Contribuciones en la Mira: El Impuesto que Desnudó la Tensión entre Equidad Fiscal y el Sueño de la Casa Propia

Inicio Contextualizado: La Calma que Precede a la Tormenta Fiscal

Pasados ya más de dos meses desde que miles de chilenos recibieron las notificaciones del reavalúo fiscal de sus propiedades, la ola inicial de indignación y reclamos ha decantado en un debate estructural sobre el futuro de uno de los pilares del financiamiento municipal: el impuesto territorial. Lo que comenzó como una serie de quejas individuales —cristalizadas en más de 49.000 reclamos formales ante el Servicio de Impuestos Internos (SII)— se ha transformado en una discusión nacional que interpela directamente al modelo de desarrollo, la equidad territorial y el significado de la vivienda propia en el Chile del siglo XXI. La controversia, lejos de apagarse, se ha instalado en el corazón de la agenda política, revelando las profundas tensiones que subyacen en nuestro pacto fiscal.

Desarrollo Analítico: De la 'Caja Negra' del SII a la Propuesta Política

El malestar ciudadano encontró un rápido eco en la voz de expertos tributarios y abogados, quienes diagnosticaron el problema de raíz: una falta de transparencia endémica. El cálculo del avalúo fiscal, base para determinar las contribuciones, fue descrito transversalmente como una 'caja negra'. Columnistas como Gonzalo Polanco y María Fernanda Heusser señalaron la imposibilidad para un ciudadano común de comprender cómo el SII llega a la cifra final, una opacidad que, según argumentan, atenta contra la legitimidad misma del impuesto. Este sentimiento de arbitrariedad se vio agravado por la situación de los adultos mayores, cuyas pensiones fijas no guardan relación con el aumento del valor fiscal de las viviendas que adquirieron con el esfuerzo de toda una vida, generando, como expresaba una carta ciudadana, el temor a tener que vender su hogar para poder costear el impuesto.

Fue en este terreno fértil donde germinó una propuesta política de alto impacto: la exención total del pago de contribuciones para la primera vivienda. Impulsada históricamente por el Partido Republicano y adoptada recientemente por la UDI en el marco de la candidatura presidencial de Evelyn Matthei, la idea caló hondo en un segmento de la población que percibe el tributo como un 'castigo' a la inversión y al ahorro. La propuesta se presentó como una solución directa y un alivio tangible para la clase media y los jubilados.

Perspectivas Contrastadas: ¿Alivio Universal o Subsidio Regresivo?

La aparente simplicidad de la propuesta escondía un complejo entramado de consecuencias fiscales y sociales que no tardaron en ser expuestas, generando dos visiones antagónicas sobre el rol del Estado y la solidaridad territorial.

A favor de la exención, se argumenta desde la defensa del 'sueño de la casa propia'. Voces como la de José Antonio Kast y abogados como Ricardo Rincón sostienen que la vivienda principal no es una fuente de renta, sino un bien esencial. Desde esta óptica, el impuesto es regresivo en su efecto, pues golpea con más fuerza a quienes tienen menor liquidez, independientemente del valor de su propiedad. La solución, según proponen, sería compensar a los municipios con fondos generales del Estado, asegurando que no vean mermados sus ingresos.

En la vereda opuesta, el Ministro de Hacienda, Mario Marcel, lideró la crítica a la medida, calificándola de profundamente regresiva en su diseño. Con cifras en mano, advirtió que el 45% de la recaudación por contribuciones habitacionales proviene de las comunas del 'barrio alto' de Santiago (Las Condes, Vitacura, Lo Barnechea, Providencia y La Reina). Eximir a la primera vivienda, según el ministro, implicaría un beneficio promedio anual de $3,3 millones para un propietario en Lo Barnechea, mientras que los costos de la menor recaudación serían asumidos por todo el país. En la práctica, afirmó, "las comunas pobres terminarían pagando los beneficios" de las más ricas, debilitando el principal mecanismo de redistribución territorial del país.

Contexto Estructural: El Fondo Común Municipal y una Ley Centenaria

Para comprender la magnitud del debate, es indispensable entender el rol del Fondo Común Municipal (FCM). Más del 60% de lo recaudado por impuesto territorial se destina a este fondo, que luego distribuye los recursos entre las municipalidades con menores ingresos propios. El FCM es, en esencia, el motor de la solidaridad inter-comunal en Chile. Por ello, cualquier modificación a las contribuciones no es solo un asunto entre el propietario y el fisco, sino que impacta directamente en la capacidad de municipios rurales o de bajos recursos para financiar servicios básicos como el alumbrado público, la recolección de basura o programas sociales.

Este debate, además, ha puesto en evidencia la antigüedad de la normativa. Expertos como el abogado Franco Gorziglia han señalado que la Ley sobre Impuesto Territorial tiene casi cien años y no se ajusta a principios constitucionales modernos como la legalidad estricta del tributo (al dejar el cálculo al arbitrio del SII) o la capacidad contributiva. La discusión, por tanto, también abre una puerta a una reforma más profunda que modernice el sistema, considerando modelos de países OCDE que establecen exenciones a la vivienda principal pero bajo criterios y tramos bien definidos.

Estado Actual: Una Disputa Abierta y Clave para el Futuro

El tema de las contribuciones está lejos de resolverse. Se ha consolidado como una de las principales líneas divisorias en la carrera presidencial, enfrentando dos modelos de país: uno que prioriza el alivio tributario universal sobre la propiedad como un derecho individual, y otro que defiende la función redistributiva del impuesto como pilar de la cohesión territorial. Mientras el gobierno avanza en un proyecto para ampliar los beneficios focalizados en adultos mayores, la oposición insiste en una exención total. La pregunta de fondo sigue abierta: ¿son las contribuciones un pilar de la equidad o una barrera para la seguridad de las familias? La respuesta que se dé a esta pregunta definirá no solo el futuro de las finanzas municipales, sino también el tipo de pacto social que Chile desea construir.