El Estado contra el Estado: La pugna de poder que un caso de narcotráfico desató entre la justicia civil y militar

La Resolución de un Pulso Inesperado

A principios de julio de 2025, una tensa disputa de poder entre la Fuerza Aérea de Chile (FACh) y el Ministerio Público llegó a su fin. La justicia militar cedió y acordó transferir la investigación sobre una red de narcotráfico en sus filas a la justicia civil. El anuncio, realizado por la ministra de Defensa, Adriana Delpiano, cerró un capítulo de alta incertidumbre, pero abrió un debate de fondo que llevaba décadas latente: los límites del fuero militar, la solidez del control civil sobre las instituciones armadas y la capacidad del Estado para enfrentar la infiltración del crimen organizado en sus propias estructuras.

Lo que comenzó el 3 de julio con la detención de cinco suboficiales de la FACh en la Base Aérea Los Cóndores de Iquique, por intentar transportar cuatro kilos de ketamina en un vuelo institucional, se transformó en mucho más que un caso policial. Se convirtió en una prueba de fuerza que midió la arquitectura del poder en el Chile del siglo XXI.

De un Delito a una Crisis de Competencia

La cronología de los hechos revela cómo un incidente de seguridad interna escaló hasta convertirse en un conflicto entre poderes del Estado. Tras la detención, la FACh activó sus protocolos y, amparándose en el Código de Justicia Militar, entregó el caso a la Fiscalía de Aviación. El argumento era claro: se trataba de un delito común cometido por militares en un recinto militar.

Sin embargo, la Fiscalía Regional de Tarapacá, liderada por la fiscal Trinidad Steinert —quien ya investigaba un caso similar de narcotráfico en el Ejército—, reclamó su competencia. Para el Ministerio Público, un delito de narcotráfico, regido por la Ley 20.000, es materia de la justicia ordinaria, especialmente por sus posibles vínculos con redes de crimen organizado que trascienden el ámbito militar. Así se inició formalmente una “contienda de competencia”, un choque de trenes institucional que puso en jaque la coordinación del Estado.

El Tenso Diálogo entre el Mando y La Moneda

La disputa expuso visiones contrapuestas sobre la jerarquía y la autonomía. El comandante en jefe de la FACh, general Hugo Rodríguez, defendió públicamente la jurisdicción militar con una frase que resonó en el debate público: “El Presidente en esto no tiene injerencia”. Aunque formalmente correcta desde la perspectiva de la autonomía de los tribunales —incluso los militares—, la declaración fue interpretada como un desafío a la autoridad civil en un momento de crisis. El general sostenía que la ley vigente le daba la razón y que su deber era seguirla.

En La Moneda, la respuesta inicial fue vacilante. Tras una reunión de emergencia, el ministro de Seguridad, Luis Cordero, afirmó que el Presidente Gabriel Boric había “instruido” a la FACh entregar los antecedentes. Horas después, la ministra de Defensa, Adriana Delpiano, matizó el término, calificándolo de “conversación” y no de una orden directa, lo que proyectó una imagen de descoordinación y debilidad.

Fue el propio Presidente Boric quien tuvo que zanjar la ambigüedad. Aclaró que le había manifestado al comandante en jefe que era “imperativo” que los antecedentes fueran puestos a disposición de la fiscalía civil. La elección del término no fue casual: “imperativo” transmitía la voluntad política del jefe de Estado sin constituir una orden judicial directa, un equilibrio precario para ejercer el control civil respetando la separación de poderes.

Las Grietas de un Sistema Anacrónico

Este conflicto no surgió de la nada. Es el síntoma de un problema estructural: un Código de Justicia Militar que, en muchos aspectos, no se ha modernizado al mismo ritmo que el resto del Estado. La norma, que data de 1925 y ha tenido reformas parciales, aún otorga a los tribunales militares competencia sobre delitos comunes, una figura que organismos internacionales de derechos humanos han recomendado limitar exclusivamente a delitos de naturaleza estrictamente militar.

El caso de la FACh, sumado al de los suboficiales del Ejército en Pozo Almonte investigados por hechos similares, demostró que esta dualidad judicial es una vulnerabilidad estratégica. Mientras la justicia civil posee herramientas y experiencia para desarticular redes complejas de crimen organizado, la justicia militar está diseñada para mantener la disciplina interna. La infiltración del narcotráfico no es un problema de disciplina, es una amenaza a la seguridad nacional que requiere la máxima capacidad investigativa del Estado, sin fueros ni excepciones.

Desde el Congreso, la crisis fue utilizada como arma política. El diputado Andrés Jouannet (Amarillos por Chile) criticó duramente a la ministra Delpiano, afirmando que “no tiene las competencias” y que el Ministerio de Defensa estaba “acéfalo”, evidenciando cómo la debilidad institucional se convierte rápidamente en munición para la oposición.

Un Cierre en Falso que Exige una Solución Definitiva

La decisión final de la Fiscalía de Aviación de traspasar el caso al Ministerio Público fue una solución política que evitó que la Corte de Apelaciones tuviera que resolver la contienda. Representó una victoria de facto para la primacía de la justicia civil y el control del poder político.

Sin embargo, el problema de fondo sigue intacto. La ley que permitió esta pugna no ha sido modificada. La crisis de julio de 2025 actuó como un diagnóstico severo y público: la arquitectura judicial de Chile tiene una fisura que la hace vulnerable al crimen organizado. El debate sobre la modernización integral del Código de Justicia Militar ha dejado de ser una discusión para especialistas y se ha convertido en una urgencia. La pregunta que queda abierta no es si ocurrirá otra crisis similar, sino cuándo, y si para entonces el Estado chileno habrá hecho las reformas necesarias para enfrentarla con una sola voz y una sola justicia.