyuntura económica; es el reflejo de una promesa incumplida y una legislación que no llega.
El debate sobre la Sala Cuna Universal no es nuevo. Nace de la necesidad de reformar el artículo 203 del Código del Trabajo, una norma que, según un amplio consenso técnico y político, ha resultado contraproducente. Dicho artículo obliga únicamente a las empresas con 20 o más trabajadoras a proporcionar el beneficio de sala cuna. En la práctica, esto ha generado un desincentivo perverso: contratar mujeres en edad fértil se vuelve más costoso, creando una barrera de entrada al mercado laboral formal.
El resultado es medible. En Chile, solo el 55,9% de las mujeres participa en el mercado laboral, por debajo del promedio de la OCDE (59,9%). La brecha se agudiza dramáticamente según el nivel socioeconómico: mientras el 76,6% de las mujeres del quintil más rico trabaja, solo el 29,5% de las mujeres del quintil más pobre lo hace. La falta de un sistema de cuidados accesible es un factor determinante en esta desigualdad.
Para resolver esto, el gobierno impulsa en el Senado un proyecto de ley que busca crear un derecho universal a la sala cuna, financiado a través de una cotización adicional y aportes estatales. La intención es valorada transversalmente, pero el diseño de la propuesta ha generado duras críticas de centros de estudio y expertos económicos.
Una columna de opinión en La Tercera, firmada por una investigadora del centro de estudios Horizontal, señaló dos fallas graves:
Estas críticas se suman a las advertencias de editoriales como la del Diario Financiero, que enmarcan el estancamiento del mercado laboral en un contexto de aumento de los costos laborales por otras reformas, como las 40 horas y el alza del salario mínimo, sin que existan políticas efectivas que fomenten la formalidad.
A meses de que el problema se hiciera evidente, el debate sobre la sala cuna universal expone una fractura en las visiones de país:
El tema ha madurado. Ya no se trata de una promesa de campaña, sino de un proyecto concreto con consecuencias visibles. El estancamiento de la ley de Sala Cuna Universal no es solo un debate legislativo más; es el epicentro donde chocan la urgencia social, la rigurosidad técnica y la voluntad política. Mientras las discusiones sobre el diseño perfecto continúan en los pasillos del Congreso, la realidad del 10,1% de desempleo femenino y la creciente precarización laboral de las mujeres recuerdan que, en política, la inacción también es una forma de decidir. La pregunta que queda abierta es si Chile puede permitirse que el cuidado, pilar fundamental para el crecimiento y la equidad, siga esperando.