Hace poco más de dos meses, las alarmas se encendieron cuando Arauco, el brazo forestal del grupo Angelini, reportó pérdidas por US$ 26,5 millones en el primer trimestre de 2025. Lo que parecía una mala racha financiera, hoy se revela como la punta de un iceberg. La industria forestal chilena, uno de los pilares del modelo exportador del país, no enfrenta una, sino tres crisis simultáneas que se retroalimentan: una económica, gatillada por la volatilidad de los mercados globales; una socioambiental, marcada por la creciente fiscalización y desconfianza de las comunidades; y una de seguridad, que mantiene en vilo sus operaciones en la Macrozona Sur. La pregunta ya no es solo sobre la rentabilidad, sino sobre la viabilidad y el futuro del modelo en su conjunto.
El informe de Arauco del 7 de mayo fue un balde de agua fría. La compañía atribuyó sus resultados a una caída del 10% en la facturación de celulosa, producto de una baja en el volumen y el precio. En su análisis, apuntó directamente a la "guerra comercial" y la "incertidumbre" generada por alzas de aranceles, que deterioraron el mercado en marzo contra todo pronóstico.
Esta vulnerabilidad a los vaivenes externos no es nueva, pero el escenario actual es más complejo. Un análisis publicado en el Diario Financiero el 3 de julio sobre la reforma tributaria en Estados Unidos, conocida como "Big Beautiful Bill", añade otra capa de incertidumbre. Aunque la ley podría mantener ciertos incentivos a la exportación, también introduce una cláusula que podría aumentar la carga tributaria a países considerados "aplicadores de impuestos injustos", una categoría en la que Chile podría eventualmente caer. Esto se traduce en un riesgo de mayores retenciones a los pagos desde EE.UU., sumando presión a un sector que ya lidia con la inestabilidad de los precios de sus commodities.
Mientras las finanzas flaquean, el frente socioambiental se recrudece. El 27 de mayo, la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) formuló cargos contra CMPC por incumplimientos en su planta de celulosa Santa Fe, en Nacimiento. La acción, originada por denuncias vecinales por malos olores, reveló el uso no autorizado de una laguna de regulación para residuos industriales, una práctica que, según la SMA, se repitió entre 2022 y 2024. La empresa arriesga multas por más de $4.900 millones.
Este evento contrasta fuertemente con la imagen que la industria busca proyectar. Apenas unas semanas después, el 4 de junio, el gerente de Arauco, Nicolás Jobet, reafirmaba en La Tercera el "compromiso con la conservación medioambiental" de la compañía. Y el 17 de junio, la misma empresa lanzaba la campaña "Del Árbol a tu Casa", una colección de pañuelos de viscosa fabricados con pulpa textil de eucaliptus, destacando que el 30% de su patrimonio forestal está destinado a conservación.
Esta dualidad genera una disonancia cognitiva inevitable: ¿son las acciones de sostenibilidad una transformación genuina o una estrategia de relaciones públicas para mitigar el impacto de sanciones y la presión comunitaria? La respuesta no es simple. La entrevista a la bombera forestal Sara Gutiérrez en El País el 28 de julio aporta una visión crítica desde el terreno. Gutiérrez advierte sobre la "paradoja de la extinción": apagar incendios de forma muy eficiente acumula combustible vegetal, generando fuegos más devastadores. Su llamado a "invertir en verde" y en la "gestión forestal" a través de paisajes mosaico, recuperando la ganadería y agricultura, cuestiona indirectamente el modelo de monocultivo extensivo que domina la industria.
El tercer frente de la crisis es el más tangible y violento. La seguridad en la Macrozona Sur sigue siendo un problema crónico que no da tregua. El 21 de junio, Carabineros detuvo en Ercilla a cuatro personas por robo de madera, incautando camionetas y motosierras. Más tarde, el 3 de agosto, se reportó un ataque incendiario en la ruta entre Nueva Imperial y Carahue, que dejó tres máquinas forestales con daños, una de ellas completamente calcinada.
Estos hechos, que se suman a una larga lista de incidentes, demuestran que el conflicto territorial está lejos de resolverse. Para las empresas, esto no solo significa pérdidas materiales y costos en seguridad, sino también un ambiente operativo de alta tensión que dificulta la planificación y pone en riesgo a sus trabajadores. La ausencia de lienzos o adjudicaciones en muchos de estos ataques añade una capa de incertidumbre sobre sus autores y motivaciones, complejizando aún más la respuesta del Estado y de las propias compañías.
La industria forestal chilena se encuentra en una encrucijada histórica. La crisis no es un evento aislado, sino la convergencia de tensiones económicas, sociales y políticas que han madurado durante décadas. El modelo que fue sinónimo de éxito exportador hoy es cuestionado desde múltiples flancos.
El tema está lejos de estar cerrado; ha evolucionado hacia una etapa de redefinición forzada. Las empresas intentan responder con innovación —como la pulpa textil— y un discurso de sostenibilidad, pero las presiones estructurales persisten. La solución no parece estar en una sola vía, sino en la capacidad del sector, el Estado y la sociedad civil para construir un nuevo pacto que equilibre la rentabilidad económica con la legitimidad social y la paz territorial. El futuro del bosque chileno depende de ello.