El voto que nadie vio venir:Cómo el padrón migrante obliga a Chile a redefinir su democracia
Pregunta y Respuesta: Desentrañando el Voto Migrante
A más de dos meses de que el debate sobre el voto extranjero se instalara en el centro de la agenda política, la discusión ha madurado más allá de la coyuntura legislativa. Lo que comenzó como una disputa técnica sobre las multas por no sufragar, hoy revela una fractura más profunda: la tensión entre la evolución demográfica de Chile y la rigidez de sus estructuras políticas. La pregunta ya no es solo si los extranjeros deben votar, sino quién conforma la comunidad política que decide el futuro del país.
¿Cuál es la magnitud real de este fenómeno?
Los números son elocuentes y explican la intensidad del debate. Según datos del Servel y un estudio de la consultora Nómade, el padrón de extranjeros habilitados para votar ha experimentado un crecimiento exponencial, acercándose al millón de personas. En solo dos años, entre 2022 y 2024, las mesas electorales donde más del 50% de los inscritos son migrantes aumentaron un 670%, pasando de 20 a 154.
Este nuevo electorado no se distribuye de manera uniforme. Se concentra en comunas estratégicas como Santiago (71 mesas), Independencia (57) y Estación Central (14), lugares donde su influencia puede ser decisiva. Un análisis preliminar de las elecciones de 2024 en estas mesas de alta concentración migrante arrojó que un 58% de los votos favoreció a pactos de la actual oposición, frente a un 40% para el oficialismo. Este dato, aunque no definitivo, transformó una discusión sobre derechos en un cálculo estratégico de alto voltaje.
¿Cuáles son las posturas en conflicto?
La controversia ha provocado un reordenamiento de las posturas tradicionales, generando una disonancia notable entre el discurso histórico y la táctica actual de los bloques políticos.
- La Perspectiva del Gobierno (Oficialismo): A través del ministro del Interior, Álvaro Elizalde, el Ejecutivo ha sido enfático: “Al jefe de Estado lo tienen que elegir los chilenos”. La postura se fundamenta en el principio de soberanía nacional, argumentando que la elección de la máxima autoridad del país es una prerrogativa exclusiva de quienes poseen la nacionalidad. El oficialismo, que en el pasado defendió la ampliación de derechos civiles, hoy teme que un voto mayoritariamente venezolano, marcado por la experiencia del autoritarismo de izquierda, se incline hacia la derecha como un voto de castigo.
- La Perspectiva de la Oposición: Desde la otra vereda, figuras como el presidente de la Cámara, José Miguel Castro (RN), acusan al gobierno de “oportunismo”. La derecha, históricamente más restrictiva en materia migratoria, hoy se erige como la principal defensora del derecho a voto extranjero tal como está. Sostienen que la ley debe ser igual para todos y que no se puede excluir a un grupo de la obligación de votar por meras conveniencias electorales. Subyace la expectativa de que este nuevo electorado les sea favorable.
- La Voz de la Comunidad Migrante: En medio del fuego cruzado político, la voz de los directamente implicados aporta una dimensión humana y de principios. La académica venezolana Guarequena Gutiérrez, en una carta pública, lo resumió así: “Sabemos lo que significa perder la voz”. Para muchos migrantes que huyeron de regímenes autoritarios, el voto no es solo un derecho, sino un acto de “arraigo” y un compromiso con la democracia del país que los acogió. Rechazan ser vistos como una simple cifra en la calculadora electoral y reivindican su participación como miembros activos de una sociedad a la que contribuyen diariamente.
¿Cómo llegamos a esta situación? Un viaje a los orígenes
El actual escenario no fue planificado; es el resultado de una serie de decisiones históricas que se superpusieron con consecuencias imprevistas. El derecho a sufragio para extranjeros se consagró en la Constitución de 1980. Contrario a la creencia popular, no fue una imposición autoritaria, sino una propuesta del constitucionalista Guillermo Bruna para hacer un reconocimiento a los migrantes europeos que, con largo arraigo en Chile, no se nacionalizaban para no perder sus vínculos de origen. El propio Jaime Guzmán, aunque reticente, redactó la norma que fijó la residencia en cinco años.
Sin embargo, tres reformas posteriores desnaturalizaron su propósito original:
- La inscripción automática y el voto voluntario (2012) incorporaron masivamente a los extranjeros al padrón, muchos sin que lo solicitaran activamente.
- Un fallo del Tribunal Constitucional en 2020, impulsado por parlamentarios del actual oficialismo, estableció que bastaba la residencia temporal (y no la definitiva) para tener derecho a voto.
- El retorno al voto obligatorio en 2022 transformó lo que era un derecho en una obligación, creando una situación única a nivel mundial: extranjeros no nacionalizados obligados por ley a elegir al Presidente de la República.
¿Hacia dónde evoluciona el debate?
El tema está lejos de cerrarse. La discusión legislativa sobre las multas es solo la punta del iceberg. Chile se ve forzado a un debate de fondo sobre su identidad y su contrato social. Las preguntas que emergen son complejas y desafiantes: ¿Se define la ciudadanía solo por un pasaporte o también por el arraigo, la contribución y la participación en la vida cívica? ¿Cómo debe una democracia adaptarse a cambios demográficos acelerados sin erosionar sus principios fundamentales?
El voto migrante ha dejado de ser un dato estadístico para convertirse en un espejo. En él se reflejan las contradicciones, los miedos y las esperanzas de un país que se debate entre su definición tradicional de nación y la realidad de una sociedad cada vez más diversa. La resolución de este nudo no definirá solo una elección, sino el carácter de la democracia chilena para las próximas décadas.