La Frontera Invisible entre Crimen y Estado: Cómo el asesinato de un exmilitar congeló las relaciones entre Chile y Venezuela

Pregunta Inicial: ¿Qué pasó después del crimen?

Lo que comenzó en la madrugada del 21 de febrero de 2024 como un secuestro con apariencia de operación policial en un departamento de Independencia, se ha transformado, meses después, en un punto de quiebre diplomático con consecuencias geopolíticas y humanas aún en desarrollo. El asesinato del exteniente venezolano y refugiado político en Chile, Ronald Ojeda, no solo dejó un cuerpo enterrado bajo cemento en una toma de Maipú, sino que también desenterró la frágil naturaleza de las relaciones entre Santiago y Caracas, exponiendo la porosa frontera que hoy parece existir entre el Estado venezolano y el crimen organizado transnacional.

La historia ya no se trata únicamente de encontrar justicia para Ojeda. Hoy, la pregunta central es otra: ¿cómo se relaciona un Estado democrático con un régimen acusado de dar amparo a organizaciones criminales que operan en su territorio? La respuesta, hasta ahora, es un silencio gélido que ha dejado a la diplomacia chilena en un callejón sin salida.

De la Investigación Criminal al Choque Diplomático

La cronología de la escalada es clara. La investigación de la Fiscalía chilena, liderada por el fiscal Héctor Barros, rápidamente apuntó a una operación ejecutada por el Tren de Aragua. Sin embargo, la tesis inicial de un secuestro extorsivo o un ajuste de cuentas entre bandas fue perdiendo fuerza. En su lugar, emergió una hipótesis mucho más compleja y perturbadora: un crimen por encargo político.

El Fiscal Nacional, Ángel Valencia, fue categórico al afirmar que existen "antecedentes serios" para sostener que en el homicidio "habrían intervenido, ya sea en la planificación o en su ejecución, agentes del Estado venezolano". Testimonios en la carpeta investigativa incluso apuntan a Diosdado Cabello, número dos del chavismo, como quien habría dado la orden.

El punto de inflexión ocurrió cuando la investigación trascendió las fronteras chilenas. La captura en Colombia de figuras clave del Tren de Aragua, como Larry "Changa" Álvarez y Carlos "Bobby" Gómez, activó las alarmas diplomáticas. Chile solicitó formalmente su extradición para que enfrentaran a la justicia por el caso Ojeda y otros delitos. En paralelo, Venezuela también los solicitó, pero por crímenes distintos cometidos en su territorio.

Aquí la trama se enredó en el derecho internacional y la desconfianza política. La Constitución venezolana prohíbe la extradición de sus nacionales. Para la Fiscalía chilena, entregar a los sospechosos a Venezuela equivaldría a garantizar su impunidad. "Significaría que no las podríamos extraditar a Chile y tendrían que ser juzgadas en Venezuela, lo cual, desde la perspectiva de nuestras investigaciones y nuestros objetivos, no sería para nada positivo", explicó Juan Pablo Glasinovic, director de Cooperación Internacional de la Fiscalía Nacional. La decisión final sobre el destino de los detenidos recae en el presidente colombiano, Gustavo Petro, colocando a un tercer país en el epicentro de la disputa.

Las Múltiples Caras del Conflicto

Este evento ha madurado y revelado distintas capas de análisis que superan la crónica roja inicial.

1. La Perspectiva Judicial y de Seguridad Nacional: Para Chile, el caso Ojeda representa una violación directa de su soberanía. La idea de que una operación criminal con posibles vínculos estatales extranjeros pueda ejecutarse en Santiago es una amenaza de primer orden. La falta de cooperación de Caracas no es vista como un mero obstáculo procesal, sino como una obstrucción deliberada a la justicia y una señal de complicidad.

1. La Defensa de la Soberanía Venezolana: Desde Caracas, la narrativa es radicalmente opuesta. El gobierno de Nicolás Maduro ha negado cualquier vínculo con el Tren de Aragua, llegando a calificar a la organización como "una ficción creada por los medios". Sus solicitudes de extradición se enmarcan en su propia lucha contra la delincuencia, y las acusaciones de Chile son desestimadas como parte de una campaña de desprestigio internacional orquestada por Estados Unidos y sus aliados. El argumento constitucional para no extraditar a sus ciudadanos se presenta como un principio irrenunciable de soberanía.

1. El Costo Humano del Bloqueo: La crisis ha trascendido los pasillos de los tribunales y las cancillerías. En represalia por la postura de Chile y su desconocimiento de los resultados electorales de 2024, el régimen de Maduro ordenó la expulsión de todo el personal diplomático chileno. A diferencia de otros países, a Chile se le ha negado la posibilidad de que una tercera nación represente sus intereses consulares. Esto ha dejado en un limbo a los cerca de 23 mil chilenos residentes en Venezuela. Trámites tan básicos como obtener un pasaporte, inscribir un nacimiento o cobrar una pensión se han convertido en una odisea que obliga a costosos viajes al consulado en Bogotá. La situación es particularmente grave para los adultos mayores y las familias en situación de vulnerabilidad.

Un Conflicto Abierto en un Tablero Geopolítico Mayor

El caso no puede entenderse de forma aislada. Ocurre en un contexto de creciente autoritarismo en Venezuela, documentado por organizaciones como Amnistía Internacional, que alerta sobre un aumento de las desapariciones forzadas y la persecución de disidentes. El régimen de Maduro, a su vez, ha estrechado lazos con potencias como Rusia, que ha llegado a instalar una fábrica de municiones para fusiles AK-47 en territorio venezolano.

La falta de colaboración en el caso Ojeda no es un hecho único, sino parte de un patrón de comportamiento de un gobierno que, según sus críticos, utiliza a presos y la cooperación judicial como fichas de negociación en el escenario internacional. La reciente liberación de presos políticos en Venezuela, en el marco de un canje con Estados Unidos, muestra cómo el régimen maneja la justicia con criterios políticos y no jurídicos.

Estado Actual: Un Diálogo Roto y una Herida Abierta

Meses después, el tema está lejos de estar cerrado. Ha evolucionado a una nueva etapa: un estancamiento crónico que ha redefinido las relaciones bilaterales. La vía judicial está bloqueada por la falta de cooperación, y la vía diplomática, rota. Chile se enfrenta a un dilema complejo: cómo presionar por justicia sin herramientas efectivas y cómo proteger a sus ciudadanos atrapados en medio del conflicto.

El asesinato de Ronald Ojeda dejó de ser un caso policial para convertirse en el símbolo de un desafío mayor para Chile y la región: cómo enfrentar la amenaza del crimen transnacional cuando este parece encontrar refugio y protección en las estructuras de un Estado vecino. La pregunta ya no es solo quién mató a Ojeda, sino qué se hace cuando la justicia se topa con un muro que parece ser un Estado.