La justicia chilena se mira al espejo: El arresto domiciliario de un abogado desató el debate sobre quiénes son iguales ante la ley

La pregunta que resuena dos meses después

Dos meses después de que el abogado Luis Hermosilla abandonara la prisión preventiva para cumplir arresto domiciliario total, la polémica inicial ha decantado en una pregunta incómoda y persistente que interpela a todo el sistema judicial chileno: ¿Es la justicia realmente igual para todos? Lo que comenzó como un nuevo capítulo en el "Caso Audios" ha mutado en un profundo debate nacional. Ya no se discute solo la culpabilidad de un individuo, sino la salud de una de las instituciones fundamentales de la República, exponiendo fisuras en su estructura, criterios y, sobre todo, en la percepción de equidad que proyecta a la ciudadanía.

El arresto domiciliario, decretado a principios de junio, actuó como un catalizador. Las imágenes de Hermosilla saliendo del anexo penitenciario Capitán Yáber, seguidas de sus declaraciones criticando la "justicia de matinal", no solo generaron indignación, sino que abrieron un espacio para cuestionar la disparidad en la aplicación de medidas cautelares. Mientras el gobierno, a través del ministro Luis Cordero, optaba por la prudencia institucional afirmando que "el debate jurídico-judicial se da en tribunales", la sociedad civil y el mundo político recogieron el guante, trasladando la discusión a la arena pública.

Perspectiva 1: La política y la sombra de las redes de influencia

La reacción política no se hizo esperar y rápidamente trascendió la crítica a la decisión judicial. Diputados del Partido Socialista, como Daniel Manouchehri y Daniella Cicardini, llevaron el asunto directamente a la Corte Suprema. Su solicitud para inhabilitar a ministros del máximo tribunal mencionados en los chats de Hermosilla de procesos disciplinarios relacionados al caso, fue una acción de alto impacto simbólico. El mensaje era claro: existe la percepción de que "las redes de Hermosilla siguen operando dentro del sistema".

Este temor a la influencia indebida no es un hecho aislado. Se enmarca en un contexto de desconfianza alimentado por otras investigaciones de alto perfil. Un reportaje de CIPER, publicado a principios de julio, reveló que la Fiscalía decidió no perseverar en una causa por cohecho y prevaricación contra el hijo de un ministro de la Corte Suprema, quien en su momento fue defendido por el actual Fiscal Nacional, Ángel Valencia. Aunque son casos distintos, juntos construyen una narrativa preocupante para la opinión pública: la de un sistema donde las conexiones y el poder parecen pesar más que los hechos. La pregunta que surge es si el andamiaje judicial posee los anticuerpos necesarios para aislarse de estas redes de poder que lo han permeado.

Perspectiva 2: La ciudadanía y la balanza de la justicia

El debate más profundo, sin embargo, se ha instalado a nivel ciudadano. ¿Por qué un imputado de alto perfil accede al arresto domiciliario mientras para otros ciudadanos la prisión preventiva parece ser la norma casi automática? Esta disonancia cognitiva ha sido el motor de la discusión. Expertos como José Miguel Aldunate, del Observatorio Judicial, han señalado que si bien las decisiones sobre cautelares son técnicas y se basan en antecedentes específicos, el Poder Judicial tiene "una mayor conciencia de la mirada externa" y de que "la opinión pública está muy atenta".

Esta atención ciudadana se ha visto agudizada por otras fallas sistémicas que han salido a la luz. El caso de Osmar Ferrer Ramírez, un imputado liberado por un error administrativo, obligó a la presidenta (s) de la Corte Suprema, Gloria Ana Chevesich, a ordenar un diagnóstico urgente del sistema de tramitación penal. Este tipo de eventos, sumados a escándalos como el revelado por la Compin sobre médicos que emitían licencias mientras ellos mismos estaban con licencia, refuerzan la percepción de un Estado con sistemas de control débiles, donde las reglas parecen flexibles para algunos y rígidas para otros.

El estado actual: De la crisis a la oportunidad de reforma

El caso Hermosilla ha dejado de ser sobre un solo hombre. Se ha convertido en un espejo para el sistema de justicia. La controversia ha forzado a la institución a mirarse y a ser mirada con un escrutinio sin precedentes en el último tiempo. La discusión ya no es si la decisión fue correcta o no en términos estrictamente legales, sino si fue justa en el sentido más amplio y social del término.

El debate sigue abierto y ha evolucionado. Ya no se trata solo de indignación, sino de propuestas concretas que emergen desde la academia, el Congreso y la sociedad civil. Se habla de la necesidad de reformar el Código Procesal Penal para objetivar los criterios de las medidas cautelares, de revisar el sistema de nombramientos de jueces para asegurar su independencia y de fortalecer los mecanismos de rendición de cuentas. El escándalo, en su fase madura, se ha transformado en una encrucijada: una crisis de confianza que, si es bien gestionada, podría ser el impulso definitivo para una reforma estructural que el sistema de justicia chileno parece necesitar con urgencia.