Colombia se fractura: Tres caminos posibles después del veredicto contra Uribe

La condena del expresidente Álvaro Uribe Vélez por soborno a testigos y fraude procesal no es un punto final. Es un sismo que agrieta el ya polarizado terreno político de Colombia. Lejos de cerrar un capítulo, el veredicto abre tres futuros posibles, tres caminos divergentes cuyo destino dependerá de la capacidad del país para procesar la caída de su figura más poderosa e intocable del último medio siglo. El reciente atentado contra el precandidato presidencial del uribismo, Miguel Uribe Turbay, no es un hecho aislado; es una señal de alerta sobre la temperatura del conflicto. La pregunta ya no es si Uribe es culpable, sino qué país nacerá de sus cenizas políticas.

Escenario 1: La Espiral de la Venganza

Este es el futuro más oscuro y, para muchos, el más probable. La condena se consolida en el imaginario del uribismo no como un acto de justicia, sino como la victoria de sus enemigos a través del lawfare o guerra jurídica. El expresidente, desde su arresto domiciliario, se convierte en un mártir. Su partido, el Centro Democrático, y sus bases sociales más radicales dejan de ver al Estado como un árbitro legítimo y lo perciben como un aparato de persecución en manos de la izquierda.

En este escenario, la política se vuelve una guerra total. La retórica de la “dictadura neocomunista” se intensifica. La oposición no busca competir en las urnas, sino resistir a un régimen que consideran ilegítimo. La violencia política, latente durante años, resurge con fuerza. El atentado contra Miguel Uribe Turbay se interpreta como el primer disparo en una nueva guerra sucia, donde los actores armados ilegales —disidencias, neoparamilitares, bandas criminales— se realinean con los bandos políticos para ofrecer “protección” o ejecutar venganzas. Las elecciones de 2026 se convierten en un campo de batalla, no en una contienda democrática. Colombia retrocede a sus épocas más sangrientas, donde la eliminación física del adversario vuelve a ser una opción sobre la mesa.

Escenario 2: La Prueba Institucional

Este es el futuro optimista, el del fortalecimiento democrático. La clave aquí es la resiliencia de la justicia. Si la condena a Uribe se mantiene firme en las instancias de apelación, se envía un mensaje sin precedentes: nadie está por encima de la ley. Este hito fortalece la independencia judicial y la confianza ciudadana en las instituciones, a pesar de los ataques políticos.

El uribismo, enfrentado a un veredicto final, se ve forzado a una profunda reestructuración. Sin su líder mesiánico como figura activa y con su legado judicialmente manchado, el movimiento se fragmenta. Emerge una nueva derecha, más pragmática y menos personalista, obligada a construir programas y alianzas en lugar de depender de un solo apellido. El centro político, hoy debilitado, encuentra una oportunidad para resurgir como una alternativa a los extremos, atrayendo a ciudadanos agotados por la polarización. El gobierno de Gustavo Petro, por su parte, se ve obligado a moderar su discurso para no alimentar la narrativa de persecución, enfocándose en la gobernabilidad. Aunque la tensión no desaparece, Colombia logra transitar su crisis más grave en décadas reforzando los pilares de su democracia y demostrando una madurez institucional que pocos creían posible.

Escenario 3: El Estancamiento Negociado

Este es el futuro del limbo, una parálisis prolongada. El proceso judicial de Uribe se alarga indefinidamente en apelaciones. La condena no queda en firme, pero la sombra de la culpabilidad persiste. Ninguno de los dos bandos logra una victoria clara, y el país queda atrapado en una trinchera política.

En este escenario, la energía política de Colombia se consume en el debate sobre Uribe. Las reformas sociales, económicas y de seguridad quedan en segundo plano. La propuesta de una justicia transicional para el expresidente, mencionada por sectores del petrismo, gana fuerza como una salida pragmática para desactivar la crisis, pero genera una enorme controversia. ¿Sería un acto de impunidad para estabilizar el país o una claudicación del Estado de derecho? La negociación de esta salida fractura a ambos bloques. El gobierno de Petro se desgasta intentando sacar adelante una solución que no satisface a nadie por completo, mientras la oposición uribista se divide entre quienes aceptan una salida negociada y los que exigen la absolución total. Colombia no cae en una espiral de violencia abierta, pero tampoco avanza. Queda sumida en un agotamiento crónico, incapaz de resolver sus problemas fundamentales porque no puede superar la figura que ha dominado su historia reciente.